La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia pidió informes a la Justicia Federal por la autorización que recibió el ex juez federal Víctor Hermes Brusa –condenado en 2009 a 21 años de prisión en cárcel común por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura– para realizar un tratamiento psiquiátrico en el mismo ámbito en que reciben atención las víctimas y los denunciantes de las causas por derechos humanos. A Brusa lo vieron llegar a la Junta de Salud Mental de la provincia –que funciona en el Hospital Italiano de Santa Fe– el último viernes, con custodia pero sin esposas. Por ello, la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, y el responsable del Programa de Protección de Testigos y Querellantes, Daniel Bóccoli, presentaron una nota al Tribunal Oral Federal de Santa Fe para que sus integrantes aclaren la situación de Brusa, quien permanece preso en la cárcel de Las Flores.
Según publicó ayer el portal Notifé, el ex juez federal logró a través del defensor oficial Fabio Procajlo –el mismo que lo patrocinó durante el juicio oral celebrado en 2009– el beneficio de una evaluación psiquiátrica como paso previo al pedido de prisión domiciliaria. La realización del examen recayó en la Junta de Salud Mental, el mismo organismo que responde a los requerimientos judiciales en causas por delitos de lesa humanidad y al que asisten los denunciantes y las víctimas. El objetivo del pedido del defensor oficial es que se determine el grado de crisis subjetiva de Brusa a los fines de iniciar los trámites para que obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria.
En la nota que Acosta y Bóccoli remitieron a la Justicia expresaron su preocupación por el hecho de que hayan enviado a Brusa al mismo hospital que frecuentan los denunciantes adheridos al Programa de Protección a Testigos. “Es necesario restringir al máximo las posibilidades de organización y coordinación entre los imputados y/o condenados y entre éstos y otros agentes de fuerzas de seguridad que participaron de hechos similares. Se recomienda la determinación de medidas tendientes a controlar sus acciones y restringir las posibilidades de su accionar y su posible contacto con testigos y/o familiares, antes, durante y después del transcurso del debate oral”, exigieron los funcionarios.
“En este contexto peticionamos la adopción de medidas que impliquen no acercarse a los domicilios y/o lugares donde los testigos habitualmente desarrollan actividades laborales o de atención médica o psicológica, sedes de organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos”, añadieron Acosta y Bóccoli. La aparición de Brusa sin esposas en plena calle encendió la alarma de testigos y querellantes, quienes nunca dejaron de señalar los privilegios que detentan los imputados –y aún los condenados– en causas por delitos cometidos en el marco de la represión ilegal. Desde el Servicio Penitenciario se limitaron a aclarar que en el traslado del ex juez federal, como ocurre con otros procedimientos de presos “comunes”, se cumplieron todas las medidas de seguridad habituales.
Brusa fue condenado el 22 de diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que lo encontró “autor penalmente responsable” de los delitos de apremios ilegales en ocho hechos y en concurso real mientras se desempeñaba como secretario de Juzgado. La sentencia incluyó inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargos públicos. Brusa fue el primer funcionario judicial condenado por delitos de lesa humanidad en todo el país. En el mismo juicio, que se celebró entre septiembre y diciembre de 2009 en la capital provincial, fueron condenados cinco ex policías, quienes recibieron penas de entre 19 y 23 años.
La práctica habitual de Brusa durante la dictadura, denunciada por víctimas y querellantes, consistía en visitar a los detenidos políticos en comisarías, cuarteles y chupaderos. El ex funcionario judicial –ascendido a juez federal durante la democracia– obligaba a los presos a autoincriminarse firmando declaraciones de culpabilidad en las denominadas “acciones subversivas”.
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