El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la llamada causa de las fotocopias de los cuadernos y volvió a insistir al Senado de la Nación con el desafuero de la legisladora y candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la misma resolución, el juez sobreseyó al diputado nacional Máximo Kirchner así como a otros dirigentes de La Cámpora e insistió en el pedido de desafuero de la candidata del Frente de Todos, al enumerar todas las causas en su contra y varios pedidos de prisión preventiva.
La elevación del caso a juicio oral había sido pedida por la propia CFK en un escrito presentado en julio por su abogado Carlos Beraldi. En la causa se la acusa de ser jefa de una supuesta asociación ilícita.
La causa se hizo pública en agosto de 2018 cuando declaró Oscar Centeno, ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, quien dijo haber registrado las visitas a los empresarios que presuntamente pagaban sobornos en una serie de cuadernos que quemó luego por temor, según dijo.
Centeno se transformó en el primer imputado colaborador o arrepentido del caso, tras lo cual lo imitaron un grupo importante de empresarios y ex funcionarios.
La lista de arrepentidos ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo sumaron más de 30, entre quienes están el ex secretario de Obras Públicas José López (detenido también por enriquecimiento ilícito); el ex funcionario Claudio Uberti; el financista Ernesto Clarens y un grupo importante de empresarios como ser Angelo Calcaterra, ex de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Luis Betnaza, Gabriel Romero, y Néstor Otero, entre otros.
A partir de allí hubo una gran cantidad de procesados, 31 arrepentidos y luego de un año en que fueron recuperando muchos de ellos la libertad siguen detenidos Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, Gerardo Ferreyra de Electroingeniería (con prisión domiciliaria), Lázaro Báez, y los ex funcionarios Julio De Vido, Uberti, López y Roberto Baratta.
Esa es la causa central a partir de la cual se desprendieron otras como la de lavado de dinero del fallecido Muñoz, quien producto de este supuesto sistema de recaudación se lo acusa de inversiones de origen sospechoso por 70 millones de dólares en los Estados Unidos en la compra de departamentos e inmuebles, que luego fueron vendidos y reinvertidos en otros destinos como ser en un complejo hotelero en las islas Turks and Caicos.
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