Corresponsalía Santa Fe
La escalada verbal entre el gobierno y el Poder Judicial no se detiene. “Ahí hay una gran familia”, dijo el gobernador Hermes Binner al referirse a la Justicia provincial. “Pregúntenle a ellos”, retrucó el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez (ver aparte). Fue una jornada a puro dardo; además de Binner y Gutiérrez, el ministro de Justicia Héctor Superti y el ex juez Carlos Fraticelli –un actor clave del conflicto, que se desató luego de que la Corte nacional revisara su caso– también aportaron lo suyo. El otro protagonista de la novela, el procurador de la Corte Agustín Bassó, eligió continuar con su perfil bajo, lejos de los micrófonos.
La pelea entre el Ejecutivo y la Justicia, que tiene como trasfondo los cambios que se empezaron a implementar tras la reforma del Código Procesal Penal, recrudeció en los últimos días a partir de la divulgación periodística de una presentación de Bassó, en la que el procurador pidió que se declare inconstitucional la ley de Ministerio Público Fiscal, una de las normas sancionadas el año pasado por la Legislatura y que forma parte del nuevo diseño de la Justicia Penal santafesina.
El ministro Superti jura y perjura que el Poder Ejecutivo nunca fue notificado de ese reclamo, pero no duda de su existencia. El ministro declaró en un reportaje con la emisora LT10: “El planteo de Bassó es por la repartija de poder dentro del Estado”.
Más temprano, a Binner lo habían consultado sobre el punto:
—¿Se politizó el Poder Judicial?
—No. No creo que sea eso. Yo creo que ya venía politizado, así que se puede haber politizado más. Ahí están el hijo de, el cuñado de, el sobrino de… ahí hay una gran familia. Pero nosotros no cuestionamos a nadie, no le pedimos la renuncia a nadie. Lo que pedimos es que se cumpla con la Constitución provincial y con la ley.
Aun sin conocer el planteo formal de Bassó, el gobernador señaló: “El dilema le llegó a la Corte, que es la que deberá definir. Si somos coherentes, la Corte debería rechazar de plano esa inconstitucionalidad. Y si no recurrimos a los organismos internacionales para que reconozcan y respeten lo que significa hoy el juzgamiento bajo un sistema acusatorio”, anticipó Binner, en férrea defensa del nuevo sistema penal, que de a poco comienza a implementarse en la provincia: en estos días, en la capital santafesina se desarrolla el sexto juicio oral y público desde la entrada en vigencia de las reformas.
Juez y parte
El gobernador volvió a cuestionar a Bassó con el mismo argumento que viene usando desde que ganó las elecciones de septiembre de 2007: dijo que el procurador plantea la inconstitucionalidad del Ministerio Público Fiscal porque a partir de esa figura se ven recortadas sus atribuciones. “No puede ser a la vez juez y jefe de los fiscales, que son los que acusan”, razonó Binner en línea con su ministro Superti, quien habló de las cuotas de poder que distintos sectores deben resignar –la Procuración de la Corte, entre otros– a partir de la puesta en marcha de la reforma penal.
“Tendríamos que estar preocupados por la inconstitucionalidad de las normas que afectan los derechos y garantías individuales y no estar peleando para conservar reservas de poder”, señaló el ministro de Justicia. Cuando le preguntaron si la embestida de Bassó tiene como objetivo desgastar su figura hasta forzar una eventual renuncia, el titular de la cartera de Justicia provincial respondió con una metáfora de quirófano: “Cambiar de sistema procesal penal es como afrontar una operación. Todos los que intervienen en la operación tienen que trabajar mancomunadamente para que el enfermo salga adelante. Yo siento que algunos están moviendo la camilla. Esta gente se tendrá que hacer cargo de las consecuencias de lo que está ocurriendo”.
El ministro Superti agregó: “A mí no me importa lo que ocurra con mi persona. El problema es que la gente votó un cambio y los tratados internacionales y la Corte de la Nación nos exigen que estemos a la altura de la circunstancias”. En el mismo sentido, el funcionario señaló: “Desconocemos el contenido (del planteo de Bassó) y sus alcances; esto hace que yo tenga la obligación de decir que el proceso de reforma está siendo afectado”.
Fraticcelli se involucró en la polémica y adelantó que pedirá ser citado por la Cámara de Diputados para ratificar sus denuncias contra el procurador Bassó, a quien acusa de haber cometido irregularidades en su proceso de enjuiciamiento y de haber aceptado su cargo a pesar de que –como lo señalaron también en su momento los legisladores opositores al gobierno justicialista– estaba excedido de edad.
El ex juez de Rufino quiere entrevistarse con la comisión de Juicio Político de la Cámara baja santafesina, entre otros temas, por la actuación de Bassó en la causa que investiga el presunto hurto de energía por parte del juez santafesino Rubén Saurín.
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