El Ciudadano
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó el fin de los trabajos de los equipos forenses que trabajaban en la identificación de desaparecidos a manos de la última dictadura militar, entre 1.047 cajas con huesos en fosas comunes de un cementerio de San Pablo, informaron diarios locales. Bolsonaro justificó el decreto bajo el argumento de desburocratizar y ahorrar en la administración pública.
Además fueron afectados los consejos relacionados con las directrices de las personas sin hogar, de indígenas y de la comunidad LGBT, grupos que ya tienen poca voz tradicionalmente, y que han visto amenazadas en este gobierno las pocas brechas abiertas para interferir en discusiones que les sean de interés, poniendo en peligro las políticas públicas para las minorías.
El diario O Estado de Sao Paulo indicó que el “decreto ómnibus” firmado por Bolsonaro de terminar con los consejos populares para debatir políticas públicas puso fin a la identificación de desaparecidos de la dictadura enterrados como NN en el cementerio del barrio paulista de Perús.
El trabajo se había iniciado en 2014, por orden de la justicia federal y del Ministerio Público con el apoyo del entonces gobierno de Dilma Rousseff, destituida por el Parlamento en 2016.
Bolsonaro, quien reivindica a la dictadura militar (1964-1985), también alcanzó con su decreto al grupo de forenses que trabaja en la identificación de los muertos en Araguaia, región del norte del país, escenario de la represión a una guerrilla que se levantó contra la dictadura.
El presidente se hizo famoso con este tema durante su mandato como diputado, cuando se opuso a la búsqueda de restos de víctimas de la dictadura enterrados como NN.
“Quienes buscan huesos son los perros”, solía argumentar.
Bolsonaro orientó a las Fuerzas Armadas a reivindicar el golpe de 1964 que instaló una dictadura que según la Comisión de la Verdad provocó más de 10.000 torturados, unos 434 muertos por conciencia y unos 8.000 asesinados de las tribus indígenas para obras públicas en la selva amazónica.
En el cementerio paulista de Perús los forenses trabajan a la orden del juez federal Eurico Maiolino luego de que en 1990 se descubriera una fosa común que era el lugar donde policías y militares enterraron con nombres falsos a presos políticos asesinados en cautiverio.
Las muestras óseas son enviadas a laboratorios en Bosnia y en Holanda.
El asunto está en manos del Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Familia, a cargo de la pastora ultraconservadora Damares Alves.
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