Fue un rumor que corrió fuerte en los últimos meses y ayer lo confirmó el gobernador Antonio Bonfatti: el ex fiscal de Estado Jorge Barraguirre fue propuesto como candidato a procurador de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en reemplazo de Agustín Bassó, fallecido en marzo.
La postulación de Barraguirre, quien se desempeñó como fiscal de Estado durante la gestión de Hermes Binner, se realizó bajo una nueva normativa –que será utilizada por primera vez– a través de la cual se autolimitan las acciones del Poder Ejecutivo y se facilita la participación ciudadana.
Tras la muerte de Bassó, hubo opiniones divergentes en cuanto a la necesidad de cubrir ese cargo. Algunos dirigentes políticos opinaron que era mejor eliminar la figura del procurador con el argumento de que sus funciones ya están cubiertas por el fiscal general de la provincia, cargo creado a partir de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia.
No obstante, tanto Bonfatti como el ministro de Justicia Juan Lewis consideraron inoportuna esa idea y ratificaron la continuidad de esa figura ya que está establecida en la Constitución provincial.
El mecanismo
La Carta Magna determina que tanto el procurador como los ministros de la Corte deben ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Pero a partir del decreto 0018/07, firmado por el ex gobernador Binner en los primeros días de su mandato, se autolimitaron las funciones del Ejecutivo para facilitar la participación de la ciudadanía en la designación del procurador y los jueces del máximo tribunal de la provincia.
El proceso, que será utilizado por primera vez en esta ocasión, se inicia con la publicación durante tres días, en el Boletín Oficial y en diarios de circulación provincial, del nombre y los antecedentes curriculares de la persona que se encuentre a consideración para el cargo: en este caso, Barraguirre.
Luego, durante 15 días hábiles, los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones de profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos podrán presentar por escrito –de modo documentado– las posturas y observaciones que consideren de interés respecto del postulado, con declaración jurada sobre su propia objetividad en relación con los propuestos.
En ese mismo lapso el Ejecutivo requerirá la opinión de organizaciones del ámbito profesional, judicial, social, político y de derechos humanos sobre la figura del ex fiscal de Estado.
En particular, se recabarán informes de la Administración Provincial de Impuestos (API) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) relativos al cumplimiento de las obligaciones impositivas de Barraguirre.
Decisión legislativa
Por último, y también en un plazo que no deberá superar los 15 días hábiles desde el vencimiento para la presentación de opiniones y observaciones, el Poder Ejecutivo evaluará las eventuales objeciones –en contraposición con las razones que determinaron la postulación de Barraguirre– y allí se definirá la elevación o no de la propuesta a las cámaras legislativas.
Si efectivamente la decisión es positiva, se enviará el pliego del ex fiscal de Estado a la Asamblea Legislativa a los fines de lograr el aval que prevé la Constitución.
Esa instancia se divide en dos partes: primero la Comisión Bicameral de Acuerdos entrevista al postulado y analiza su pliego; luego –y siempre que haya dictamen favorable– lo vota el pleno de la Asamblea, conformada por los 19 senadores y los 50 diputados y con mayoría del PJ.
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