El ex juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa, condenado con sentencia firme a 21 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, comenzó a ser juzgado nuevamente ayer, esta vez por el delito de “asociación ilícita” en perjuicio de 14 víctimas.
En el banquillo de los acusados también están sentados la ex carcelera María Eva Aebi y los ex policías Juan Calixto Perizzotti y Eduardo “Curro” Ramos, todos condenados en 2009 en la emblemática “causa Brusa”.
Más de un centenar de personas se agrupó frente a la sede del Tribunal Oral Federal, ubicada en el microcentro santafesino, con carteles y pancartas de las agrupaciones Hijos, Abuelas de Plaza de Mayo, Inadi, Asociación de Ex Presos Políticos y del gremio Amsafé.
En declaraciones a Télam, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Horacio Coutaz, expresó: “Desde 2009 que apoyamos estos juicios, ya tuvimos 15, cuando antes esto era impensado, y todavía quedan deudas pendientes”.
“A medida que avanzan los testimonios en las causas se abren nuevas situaciones, que dan origen a nuevos procesos penales”, aseveró.
Por su parte, Patricia Traba, una de las querellantes en este juicio, afirmó que “esto no termina aquí, los testimonios dan origen a pedidos de investigación, se van abriendo nuevas causas porque las víctimas del terrorismo de Estado son incontables”.
“Esta es la manera de que no vuelvan a pasar las cosas que nosotros vivimos”, indicó Traba y agregó que se trata de “otra acusación distinta a este grupo de acusados, pero relacionada a todo lo anterior”.
Otro de los querellantes en este proceso, José Villarreal, dijo: “Vamos a demostrar que las acciones individuales y en conjunto de este grupo de genocidas eran parte de un plan nacional e internacional, cuyo objetivo era destruir a todos los militantes políticos y sociales de aquella época”.
En tanto, la titular del Inadi Santa Fe, Stella Vallejos, aseguró: “Tenemos todas las expectativas de conseguir la máxima condena para quienes integraron esta construcción colectiva”.
“Queremos justicia, y podemos lograrlo porque tenemos un gobierno nacional que lo permite. Se llevaron adelante numerosos juicios con condena efectiva. Quedaron atrás, en un sin vuelta, las leyes de obediencia debida, de punto final”, acotó.
El Tribunal Oral Federal para este caso está integrado por Lilia Carnero, de Paraná, y los magistrados rosarinos Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe. Martín Suárez Faisal será el fiscal, los abogados defensores son Claudio Torres del Sel, por Perizzotti, y el defensor oficial Fernando Sánchez, por Ramos, Aebi y Brusa.
En la “causa Brusa”, primer juicio al que fue sometido, el ex juez federal recibió 21 años de cárcel, Ramos fue condenado a 23 años, Perizzotti a 22 y Aebi a 19, por privación ilegal de la libertad y tormentos a presos políticos, entre otros delitos.
En ese proceso fueron condenados también los ex comisarios Héctor “Pollo” Colombini y Mario Facino, ambos ya fallecidos.
Los jueces concluyeron que “Brusa se apersonaba en los centros clandestinos de detención, arrogándose el cargo de secretario (del Juzgado Federal santafesino) y en el marco de los interrogatorios a los que sometía a las víctimas, las presionaba con volver a llamar al grupo de torturadores, con el fin de que ratifiquen las declaraciones denominadas confesiones, obtenidas durante el periodo de detención ilegal para luego, fundar una condena”.
Investigar al franquismo
El director ejecutivo de Amnistía Internacional de España, Esteban Beltrán, aseguró ayer que “España, al no investigar los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil Española, pone en riesgo ser considerado un Estado que no colabora con la Justicia internacional”. Con el objetivo de que España cumpla con el deber de investigar estos crímenes o extradite a la Argentina a los acusados, Beltrán se reunió con el embajador español en Buenos Aires, Estanislao de Grandes Pascual.
En las últimas semanas, la Audiencia Nacional de España rechazó dos extradiciones de ciudadanos españoles con el argumento que los delitos por los que fueron imputados están prescriptos de acuerdo a la ley española. Beltrán relató que le solicitaron al embajador “que se cumpla con la obligación internacional de investigar y extraditar”.
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