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Nueva gestión, otro rumbo

Batería de medidas en Bolivia para reactivar la economía tras la dictadura de Áñez

Once meses de gestión de Áñez bastaron para dañar la economía con mejor desempeño del continente de la última década. Ahora, el gobierno de Luis Arce va por el camino correcto porque se aúnan las decisiones políticas con una estratégica visión del rol del Estado en la recuperación del país


Guillermo Oglietti*

Alfredo Serrano Mancilla**

Si algo tienen en común los gobiernos neoliberales en la región, es que la eficiencia ha demostrado ser un ingrediente más de su propaganda y uno menos de su gestión.

Bolivia no ha sido la excepción, y apenas 11 meses de gestión económica de Áñez bastaron para dañar la estabilidad de la economía con mejor desempeño del continente de la última década y para empobrecer a las familias. La caída del PIB de Bolivia en 2020 superó el 8%, un registro que si bien no destaca en contraste con sus vecinos, sobresale porque es el único país que en plena pandemia, en lugar de estimular la economía, ¡tomó medidas de ajuste!.

El estudio realizado por el CEPR (Economic policy responses to a pandemic: Developing the Covid-19 economic stimulus index) muestra que Bolivia está entre los países de América Latina que menos impulso fiscal dedicaron para enfrentar la crisis generada por la pandemia: menos del 0.5% del PIB (frente al 2% promedio global). En este breve y destructivo ciclo de neoliberalismo, Bolivia generó más de un un millón de nuevos pobres durante la (indi)gestión de Áñez.

La contundente victoria electoral del MAS en octubre sentó las bases para que a partir de noviembre, con el nuevo Gobierno, comenzara a suministrarse el antídoto. En tan solo dos meses, Luis Arce se puso manos a la obra y llevó a cabo un amplio despliegue de políticas económicas, que se podrían agrupar en tres ejes: 1) humanitarias (para los más necesitados), 2) ordenar la casa, y 3) volver a crecer:

La cuestión humanitaria: una prioridad

En este sentido, el gobierno de Arce comenzó lanzando un bono contra el hambre, equivalente a unos 140 dólares, entregados mensualmente entre diciembre y marzo, que constituye un suplemento directo a la precaria supervivencia de los más necesitados para enfrentar la urgencia social.

Implementó también un   nuevo régimen de reintegro del IVA, que devuelve un 5% del precio neto a quienes tengan salarios por debajo de los 1.250 dólares, medida que mejora en forma concreta el ingreso de las clases medias y bajas.

Aumentó en 3,4% los ingresos de los jubilados con retroactividad a 2020.

Disminuyó el precio de los alimentos gracias al restablecimiento del Certificado de abastecimiento interno para la soja, de tal forma que la industria deberá destinar un mínimo de 15% de harina solvente a precio justo al mercado interno.

Ordenar el desastre dejado por la gestión de Añez

Otra medida prioritaria del nuevo Gobierno fue decretar el final de fiesta de la gestión golpista que duró once meses y que tuvo al contrabando como nave madre: se intensificó la supervisión aduanera; hubo un crecimiento notable del número de decomisos y detenciones de funcionarios amañados, que aparecían por todos los rincones de las carteras ministeriales.

Se instrumentó una abrogación de decretos de Áñez, la mayoría perjudiciales para los intereses del público, tales como: a) decreto que autorizaba el uso de semillas transgénicas; b) decreto que difería el Impuesto a las Utilidades de las Empresas UIE (de extracción de litio); la rebaja de la base imponible del impuesto a las transacciones; c) decreto que permitía la libre exportación agropecuaria, de pollo y carne, y eliminaba el requisito del certificado de abastecimiento interno; d) decreto que extendía la explotación del registro mercantil sin respetar debidos procesos; e) decreto que habilitaba la importación de vehículos usados, que daña el medioambiente, la balanza comercial, envejece el parque automotor y deteriora los ingresos fiscales.

Al mismo tiempo, desactivó juicios de arbitraje internacional por incumplimiento de pagos con la firma Dopprlmayr, la empresa austríaca proveedora de Mi Teleférico, por deudas no canceladas durante el gobierno de facto.

Se emitió un bono navideño para incentivar el ahorro de pequeños ahorristas.

Se extendió el alícuota adicional del 25% de la alícuota al Impuesto a las Utilidades (AA-IUE) si su rentabilidad supera el 6%, que hasta ahora sólo afectaba a los bancos y otras empresas financieras.

Se sancionó el impuesto a las grandes fortunas, que logrará que unas 150 familias contribuyan al esfuerzo común de sacar el país adelante.

Volver a crecer

En cuanto a las medidas para comenzar a crecer nuevamente luego de la sangría de las finanzas públicas que significó el gobierno de Añez, se ordenó la capitalización del ciento por ciento de los beneficios de 2020 de la banca y otras entidades financieras, con el objetivo de fortalecer el sistema financiero, aumentar la solidez de los bancos y expandir el crédito (ya que no podrá ser distribuido como dividendos).

Se implementó la reprogramación y refinanciamiento automático de créditos cuyas cuotas vencieron durante la pandemia, que serán diferidas sin penalidades ni recargas.

Se creó y reglamentó dos fideicomisos para la reactivar la industria nacional y el combate al contrabando que atenta contra la producción nacional, especialmente de textiles, que resurgió durante el gobierno de Áñez.

Se lanzaron créditos de fomento agrario al 3% anual de interés.

Se reactivó la construcción del tren metropolitano cochabambino (más de 17 millones de dólares de inversión).

Se reactivó la planta procesadora de banano de Unabeni.

Se invirtió más de cinco millones de dólares en BOA, empresa que estaba en proceso de desguace para venderla a precio de saldo (abandono de rutas rentables, retraso de pagos tributarios y del mantenimiento de las aeronaves).

Se destinaron 130 millones de dólares a créditos para reactivar la industria nacional, al 5% de interés y hasta 10 años de plazo, con el principal propósito de sustituir importaciones de bienes finales e intermedios.

Hubo reactivación de plantas y proyectos productivos paralizados, en particular la industria del litio y la planta de urea paralizados por problemas técnicos, sospechosos de haber sido plantados para facilitar la apropiación privada a precio de saldo.

El Arce-presidente no ha dejado de ser el Arce-economista

El conjunto de acciones tomadas en este corto periodo de tiempo tiene un objetivo claro: que Bolivia retome la senda de una economía eficiente y con rostro humano, y que se logre a la mayor brevedad posible con una inclusión cada vez más amplia. Y, por ahora, el gobierno de Luis Arce va por el camino correcto porque se aúnan las decisiones políticas con una estratégica visión económica y del rol del Estado en  la recuperación y soberanía del país.

*Dr. en Economía Aplicada. Subdirector de CELAG (Argentina)

**Dr. en Economía Aplicada. Director de CELAG (España)

 

 

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