Policiales

Crimen en el boliche

Bocacha Orellano: seguirán presos los cuatro empleados de seguridad acusados de su muerte

Este lunes finalizó la audiencia preliminar que llevará al banquillo a dos patovicas y a una pareja de policías imputados en el crimen del joven de 24 años que fue a bailar a la Fluvial y nunca regresó


Los dos patovicas y la pareja de policías investigados por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven de 24 años asesinado afuera del boliche Señor Ming River House que funcionaba en el complejo La Fluvial, seguirán detenidos hasta el juicio oral. La decisión se conoció este lunes al finalizar la audiencia preliminar contra los cuatro acusados que la noche del 23 de febrero de 2020 estaban a cargo de la seguridad privada del local nocturno. El juez Nicolás Foppiani no hizo lugar a los pedidos de libertad y dispuso la prórroga de las medidas cautelares de prisión preventiva. La Fiscalía pide penas que van de 17 a 19 años de cárcel.

Bocacha fue visto con vida por última vez ya entrada la madrugada del 24 de febrero de 2020 cuando personal de seguridad del boliche lo sacó hacía el sector de las barandas que dan al río Paraná. Su cuerpo apareció bajo el agua dos días después, casi en el mismo lugar de la baranda que señalaron los testigos. Desde entonces, familiares y amigos del joven no dejaron de movilizarse en reclamo de justicia.

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Un año más tarde, el fiscal de Homicidios Patricio Saldutti imputó a los custodios del boliche Fabián Claudio Maidana y Emiliano López junto a la pareja de policías que esa noche cumplían servicio adicional Karina Gómez y Gabriel Nicolossi por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Durante la audiencia preliminar que finalizó este lunes, el fiscal adelantó que pedirá penas de 17 años de prisión efectiva para los empleados de seguridad privada por el delito de homicidio simple con dolo eventual en carácter de coautores y en grado consumado; y de 19 años para la pareja de policías por el mismo delito de homicidio además de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica de instrumento público agravada en carácter de coautores y en grado consumado, todo en concurso real. Además de la pena pidió que a los uniformados se les dicte inhabilitación especial para ejercer cargos o empleos públicos por el término de un año, inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena y se les aplique una multa de dinero.

Según la acusación del fiscal Saldutti, los cuatro empleados de seguridad pública y privada sacaron a la víctima del boliche entre las 4.30 y las 5, y una vez afuera del local lo rodearon contra la baranda del río en cercanías del muelle 3. “Aprovechándose de la superioridad física y numérica, lo golpearon determinándolo a saltar la baranda de protección y cayó al agua”, describió el fiscal.

EL fiscal agregó que la policía Karina Gómez dio aviso a las 5.36 al personal de Prefectura Naval Argentina omitiendo informar lo sucedido al 911.

Luego, tanto los policías como los patovicas se retiraron del lugar sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima “impidiendo así que personal de Prefectura que se presentó tras el llamado pudiera llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate”, dijo la Fiscalía.

Además, acusó a los uniformados Nicolossi y Gómez de insertar datos falsos en el acta de procedimiento que redactaron y firmaron. En el documento se omitió intencionalmente información respecto a la interacción del grupo de seguridad del boliche con la víctima.

“Esta situación de relevancia fue intencionalmente omitida en el acta que se les requirió para probar el hecho descripto, generando de este modo un perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los hechos”.

Si bien la prisión preventiva pesa sobre los cuatro acusados, la mujer consiguió una morigeración para cumplir el arresto dentro de su domicilio particular.

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