La pensión ubicada en la calle Pitágoras 7451, en Fisherton Industrial, volvió a ser clausurada ayer, y es la tercera vez en menos de un año que se constata una situación de “absoluta irregularidad” y también que, por la cantidad y la calidad de las infracciones se procede a un cierre definitivo. O a su intento.
Integrantes de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y trabajadores de la Secretaría de Promoción Social se encontraron como en las dos ocasiones previas, con un inmueble en muy malas condiciones donde estaban viviendo 14 familas –cinco de ellas con menores a cargo– en algunas de las 35 habitaciones destinadas a alquiler. Según informaron fuentes que participaron del operativo, la renta mensual promedio que se les cobraba a los inquilinos era de 700 pesos. Así las cosas, el edificio quedó clausurado y se espera, en un mediano plazo, que se avance en la demolición –en rigor anunciada en la segunda clausura– para que no se vuelva a repetir la misma situación.
El subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Luis Baita, contó que el operativo tuvo como objetivo “dar cumplimiento a una orden que salió desde la Secretaría de Gobierno y que es demoler este lugar donde hay una actividad comercial que es una pensión no habilitada, donde no se estaba cumpliendo con ningún tipo de permiso”. “Además, carece de la seguridad elemental, no tiene ventilación, la instalación eléctrica es absolutamente precaria, así como también los pisos, en todo el lugar hay riesgos potenciales de toda clase”, remarcó.
“Cuando llegamos nos encontramos con grupos familiares y es por eso que se pusieron a trabajar los chicos de Promoción Social tratando de encontrarle un lugar a esta gente para luego poder analizar la situación caso por caso. Estamos hablando de unas catorce familias en las que había mayores y menores”, añadió.
Cuando se estaba realizando la intervención municipal, la llegada del representante legal del dueño del inmueble provocó momentos de tensión que luego cedieron. “Tuvimos algún inconveniente con unas personas que aparecieron como propietarias que luego fueron resueltos, hubo un momento tenso que después se desactivó. Hay que recordar que ya desde el año pasado había un pedido que fue emitido desde el Concejo Municipal para que se ejecute la demolición del lugar por una gran cantidad de incumplimientos administrativos”, comentó el funcionario.
“Lo que vamos a hacer ahora es desactivar la estructura para que no pueda ser usada como una actividad comercial desarmando pisos, sacando escaleras y desactivando el sistema eléctrico. Cuando llegamos nos encontramos con 35 habitaciones de las cuales estaban habitadas poco menos de la mitad”, añadió.
“En un futuro cercano lo que se va a hacer es demoler el edificio porque ya están agotadas todas las instancias legales y el municipio tiene derecho a llevar adelante esa acción porque se considera que esto es un riesgo no sólo para quienes habitan en la casa sino también para los vecinos. Estos últimos vienen realizando muchas denuncias sobre movimientos y situaciones confusas”, concluyó.
Cabe recordar que el allanamiento al inmueble de la zona noroeste se llevó a cabo por primera vez el año pasado tras una denuncia realizada por los concejales del bloque del Partido del Progreso Social. En la oportunidad también apuntaron a un ex prostíbulo llamado “Sabor Sabor”, en Junín y Colectora Juan Pablo II.
Ambos domicilios no contaban con permisos de habilitación y construcción, según correspondía en cada caso. Los allanamientos se llevaron adelante por las Tropas de Operaciones Especiales. En aquella oportunidad, las autoridades detectaron que la pensión no autorizada de calle Pitágoras funcionaba clandestinamente sin habilitación ni permiso de construcción.
Sobre esto, el concejal Héctor Cavallero, uno de los principales impulsores de la denuncia, recordó que “este es un tema que empezamos en la campaña electoral”. “Aquí la cuestión es que esta gente levantó esta edificación sobre la cortada Pitágoras que a su vez está en el fondo de un terreno sobre calle Junín. Se hizo una división que nunca fue aprobada catastralmente y se edificó sin pedir permiso. En ese tiempo todavía funcionaba cerca de ese lugar «Sabor Sabor» y nosotros sospechábamos que podía ser una pensión que alojaba a las mujeres que trabajaban en ese lugar. Allí junto a los vecinos comenzamos a tomar pruebas y así comenzó todo con denuncias en la Justicia y la acción del municipio”
“Esta gente siguió construyendo pese a las intimaciones llegando hasta el cuarto piso. Después empezaron a meter gente adentro. El dueño es Antonio Gambacurta, quien es propietario de numerosas pensiones”, concluyó.
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