El presidente boliviano Evo Morales anunció la noche del viernes pasado la anulación del decreto que elevaba los precios de los combustibles hasta un 83 por ciento y que dio lugar a violentas protestas el jueves y amenazas de marchas y huelgas a partir de mañana, y que así quedaron suspendidas. “Hemos decidido, en esta conducta de mandar obedeciendo al pueblo, abrogar el decreto supremo 748 (que eleva los precios de la nafta y el diésel) y los demás decretos supremos que acompañan a esta medida”, dijo Morales.
Además “todas las medidas quedan sin efecto, no existe ninguna justificación ahora para subir los pasajes ni aumentar el precio de los alimentos ni la especulación. Todo vuelve a la situación anterior”, advirtió el mandatario boliviano que ante la crisis no pudo viajar a Brasil para la asunción de Dilma Rousseff como jefa de Estado.
En el marco del paso atrás del decreto, la decisión de Morales revocó también las medidas paliativas como el aumento del 20 por ciento al salario mínimo nacional, que alcanzaba a la Policía, las Fuerzas Armadas, así como los sectores de salud y educación, y que abría las puertas al sector privado para negociar un incremento de sueldos en ese parámetro.
El miércoles pasado el presidente boliviano justificó el alza en los combustibles, señalando que de la subvención anual a los carburantes de 380 millones de dólares, 150 millones se iban de contrabando a países vecinos como Brasil, Perú, Argentina, Chile y Paraguay. Señaló igualmente que ese contrabando era muy difícil de combatir.
También dijo el mandatario que para 2011 ese subsidio subiría a 600 millones de dólares, una cifra muy onerosa para el país.
Bolivia tiene un consumo de 35.000 barriles diarios de crudo, y en 2010 sólo produjo unos 4.500 barriles diarios. El faltante es importado de Venezuela o Argentina, principalmente, y se vende a precio subvencionado.
A pesar de ello y ante las amenazas de importantes sectores sociales del país de desencadenar la próxima semana protestas contra la medida, Morales se vio obligado a retirar el decreto, cuya promulgación provocó el jueves último violentas manifestaciones con saldo de 15 heridos y numerosos detenidos.
“Mi gobierno es un gobierno que nace del sufrimiento del pueblo boliviano, y se debe mi gobierno y mi presidencia especialmente al pueblo y los movimientos sociales”, sostuvo al afirmar que –como prometió al asumir su primer mandato en 2006– “debo gobernar obedeciendo al pueblo”.
Multitudinarias manifestaciones en La Paz y en la vecina ciudad de El Alto exigieron el jueves la abrogación del decreto. Las protestas, que derivaron en algunos casos en violencia, se saldaron con 15 heridos y más de 20 detenidos.
Morales responsabilizó de la violencia a “algunos oportunistas que quieren aprovechar una reacción natural de algunos hermanos con fines netamente políticos y fines económicos”.
A pesar de haberse visto obligado a retirar el decreto, el mandatario insistió en que “esta medida beneficia al pueblo boliviano” y que “mis compañeros (de los movimientos sociales) me decían es importante, es necesaria pero no es oportuna”.
Desde que el decreto fue promulgado los transportistas decidieron aumentos de hasta 100 por ciento en sus tarifas, lo que desencadenó una ola especulativa en los precios principalmente de los alimentos, además de rumores sobre corralitos bancarios y desdolarización de la economía.
En tanto, el poderoso sindicato de mineros tenía decidido iniciar mañana una caminata de protesta sobre La Paz desde las ciudades andinas de Potosí y Oruro, mientras choferes y maestros amenazaron con recrudecer las manifestaciones.
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