El gobernador Hermes Binner les tomó la palabra a los jueces dela Cortey convocó a una mesa de diálogo para acelerar la reforma procesal penal. “Hemos propiciado el diálogo entre los tres poderes porque estamos embarcados en la misma idea. No se puede demorar más la implementación del nuevo Código (Procesal Penal), pero acompañado por la infraestructura necesaria”, había dicho Rafael Gutiérrez, presidente dela Corte Supremade Justicia de la provincia, el jueves 29, después de reunirse con la vicegobernadora Griselda Tessio y con senadores de los bloques justicialista, radical y socialista. Tras firmar una nueva prórroga por 120 días para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, Binner convocó a instituciones de los tres poderes del Estado a una mesa, que se constituirá en el ámbito del Ministerio de Justicia, para tratar aspectos atinentes a la puesta en marcha definitiva del nuevo proceso penal en Santa Fe.
Vencida la última prórroga –180 días que comenzaron a correr a partir de la asunción del fiscal general Julio de Olazábal y del defensor provincial Gabriel Ganón, cabezas de las nuevas estructuras penales–, el gobernador firmó el decreto 1.950 que aplaza la entrada en vigencia del nuevo sistema por 120 días más. Dos hechos recientes apuraron la convocatoria: la media sanción dela Cámarade Diputados –39 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra– al mensaje por el cual se crean 610 cargos para cubrir las estructuras del Ministerio Público dela Acusación, del Servicio Provincial de Defensa y de los tribunales penales; y la acordada dela Corteque rechaza –por exiguo margen– un planteo del procurador general Agustín Bassó mediante el cual intentó que se declaren inconstitucionales catorce artículos de la ley del Ministerio Público.
Zanjadas esas cuestiones –aunque la creación de cargos aún deberá ser avalada por el Senado, de mayoría opositora–, el gobierno decidió invitar al Ministerio Público dela Acusación, al Servicio Público dela Defensapenal, ala Corte Suprema, al fuero penal, al sindicato de empleados del Poder Judicial, a la comisión bicameral de seguimiento de la reforma procesal penal, al procurador general “y eventualmente a otras entidades que en algunos aspectos puedan tener ingerencia en este difícil pero imprescindible proceso a conformar una mesa de diálogo permanente en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los fines de tratar los aspectos atinentes a la puesta en marcha definitiva del nuevo Código Procesal Penal, convocándose a participar de ella al Ministerio de Seguridad”, según se lee en el decreto 1.950.
Pasando la mitad del río
El ministro de Justicia Héctor Superti consideró que fue “muy trascendente” la aprobación en Diputados de los 610 cargos de apoyo para las nuevas instituciones penales y el rechazo dela Corte Supremaal planteo del procurador Bassó. “Estamos organizando un nuevo sistema que es muy complejo. Ya hemos pasado la mitad del río. Ahora necesitamos del diálogo permanente de múltiples actores para poner en marcha definitivamente el cambio”, sostuvo el ministro.
“Por un lado se explica lo que se hizo, el estado actual y lo que falta por hacer con relación a la reforma. El decreto es una especie de informe del desarrollo de la transformación. Como ya hemos pasado la mitad del río, ahora la reforma no es sólo tarea del Ministerio de Justicia sino que es compartida con otros organismos. Como en varias oportunidades no se han podido concretar ese tipo de reuniones, ahora el gobernador convocó por decreto al diálogo. Necesitamos del diálogo permanente para que a la brevedad se pueda poner en marcha definitivamente el cambio”, sostuvo.
Superti destacó la voluntad del Ejecutivo para lograr un acuerdo con la oposición enla Cámarabaja: “Inicialmente habíamos previsto 800 cargos pero priorizamos los consensos, además hay expectativa de que algunos empleados y funcionarios del sistema viejo pasen al nuevo”. Y criticó la postura de Bassó: “Se volvió a ratificar la constitucionalidad de todo lo que estamos haciendo y lo que hemos planteado antela Comisión Interamericanade Derechos Humanos: lo constitucional es lo que estamos haciendo y lo inconstitucional lo que estamos dejando atrás”.
Gutiérrez quiere dialogar
La semana pasada Rafael Gutiérrez tuvo un gesto a favor de la reforma: visitó el Senado, invitado por referentes del PJ, y comprometió el apoyo dela Cortea la reforma penal. El presidente dela Cortereiteró su reclamo por mayor presupuesto: “La creación de juzgados es lo que nos interesa a nosotros porque, debido al aumento de la litigiosidad en la provincia, necesitamos nuevos juzgados en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Vera y otras localidades. Nosotros hemos propiciado el diálogo institucional entre los tres poderes porque estamos todos embarcados en la misma idea de que no se puede demorar más la implementación del nuevo Código, pero acompañado por la infraestructura necesaria”.
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