Efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal detuvieron a cinco personas investigadas por liderar una asociación ilícita dedicada a la venta de facturas truchas con un desfalco de 2.500 millones de pesos en impuestos, más intereses y multas. Las detenciones se hicieron en el marco de 31 allanamientos ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros en edificios y oficinas de distintos puntos de la ciudad. En los domicilios se encontraron importantes sumas de dinero en efectivo y cheques por numerosos montos. Según fuentes de la investigación, la organización funcionaba en Rosario y Buenos Aires desde 2015. Estaba integrada por cerca de 80 personas entre escribanos, contadores, informáticos, administrativos y vendedores. Vera Barros dispuso la inhibición de los bienes de los acusados y ordenó la restricción de salida del país. Las facturas se vendieron a más de 6.500 empresas de todo el país, de las que 2.200 son de Rosario y la región. Al menos unas 110 firmas pueden ir a juicio ya que los montos evadidos se consideran como delitos penales.
Electrónicas
La investigación se inició cuando la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la Afip detectó la emisión de facturas de distintos rubros desde una misma computadora.
A su vez, cada una de esas facturas se emitieron luego desde otros dispositivos. Los movimientos alarmaron a los agentes, que se encontraron con empresas sin empleados ni patrimonio que tenían como socios y directores a personas insolventes.
Estas empresas resultaron ser parte de una asociación ilícita dedicada a la venta de facturas truchas en todo el país. La maniobra resultó en una deuda al Estado de 2.500 millones de pesos, sin contar los intereses y las multas.
Ilícita
La organización comenzó a funcionar en 2015 en Rosario y Buenos Aires. Está integrada por cerca de 80 personas entre escribanos, contadores, informáticos, administrativos, y vendedores que se dedicaban a la falsificación de comprobantes de compras y gastos. Según fuentes de la investigación, facturaban con 72 Cuits y en diversas modalidades: facturas electrónicas, en papel, tickets y talonarios.
La modalidad para la estafa se basaba en un complejo entramado de vendedores y revendedores al mejor estilo Tupper Ware. Los pedidos de facturas truchas llegaban a través de correos electrónicos o por Whatsapp, y el pago se recibía en varias cuentas bancarias creadas especialmente para este fin.
“Se falsificaban venta de servicios y de bienes. Eran una especie de polirubro. Encontramos incluso tickets de empresas de combustible que no sabían que los habían duplicado”, explicó Carlos Vaudagna, de la Afip.
Ese dinero se invirtió luego en fideicomisos de construcción, inmuebles y vehículos de alta gama a nombre de terceros.
Allanamientos
La Fiscalía Federal Nº3, a cargo de Guillermo Reynares Solari, identificó a cinco organizadores que fueron detenidos en el marco de los 31 allanamientos ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros. En los domicilios se encontraron importantes montos de dinero: 100 mil dólares, más de 750 mil pesos en efectivo y más de un centenar de cheques por montos significativos.
Los detenidos tienen entre 40 y 55 años. Se trata de dos contadores –un hombre y una mujer– y tres vendedores. Según fuentes de la investigación hay otras 20 personas involucradas que tienen restringida la salida del país.
“El juez dispuso la inhibición de bienes de los integrantes de la asociación para asegurar en parte el daño que ocasionaron a la sociedad”, dijo el titular de la Dirección Regional I de la Afip, Carlos Vaudagna, quien no descartó nuevos allanamientos y detenciones.
Evasoras
Más de 6.500 empresas de todo el país –2.200 pertenecen a Rosario y la región– adquirieron las facturas truchas durante los últimos dos años. Del total, al menos 110 empresas pueden llegar a juicio ya que evadieron más de 400 mil pesos, lo que se considera un delito penal. Para las demás empresas habrá contravención y multas por montos a determinar.
“Nos queda inspeccionar a las empresas que compraron las facturas truchas para que tributen lo que corresponde y abonen los intereses y multas”, explicó Vaudagna.
El titular señaló que se trata de variados rubros, entre las que se encuentra una importante empresa de transporte de carga de la región.
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