El titular del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular, Nire Roldán, pedirá en la justicia la suspensión de remates de inmuebles de jubilados, de personas con discapacidad y de familias acosados por la usura con deudas de más de 10 años de antigüedad.
Y destacó el caso de un jubilado de 78 años, con certificado de discapacidad, que tomó una deuda con un prestamista en la crisis de 2001, pagó originariamente 7 cuotas iniciales por un monto de 11 mil pesos, depositó judicialmente 74 mil pesos y hoy se le reclaman 170 mil. Si no paga la totalidad del monto exigido la justicia ordenará el remate de su vivienda donde vive desde hace 40 años con su esposa de 77 años enferma.
“Este es uno de los tantos casos que por la falta de aplicación de la Ley de Suspensión de Remates, que exigía una etapa donde se acordaran monto de la acreencia, tiempo y forma de pago adecuados a las posibilidades del deudor, exigencia de exponer la característica de la acreencia y entonces encontrar una forma de pago razonable”, sostuvo Roldán.
El miércoles la Concejalía Popular reiterará sus pedidos a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe para encontrar soluciones urgentes a estos casos que en forma preocupante vuelven a acosar a los más débiles en beneficio de la usura y la especulación inmobiliaria y financiera.
Desde la Concejalía Popular se sostienen los siguientes puntos:
1- Suspensión por 24 meses de las subastas de inmuebles de propietarios de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
2- Crear un registro de propietarios de vivienda única, Familiar y de ocupación permanente en riesgo de subasta.
3- Ley Provincial de Defensa Integral de la Vivienda Única, donde se garantice la inembargabilidad en nuestra provincia.
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