Policiales

Violencia institucional

Cable denunció torturas y lo cambiaron de cárcel

El joven acusado de la muerte de Jonatan y Ulises Funes presentó habeas corpus. Lo mandaron al mismo penal en el que están los familiares de los jóvenes asesinados. Dijo que el Servicio Penitenciario lo golpeó y lo mandan a buzones. Teme por su vida


Foto: Juan José García

 

Cable es una de las personas acusadas por los homicidios de Ulises y Jonatan Funes, también por un ataque a tiros contra el padre de los Funes. Este jueves se sentó en el banquillo y habló. Dijo que no tiene nada que ver con el enfrentamiento de bandas y que la causa está armada. Y que su única vinculación con miembros de estos grupos enfrentados (Funes – Caminos), era con Rubén Ariel “Tuby” Segovia (asesinado a traición en un pabellón de Coronda) y su hermana Marcela Díaz, asesinada a mediados de enero, porque eran vecinos.

Desde mediados de febrero está detenido y después del crimen de Tuby lo llevaron a la cárcel de Piñero, mismo penal donde están los Funes, y lo ubicaron en un buzón. Este jueves tuvo lugar una audiencia de habeas corpus. La tercera en su caso. Su defensora solicitó, por cuestiones de seguridad e integridad física y psíquica, que vuelva a la Unidad en la que estaba. La jueza Trinidad Chiabrera hizo lugar al pedido no sin antes decirle al fiscal que tome nota para investigar una golpiza que Cable denuncio en la audiencia, dentro de la Unidad Penitenciaria, dónde le dijeron “basta de habeas corpus”.

“Estuve en buzón creo que 4 semanas, no la pase bien porque es como un lugar olvidado, como personas que no merecen un trato con otras personas”, dijo Cable. El hombre teme por su vida y la de su familia. Contó que su hijo tuvo situaciones incómodas en la escuela y tuvo que dejar el deporte que practicaba por las amenazas que recibieron. “Me amenazaron con matar a mi hijo. Que la iba a pagar con mi hijo, con mi hermano”, aseguró.

El derrotero

Cable estaba en la Unidad 3 por una orden judicial. Pero no lo llevaron allí luego de su imputación. El juez Juan Carlos Leiva lo había dispuesto por cuestiones de seguridad. La defensora presentó un habeas corpus donde el juez reiteró la orden. Lo pasaron de unidad pero a un buzón. La abogada Romina Bedetti presentó un nuevo habeas corpus y finalmente terminó en un pabellón. Allí estaba recibiendo tratamiento psicológico porque Cable se encuentra saliendo de una adicción a las drogas desde hace unos 5 años. Se encontraba en un pabellón evangelista.

Pero el crimen de Tuby Segovia a manos de su propio grupo modificó las cosas para Cable. El Servicio Penitenciario presentó una nota al Colegio de Jueces de Rosario para trasladarlo y con esa decisión lo llevaron a Piñero y a un buzón. Bedetti presento un nuevo habeas corpus.

La defensora dijo que en Piñero están alojados familiares de las víctimas de la causa dónde está imputado y ello no brinda seguridad para él o su familia durante las visitas. El traslado es una provocación para ambas partes. Lo trasladan por un hecho sucedido en Coronda y con este cambio le impide un contacto familiar e interrumpe su tratamiento de adicción contra las drogas. “Estos traslados sin motivo pueden llevarlo a la locura y la metodología que tiene el Servicio Penitenciario puede interpretarse como una clara instigación a que tome decisiones en contra de su voluntad”, concluyó Bedetti.

Aseguró que está condenado política y socialmente. Lo llaman asesino cuando fue una causa armada por no acceder a los pedidos de personal policial que lo persiguen hace años, dijo la abogada. Por su lado, el funcionario de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios dijo que el 3 de marzo presentaron un escrito en el Colegio de Jueces para moverlo por cuestiones de seguridad lo que fue admitido. Aseguró que la ubicación de un detenido dentro de un penal es facultad de Ejecutivo. En el caso de Cable, goza de los mismos derechos que el resto salvo el contacto con otros internos.

Aseguró que fue una medida excepcional y temporaria hasta determinar a qué pabellón llevarlo y ratificó que nunca estuvieron de acuerdo con la decisión del juez Leiva. El fiscal Ademar Bianchini apoyó la postura del Servicio Penitenciario

Cable

Cable desmintió el informe del Servicio Penitenciario. Desde que llegó le sacaron como 20 fotos y le decían que se la iban a mostrar a los Funes, dijo. Cuando se hizo examen físico lo llevaron al pabellón dónde están los Funes, contó. En el pasillo, dónde no hay cámaras, le pegaron y mostró golpes. “Me dijeron basta de habeas corpus”. Contó la historia de otro interno que también fue golpeado y le dijeron lo mismo, aseguró.

“Estoy llegando a la locura, me dieron un lugar dónde está todo inundado, hay poca luz, no anda la cadena del baño, se llovió toda la noche y tengo miedo, tanto miedo que no dormí en toda la noche. Hace dos días que no como, tengo un hambre bárbaro pero tengo miedo que me envenenen”, aseguró.

Finalmente la jueza María Trinidad Chiabrera le dijo que tome nota el fiscal Bianchini sobre el presunto hecho delictivo que denunció Cable, dónde habría sido víctima de una golpiza dentro de la Unidad Penitenciaria de Piñero y se de aviso a la Unidad de Violencia Institucional para que se investigue.

En cuanto al planteo defensivo aseguró que si bien existe una facultad del Servicio Penitenciario que tienen que ver con el resguardo a la integridad física que tiene bajo su custodia el Estado, por otro lado hay un pedido (de retrotraer el traslado) dentro de una acción de habeas corpus que es de carácter excepcional.

“Aquí hubo una resolución debidamente fundada por Leiva que entendió por motivos de resguardo físico, que Cable debía ser alojado en la Unidad 3, que fue sostenida en el tiempo por distintas instancias y no trajo aparejado ningún riesgo, por lo menos no existe ninguna situación denunciada por el Servicio Penitenciario, ni en el devenir de la carpeta judicial, ni en esta audiencia”, explicó.

El conflicto que da origen a esta audiencia “lleva a realizar un clearing de valores, por un lado tenemos los derechos suyos, a las condiciones de vida, los temores que manifiesta y ha fundado e individualizado, al menos existe un temor fundado y por el otro lado está la facultad del Servicio Penitenciario. Entiendo que debo resguardar la integridad física”. Y ordenó el reintegro a la Unidad 3 en las mismos términos en los que fue resuelto por Leiva debiendo la Unidad asegurar el resguardo y la integridad física del detenido.

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