El Ciudadano
La semana pasada Pedro Boasso dictó una medida cautelar para no habilitar nuevos locales gastronómicos en el radio comprendido por las calles Balcarce, Rivadavia, avenida Francia y Jujuy, hasta tanto se hagan efectivas aplicaciones de ordenanzas que buscan controlar la movida nocturna. Hizo lugar a una presentación judicial de un grupo de vecinos y vecinas molestos por los ruidos y el uso de las veredas. En especial, durante los días de semana. Desde la Asociación Empresaria de Rosario (AER) expresaron de inmediato su preocupación por la decisión del juez, que representa “como mensaje y antecedente” la imposibilidad de desarrollo de nuevos emprendimientos. Empresarios de la zona advirtieron que están en juego casi 100 puestos de trabajos nuevos. A principio de agosto está prevista una reunión entre los vecinos y concejales.
Mal precedente
Para AER, la decisión de Boasso pone en riesgo la seguridad jurídica para el sector comercial y por ende la previsibilidad de nuevos emprendimientos afectando así la continuidad y generación de fuentes de trabajo.
“Entendemos la necesidad y atendemos a los derechos de los vecinos, y más allá de la facultad que sabemos que tienen el municipio y la Justicia de tomar este tipo de decisiones, es indispensable para la AER que los comercios funcionen en la marco de las normativas y que éstas sean respetadas”, dijo al sitio Impulso Negocios, Ricardo Diab, presidente de AER.
En juego
En diálogo con El Ciudadano, el presidente de la Asociación Civil Mercado Pichincha, Reinaldo Bacigalupo, dijo que están colaborando con la Municipalidad. Con la vuelta de la feria judicial el Ejecutivo deberá presentar informes sobre habilitaciones y controles del sector cuestionado por los vecinos y vecinas.
“Este año hubo más inspecciones que nunca. Ni hablar de las horas extras de la Guardia Urbana Municipal (GUM), que desde hace cinco meses están en el barrio”, señaló el empresario.
Según Bacigalupo, la cautelar trabó la apertura de cinco locales a corto plazo y otros 10 que ya habían hecho la compra del fondo de comercio y generado las marcas para empezar a funcionar en la zona.
En sus cálculos son unas 200 fuentes de trabajo que esperan por la decisión judicial del juez Boasso. “De los ya instalados, entre bares, heladerías y cafeterías, son casi 3 mil empleados contando la cadetería. Y otros 5 mil empleos indirectos vinculados a proveedores y distribuidores”, enumeró el empresario, y adelantó que buscarán revertir la cautelar al reinicio de la actividad en los Tribunales provinciales.
Los motivos
Flavia es una de las vecinas que participó del pedido judicial. Contó que fue una decisión consensuada entre vecinos y vecinas al no tener una respuesta de la Municipalidad de Rosario respecto a los reclamos que venían haciendo por ruidos molestos, peleas y música fuera del horario permitido.
Según dijo a El Ciudadano, mantuvieron reuniones a principio de año con autoridades municipales, pero nunca los volvieron a contactar. Incluso habían detectado y mapeado los locales que invadían las veredas con las mesas.
“Nos dijeron que la intendenta iba a formar una comisión para evaluar las habilitaciones teniendo en cuenta el plano. Nunca nos llamaron de vuelta”, explicó la vecina.
Para Flavia, la respuesta del Estado local de colocar agentes de la GUM en las esquinas de Jujuy y Oroño y Alvear y Jujuy fue ridícula. “Hacían controles hasta las 00 horas y después se iban cuando los problemas que denunciamos ocurren a partir de esa hora. No respetan las ordenanzas, ponen los parlantes en la calle y afecta mucho que estén tan tarde los días de semana”, agregó la vecina.
“No estamos en contra del crecimiento de la ciudad, de su oferta cultural y gastronómica, o de las fuentes de trabajo atadas. Pedimos que respeten un horario de descanso durante la semana. En ese crecimiento no contemplaron a los vecinos que ya estábamos”, compartió Flavia.
Según los vecinos y vecinas, que establecieron redes sociales propias para el intercambio con la ciudadanía, los lugares más conflictivos son Jujuy entre Oroño y Alvear; Alvear entre Brown y Güemes; Callao y Güemes, entre otros.
En paralelo a las gestiones con la Municipalidad, el grupo de vecinos y vecinas lograron agendar una reunión con concejales de la ciudad para principios de agosto.
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