El Ciudadano
Tras decretar la ampliación de la portación de armas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue más allá y propuso la exculpación de los ciudadanos que eventualmente maten a un sospechoso de querer asaltarlos en la vía pública.
Bolsonaro se amparó en la figura legal llamada “excluyente de ilicitud” por la cual quien comete un delito, en este caso homicidio, no debe responder ante la ley.
“Lo que yo quiero dar es el excluyente de ilicitud, no sólo a la policía, sino a usted también”, dijo el mandatario, dirigiéndose a la audiencia de la emisora Tupi de gran alcance en Río de Janeiro.
El presidente brasileño ya defendió la exculpación de aquellos ciudadanos que viven en áreas rurales para eventuales disparos contra invasores de la propiedad privada.
Durante la entrevista, Bolsonaro amplió su propuesta para que se pueda disparar en las calles de las ciudades contra un “agresor que estuviera comprobadamente al margen de la ley y pueda usar un arma” en contra de quien se defiende.
El presidente concluyó la entrevista con polémicas declaraciones, fieles a su estilo, señaló: “Paciencia esto (la autorización de disparar) ya ocurre en estados norteamericanos”.
El mandatario decretó esta semana la flexibilización de la portación de armas a camioneros, políticos, periodistas, agentes de seguridad privada y otros grupos, lo que según la ONG Soy Paz puede redundar en que casi 19 millones de personas circulen armados en el país. Una bomba de tiempo.
Antes del decreto, las armas eran de uso exclusivo de las fuerzas armadas y la policía. Ahora el gobierno habilita el uso de las llamadas armas cortas y que usen munición común, como las pistolas .40, .45 y 9 mm, que pueden ser adquiridas y portada por los ciudadanos simplemente con la licencia de portación.
Consultores de la Cámara de diputados y senadores se manifestaron en contra del decreto de Bolsonaro por que va más allá de los límites legales.
Así lo entendió el Tribunal Superior Federal, que por intermedio de la ministra Rosa Weber le dio este viernes un plazo de cinco días para que el presidente Bolsonaro presente información sobre que bases legales autorizó a la portación de armas a distintos sectores de la sociedad.
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