Comenzó a regir desde este lunes la nueva justicia penal de Santa Fe. “Fue un esfuerzo de los tres poderes del Estado y también de aquellos que durante tantos años soñaron con un cambio en el sistema procesal penal de la provincia”, dijo esta mañana el gobernador Antonio Bonfatti.
El modelo inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente, queda archivado, definitivamente, en un pasado donde abundan imágenes de una justicia lejana e inaccesible. El nuevo sistema, en cambio, es oral y público en todas sus instancias (no sólo en el juicio). El proceso está a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana.
Al respecto, el mandatario santafesino señaló que su puesta en marcha “es un hito fundamental“ y destacó “la confluencia del Poder Legislativo sancionando las normas y leyes necesarias; el Poder Ejecutivo con el presupuesto y la parte de la infraestructura y la tecnología; y obviamente el accionar del Poder Judicial”.
“Hay un cambio de sistema que más allá de la oralidad, transparenta el accionar de los jueces, todos los juicios van a ser públicos” y adelantó que “hoy se presentaron los primeros casos en Rosario”, informó.
El nuevo enjuiciamiento
En el nuevo enjuiciamiento penal, la víctima de un delito o sus familiares, convidados de piedra en el sistema anterior pues no eran parte del proceso, pasan a ocupar el centro de la escena, porque pueden convertirse en querellantes y recibir respuestas más rápidas y acordes a sus necesidades. Otra novedad es que los fiscales se encargan de investigar y los jueces sólo tienen por obligación resolver, en función de las pruebas y elementos aportados por el Ministerio Público de la Acusación y la defensa.
Este histórico cambio reconfigura por completo la justicia de Santa Fe, poniéndola en consonancia con los principios que contiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales. “De esta manera se salda una vieja deuda y se cumple con una asignatura pendiente que el Poder Ejecutivo asumió como política de Estado para articular con el resto de los poderes”, indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis.
Ahora todo el proceso se desarrolla públicamente, a la vista de las partes y de la ciudadanía en general. El secretismo del sistema escrito deja lugar a la transparencia y la lentitud del expediente es reemplazada por la agilidad de la oralidad y por nuevos procedimientos administrativos. Las personas pasan a ser protagonistas. “Esta transformación implica un profundo cambio cultural, un nuevo paradigma y una nueva distribución del poder”, señaló Lewis, al frente del Ministerio que ha sido órgano de implementación de la reforma. “Constituye una de las transformaciones institucionales más grandes en la provincia desde el retorno a la democracia”, subrayó el ministro.
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