El Ciudadano
Este jueves la Justicia imputó a Leandro I., de 34 años, por lesiones graves y agravadas a su ex pareja, Gisela R., de 31 años, y lo dejó detenido por 60 días para no entorpecer la investigación de lo que pasó el 30 de marzo en España al 3000. Según denunció la mujer, él la invitó a su casa y cuando llegó otras dos mujeres la encerraron en una pieza, la golpearon, amenazaron, le robaron y terminaron cortándole el pelo. En la audiencia el hombre dio nombre y domicilio de las presuntas agresoras que tienen un pedido de detención en la Policía. “Él dio una versión inverosímil donde dijo que también fue engañado por las mujeres, que no participó de las agresiones y no pudo defenderla”, contó la fiscal del caso, Luciana Vallarella de la Oficina de Violencia de Género.
La emboscada
Tal como publicó El Ciudadano, Gisela denunció ante las cámaras de los medios de comunicación que el 30 de marzo fue agredida por su ex pareja y dos mujeres más. Contó que había salido con él unos meses, pero estaban separados. Ese sábado él la contactó y pidió que fuera hasta su casa para intentar retomar la relación. Cuando ella llegó dos mujeres la llevaron hasta una pieza, la golpearon en la cabeza y, siempre según contó la mujer, él les alcanzó una tijera con la que le cortaron el pelo. Después le robaron, la amenazaron de muerte y la liberaron. Al salir fue la comisaría, donde le tomaron la denuncia y la llevaron a un centro de salud, pero la Justicia la convocó a la Fiscalía recién cuando lo denunció en los medios de comunicación.
La otra versión
Este jueves la fiscal del caso agregó sobre la versión del imputado, defendido por el abogado Marcelo Argenti. “Dice que no tuvo participación, que no la conocía mucho a ella y no recordaba bien porque había estado tomando. Hubo inconsistencias en su relato. Dijo que tenía miedo y que las mujeres estaban endemoniadas, por lo que no pudo intervenir”, explicó Vallarella. “La victima habla de una relación no muy extensa, pero una relación en fin. El mismo hecho tiene escarmiento y los autores buscaban eso. Es un hecho de violencia de género”, insistió la fiscal y recordó que las mujeres son buscadas por la Policía de Investigaciones (PDI). Junto al hombre pueden enfrentar penas de entre 3 a 10 años de prisión.
“Nos vamos conformes porque el imputado vino en libertad y es difícil revertir eso. No suele suceder en estos casos. Gracias a los fundamentos y la palabra de la víctima podemos avanzar en la investigación”, concluyó Vallarella.
Una mujer denunció una emboscada de su ex donde le pegaron y la raparon
Condenado por abusar de menores
Este jueves en la sala N°9 de la oficina de Gestión Judicial de Centro de Justicia Penal Rosario, finalizó el juicio oral de Marcelino Leandro F., quien estaba imputado por abuso sexual con acceso carnaval a un menor de edad. El hombre de 44 años fue acusado por la fiscal Graciela Arguelles, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, de abusar sexualmente un número indeterminado de veces a un chico desde que tenía 14 hasta los 18 años. La defensa del imputado estuvo a cargo de Sara Marco. Los jueces de Primera Instancia Carlos Leiva, Rodolfo Zvala y Marcela Canavesio lo sentenciaron a 10 años de prisión.
Maestranza imputado por abusos
Este miércoles en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez se llevó adelante nueva audiencia imputativa al trabajador de maestranza del municipio Roberto M., de 61 años, por cinco hechos de abuso sexual y una amenaza. La fiscal Gabriela Lescano pidió la imputación por tres abusos sexuales, dos abusos sexuales gravamente ultrajantes, otro agravado por el vínculo y una amenaza telefónica a una de las presuntas víctimas. Algunos de ellos fueron reiterados en el tiempo, informaron desde la Fiscalía.
La defensa del imputado estuvo a cargo de Marisol Dallafontana. El juez de Primera Instancia, Jesús Rizzardi, aceptó los cargos y prorrogó la prisión preventiva efectiva 90 días más.
El 10 de enero de 2019 la Justicia le había cargado ocho hechos de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y un abuso simple. Dos días antes lo había detenido la Policía de Investigaciones (PDI). El hombre había sido escrachado públicamente con letreros anónimos pegados en las calles de Totoras, a 50 kilómetros al noroeste de Rosario.
Voceros del caso recordaron que esos letreros llevaban leyendas como “Cuidado, abusador suelto” y “La Justicia está dejando un abusador suelto en su barrio”. Agregaron que el empleado municipal realizó una “contradenuncia” en la comisaría de Totoras por la pegatina. En ese momento, el municipio emitió un comunicado en el que aclaraba que no podía avanzar sobre su empleado porque no existía una causa judicial en trámite, aunque el 8 de enero pasado, una vez detenido, suspendió el pago de sus salarios.
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