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Binner pidió a la Corte por “el federalismo fiscal”

Santa Fe sustentó su reclamo por fondos que quedan en la Ansés. El ministro Boudou no fue a la cita.

ppal

El Estado provincial, con el gobernador Hermes Binner a la cabeza, expuso ayer sus argumentos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del reclamo por la quita del 15 por ciento de la masa de fondos coparticipables que hace el Estado nacional, desde el pacto fiscal de 1992, con destino a las arcas de la Ansés. De arranque nomás el mandatario le solicitó al máximo tribunal que emita una medida cautelar para que la provincia deje de transferir recursos al sistema de jubilaciones y pensiones. “Ahora la Ansés tiene sus cuentas superavitarias”, se justificó Binner, acompañado por una nutrida comitiva que incluyó a dirigentes de diversos colores políticos, entre ellos Carlos Reutemann y Jorge Obeid (ver aparte). El ministro de Economía Amado Boudou pegó el faltazo a la audiencia pública, aunque los enviados de la Nación rechazaron de plano la demanda del gobierno santafesino al esgrimir que esta medida generaría un efecto dominó entre otras provincias, lo que a su vez llevaría “al default del sistema previsional”.

A la espera de que la Corte se expida, sin haber para esto un tiempo estipulado, la delegación santafesina celebró el resultado de la audiencia, al considerar que la provincia dio un paso importante en sus reclamos por la coparticipación federal y que los argumentos de la Nación “no fueron sólidos”. “No queremos politizar la cuestión, sino hacer un país más federal”, destacó Binner, al tiempo que propuso que, en principio, la suspensión de la quita del 15 por ciento de los recursos provinciales que van a la Ansés “sea del 50 por ciento”, es decir que la detracción de los fondos sea del 7,5 por ciento. Por otra vía la provincia reclama esos fondos desde 2006 a 2009, pero esto quedó al margen en la audiencia de ayer.

“Ese 50 por ciento significaría para Santa Fe poco más de mil millones de pesos anuales, que se sumarían a la coparticipación federal. De todos modos, nuestra intención no es desfinanciar a la Nación, sino terminar con esta quita injusta e ilegítima. La demanda está fundamentada en el derecho, en la defensa del federalismo”, sostuvo el mandatario provincial.

Santa Fe objetó la constitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, que prorrogó en 2005 la detracción del 15 por ciento de los recursos de la masa coparticipable con destino al financiamiento de la seguridad social “sin el acuerdo previo o posterior de la provincia”. Para Binner, “hoy la Ansés tiene 14 mil millones de pesos anuales de superávit, que con los fondos generados a partir de la transferencia de los dineros de las AFJP, hablamos de un superávit de 140 mil millones de pesos solamente en concepto de transferencia de fondos”.

El descuento del 15 por ciento de la coparticipación fue dispuesto en el pacto fiscal rubricado el 12 de agosto de 1992 entre la Nación y las provincias para financiar la transición entre el sistema previsional de reparto y el de capitalización, que quedó sin efecto en octubre de 2008 luego de que el Congreso resolviera que los fondos jubilatorios retornen a la esfera estatal.

Binner fue el primero en exponer ante la Corte, que le dio unos veinte minutos a cada parte. Los miembros del tribunal hicieron preguntas e introdujeron el derecho a réplica. Además de solicitar al Estado nacional que se abstenga de aplicar el 50 por ciento de la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable, el gobernador trazó un panorama de coyuntura. “En Santa Fe tenemos una situación de inequidad que va creciendo. Hoy hay bolsones de pobreza extraordinarios. Hay una provincia rica, con inversión creciente, y otra pobre. La cuestión social pasa a tener una importancia fundamental”, remarcó.

Y en este sentido, agregó: “Tenemos una situación en la cual el gobierno provincial no está en condiciones de pagarle a los docentes lo que indica la paritaria nacional, porque tiene una exacción nacional impositiva que achica enormemente la posibilidad de una detracción en la provincia”.

En tanto, los funcionarios de la Nación que expusieron sus argumentos de rechazo a la medida cautelar planteada por Santa Fe, Horacio Diez y Nora Fraccarolli, aseguraron que “la Ansés no tiene superávit sino que, después incorporar al sistema jubilatorio a más de dos millones de personas y de afrontar la asignación universal por hijo, tiene sus cuentas equilibradas”.

“Si la Corte le da lugar a la medida cautelar va a generar un efecto dominó con las otras provincias, lo que llevaría al default del sistema previsional”, sostuvo Diez. El funcionario nacional también dijo que “Santa Fe acompañó la prórroga de fines de 2005 a la ley 26.078. Si bien no lo hizo desde el Ejecutivo, lo hizo por medio de sus legisladores, porque esta prórroga se votó en el Congreso. Incluso fue acompañada por el actual gobernador, que en ese momento era diputado nacional”.

Las posiciones de la provincia y de la Nación fueron escuchadas en la sala de audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia, que se vio colmada, por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco; y los ministros Carlos Fayt, Juan Maqueda, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni. El máximo tribunal hizo preguntas a las partes, pero cascoteó de lo lindo a la funcionaria que expuso por la Nación, quien quedó patinando en más de una oportunidad. Argibay, por su lado, preguntó a la provincia por “el silencio” de 2006 a esta parte.

Además de Binner, la comitiva santafesina estuvo integrada por la vicegobernadora Griselda Tessio; el fiscal de Estado Jorge Barraguirre; el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Di Pollina; el ministro de Economía Ángel Sciara; de Justicia Héctor Superti; de Producción Juan José Bertero; y de Trabajo Carlos Rodríguez. Estuvo el senador Reutemann, el diputado Obeid, el senador provincial Ricardo Spinozzi; los intendentes de Rafaela, Omar Perotti (PJ), de Santa Fe Mario Barletta (FP), de Firmat Carlos Torres (UCR); los diputados nacionales Ricardo Alfonsín (UCR); Mónica Fein (FP); Alicia Ciciliani (FP) y Verónica Benas (SI), entre otros. También hubo  representantes de entidades empresarias.

El fiscal de Estado Barraguirre explicó ante el tribunal que el reclamo de fondo se basa en que “la imposición o distribución de tributos debe establecerse a partir de un acuerdo entre la Nación y las provincias (con relación a la prórroga de 2005). Hay un derecho intrafederal, que es el derecho de la coparticipación federal, que se establece en forma consensual”.

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