El casi histórico litigio judicial entre la sociedad anónima Compañía de Tierras Santafesinas –dueña de un extenso predio en Empalme Graneros– y cerca de 450 familias que desde hace décadas viven de forma irregular en la zona, estaría a punto de destrabarse. El pasado 15 de febrero se logró frenar la última orden de desalojo, instando a la implementación de un fideicomiso para que los vecinos puedan adquirir las parcelas donde levantaron sus casas. Pero pese a la voluntad de los gobiernos nacional y provincial de contribuir a la solución del conflicto, la firma privada se resiste y pretende un pago de 25 dólares por metro cuadrado de suelo, cuando el valor real en el mercado oscila entre los 6 y los 15 dólares.
El foco de la disputa es de vieja data y tiene como escenario 12 hectáreas ubicadas en inmediaciones de Cullen y Sorrento sobre las cuales, desde mediados de la década del 80 y hasta principios de los 90, se asentaron familias enteras en forma paulatina y derivó en la que es actualmente la popular barriada de la zona noreste de la ciudad que supera los tres mil habitantes y en donde se confunden precarias viviendas de madera y chapa con otras humildes, pero de material.
Tampoco es nueva la postura intransigente de la Compañía de Tierras Santafesinas que, en reiteradas oportunidades, se negó a llegar a un acuerdo en pos de la voluntad de los vecinos de comprar los terrenos. El entramado judicial se originó en 1999, luego, en 2005 se dictó la primera orden de desalojo, que no prosperó, y más tarde se originaron diversas propuestas para resolver el litigio. Una de ellas fue la de crear un fideicomiso a través del Banco Municipal. Sin embargo, la firma nunca aceptó vender.
La sociedad anónima adquirió el predio en 1984 cuando la zona era totalmente anegable por falta de obra pública en sus alrededores.
“Negocio de la especulación”
“El lugar es propenso al estancamiento de agua en caso de lluvias intensas. En lo real la gente vive muy mal, hay pocos servicios y el predio está considerado como inundable. En caso de que se llegue a un acuerdo entre las partes, la Secretaría del Estado de Hábitat de la provincia ya se comprometió a urbanizar la zona”, se indicó oficialmente.
La intención –entonces– es plasmar la misma experiencia de un fideicomiso que se dio en el barrio Los Humitos hace dos años y que “llevó solución habitacional a más de 200 familias”, señaló el titular del Servicio Público de la Vivienda (SPV), Raúl Álvarez.
El funcionario, además, aseguró que actualmente el área que integra trabaja junto a la Secretaría de Obras Públicas en la planificación de una eventual urbanización y remarcó la voluntad de los gobiernos municipal y provincial de aportar para que se destrabe el conflicto.
“Hay predisposición por parte de los habitantes de la zona, lo que fue contemplado por la jueza Stella Maris Bertune (del Juzgado de Circuito Nº 5, donde se tramita la causa), quien está llevando adelante un excelente trabajo y visitó el barrio la semana pasada, llevándoles tranquilidad a los vecinos”, destacó Álvarez.
Por su parte, Luz Olazagoitía, de la ONG Causa, que representa legalmente a muchas de las familias en riesgo de desalojo, sostuvo que la firma privada “se dedica a comprar tierras aún estando ocupadas, para luego especular generando juicios de expropiaciones que se traducen en precios exhorbitantes, inaccesibles”, como los que quiere aplicar a quienes viven en el barrio.
Además, refirió que hay personas que se asentaron en la zona hace más de 30 años, es decir con anterioridad a la venta y cuando aún no era propiedad de sociedad anónima, y “era todo un terreno baldío”.
La última propuesta
Tras librarse la orden de desalojo para el 15 de febrero pasado, los abogados de la ONG Causa presentaron ante la jueza Bertune un nuevo plan para el fideicomiso, administrado por el Banco Municipal pero que involucre la presencia del Estado para llevar adelante un plan integral de urbanización, ya que el barrio carece de servicios y trazado y apertura de calles, entre otros.
Según explicó Olazagoitía, en el plan propuesto la cuota mensual por la compra de las parcelas sería de 750 pesos, a pagar en diez años, y dicho monto se modificará en función de la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
“Más allá de que este conflicto pone de manifiesto el grave problema habitacional que hay en la ciudad, también muestra la especulación de los privados con las tierras”, dijo la referente de la ONG Causa. En este sentido, la joven señaló que Compañía de Tierras Santafesinas pide 25 dólares por el metro cuadrado, cifra que supera ampliamente el valor marcado por las tasaciones que se hicieron recientemente desde el Poder Judicial y de la Secretaría del Estado del Hábitat, las cuales arrojaron precios de 6 dólares y 15 dólares respectivamente.
“La voluntad de las partes está, incluso el compromiso del estado y del la Justicia, solamente falta fijar el precio de las tierras y estaríamos por primera vez muy cerca de que este litigio se resuelva”, concluyó Olazagoitía.
Los Humitos, un ejemplo del “círculo virtuoso”
La experiencia exitosa de barrio Los Humitos, de bulevar Seguí al 8000, y la cual se intenta replicar en el predio ubicado en Empalme Graneros, se plasmó definitivamente a mediados de 2014. No obstante, también tuvo una historia que comenzó en los albores de la década del 80 con tierras usurpadas, entramados judiciales, órdenes de desalojo y un futuro incierto que, con la intervención de organizaciones no gubernamentales y la voluntad del Estado, se logró en un presente que llevó solución habitacional a más de 200 familias.
El predio que ocupaban las familias de Los Humitos que lograron tener su casa propia a través de un fideicomiso, tiene unas 6 hectáreas y está ubicado entre las calles 1717 y 1722, en la zona sudoeste de la ciudad. Con la intervención de la ONG Paloma de la Paz y del Servicio Público de la Vivienda (SPV), se dividió el extenso terreno en 226 lotes. Así, en 2013 se creó un fideicomiso para que los habitantes del lugar accedieran a la compra de las tierras en donde el Estado llevó adelante un plan integral de urbanización.
Del loteo se destinaron 151 parcelas para las familias que residían históricamente en Los Humitos y 50 fueron vendidas a otros vecinos.
La intervención fue declarada de interés municipal mediante un proyecto presentado por el ex concejal socialista Manuel Sciutto. A mediados de 2014, la intendenta Mónica Fein entregó los primeros 75 fideicomisos a las familias, que deberán pagar 60 cuotas para ser propietarios definitivos de las tierras.
“Realmente fue una iniciativa exitosa y desde hace tiempo que junto con la Secretaría del Estado del Hábitat de la provincia quisiéramos que pueda plasmarse en el barrio Empalme Graneros”, señaló Raúl Álvarez, titular del SPV.
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