En el marco de la hipótesis de que el cuerpo de Santiago Maldonado –hallado el miércoles pasado y reconocido ayer por su familia– fue “plantado” a un costado del río Chubut, se conoció que el juez Gustavo Lleral había ordenado un rastrillaje en el río Chubut, pero en un trayecto que abarca no sólo la Pu Lof de Cushamen, sino también la estancia de Benetton. Versiones periodísticas sugieren que la diferencia de 90 horas entre la emisión de la orden y el rastrillaje dio tiempo suficiente a modificar la escena. El ingreso de los investigadores por primera vez a tierras de Benetton podría haber confirmado la existencia de una base informal de Gendarmería en el casco de la estancia, denunciada por el periodista Ricardo Ragendorfer en el diario Tiempo Argentino. Las sospechas de que el cuerpo de Maldonado estaba en ese lugar también crecen.
La orden fue dada el viernes 13 de octubre, pero su ejecución se fijó para el martes 17 a las 7 de la mañana. El sitio web La Izquierda Diario supone que ese tiempo fue el necesario para “modificar alguna escena o plantar algo allí donde se iba a rastrillar. Siempre y cuando contaran con la información precisa”.
Durante 80 días, la estancia de Benetton estuvo blindada. Sólo se le pidió permiso un par de veces para montar algún que otro rastrillaje, en lugares que no arrojaron ningún resultado.
Con la orden de Lleral, por primera vez en la causa, había una amenaza seria de que personas realmente interesadas en llegar a la verdad como la familia de Maldonado, los miembros de la comunidad mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pudieran acceder a un peritaje en ese lugar.
La resolución restringía los allanamientos a garantizar el acceso al río Chubut, pero habilitaba también el “secuestro de todo elemento que pudiere servir como medio de prueba, o que pudiere, de un modo u otro (racionalmente considerado), estar relacionado con la investigación”.
Reconociendo el derecho que les asiste en la causa, el magistrado convocó a participar del rastrillaje a Sergio Maldonado, a su abogada Verónica Heredia, a miembros de la Pu Lof y a la APDH regional. Cuando los notificó, a todos les pidió “que guarden la mayor reserva” sobre el contenido de su resolución, lo que efectivamente hicieron.
Ya se había rastrillado la zona
Como describe el periodista Sebastián Ortega en Cosecha Roja, la zona donde encontraron el cuerpo ya había sido rastrillada en tres operativos anteriores ordenados por el juez Guido Otranto, ahora apartado del expediente. Durante 52 días dilató la investigación siguiendo pistas plantadas y sostenidas por el gobierno y los medios de comunicación aliados: buscaron a Santiago en Salta, Entre Ríos, Mendoza, Chile y Santa Cruz. En cada lugar en el que testigos dudosos aseguraban haberlo visto con vida.
Cuando se comprobó que Santiago había estado en la Lof, el juez se apuró a despegar a Gendarmería del expediente. Justificó el ingreso de los agentes a la comunidad y dijo que creía que Santiago se había ahogado en el río. A pesar de las sospechas de que Pablo Noceti, la mano derecha de Patricia Bullrich, había participado del operativo y colaborado en el encubrimiento anticipando a Gendarmería las medidas judiciales, Otranto rechazó una y otra vez los pedidos de analizar los teléfonos del funcionario.
El primer rastrillaje se hizo a cuatro días de la desaparición de Santiago. Intervinieron policías de Chubut, agentes y buzos de prefectura y un perro especializado en la búsqueda de rastros de personas vivas de la Unidad Canina Trevelin, una ONG de un sargento de policía. Rastrillaron 400 metros río abajo. Según explicó el prefecto a cargo del operativo, un grupo de mapuches encapuchados no les permitió seguir la búsqueda más allá.
Nueve días después el juez ordenó un nuevo operativo con Prefectura, la Policía Federal y cuatro perros, tres que buscan rastros y uno que busca restos humanos. Por tierra rastrillaron una “superficie de 600 metros de ancho por 300 metros”. Por agua, se realizó un “barrido del río en un sector de 5 kilómetros con resultados negativos”.
Otranto volvió a la comunidad un mes más tarde, el 18 de septiembre. Esta vez con más de 300 efectivos de la Federal, Prefectura y grupos especiales, perros adiestrados, buzos, peritos forenses, drones y dos helicópteros. Rastrillaron la Pu Lof de Cushamen y otras comunidades originarias de la zona. No encontraron rastros del joven tatuador, pero mantuvieron maniatados a varios mapuches y detuvieron a una mujer.
Por so, la familia Maldonado, la comunidad mapuche y los veedores de la APDH que intervinieron en los rastrillajes creen que el cuerpo fue “plantado”. La abogada de la familia Verónica Heredia y el perito Alejandro Incháurregui sostienen que es “ilógico” que el cadáver aparezca río arriba del lugar donde desapareció, en sentido contrario a la corriente. “Es un lugar bastante transitado, se hubiera visto”, dijo la vocera de la comunidad Soraya Maicoño.
Anteayer, durante una conferencia de prensa le preguntaron a Alejandro Incháurregui, perito de la familia, si le llamaba la atención algún elemento en el terreno donde fue el hallazgo. “La anomalía es el lugar donde fue encontrado”, contestó el especialista.
Andrea Antico, la esposa de Sergio Maldonado, hermano de Santiago, contó que se quedaron siete horas al lado del cuerpo para que nadie modificara la escena. “No confiamos en nadie”, explicó.
El rastrillaje en el que apareció el cuerpo de Santiago fue la primera medida ordenada por el nuevo juez de la causa. Antes, Lleral se había reunido con la familia Maldonado y visitó la comunidad. El nuevo operativo fue un requerimiento de la fiscal. Esta vez, a pedido del Equipo Argentino de Antropología Forense, que acompaña la investigación desde el 4 de septiembre, se utilizaron canes que buscan rastros humanos bajo el agua, algo que no había sido utilizado por Otranto.
