Carina Ortiz
Las casas que habitan 47 familias asentadas en barrio La Lata tienen sentencia de desalojo. El mandato judicial está en manos de un oficial de justicia que debe ejecutar la orden y se trabaja contrareloj para lograr una salida social al caso a través de una expropiación, cuyo proyecto legislativo tiene media sanción y se espera que salga la ley desde senadores a fin de mes. Este viernes se hizo una audiencia conciliatoria en la que participó el abogado del dueño de predio y distintos funcionarios. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el 15 de noviembre a la espera de que la expropiación sea ley.
Son nueve los lotes que se ubican en la manzana compuesta por las calles Garay, Gaboto, Presidente Roca y Paraguay. Allí se levantan los hogares de 47 familias que desde hace años viven en el lugar y levantaron sus casas de material. La diputada Silvia Augsburger contó que ese sector fue la primera urbanización de un barrio irregular que se hacía la ciudad durante la gestión de Héctor Cavallero como intendente.
En el año 2007 llegó el primer juicio de desalojo para un gran lote en el corazón de la manzana con ingreso por calle Gaboto. El propietario se presentó con una escritura del año 1981 para reclamar su derecho a la propiedad. En 2012 hizo lo mismo con el resto de los lotes que dan a calle Presidente Roca y otros por los que se accede desde un pasillo ubicado en calle Garay.
El trámite judicial derivó en un relavamiento que hizo el Juzgado de Circuito de la 1° Nominación a cargo de Daniel González -con secretaría de Gabriela Kabichiane- de las personas que habitaban en el lugar. Se dio intervención a la defensoría tras la constatación de la presencia de niños y se ofició a distintas reparticiones del Estado, entre ellas la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en busca de una salida social. En noviembre de 2018 se dictó sentencia en la causa más vieja y en marzo de 2017 en la otra.
El cura Fabián Belay, que trabaja en el territorio, empezó a movilizarse para buscar una solución alterna al desalojo, también Pablo Codarin de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo), quienes contactaron a distintos funcionarios -entre ellos la concejala Norma López- que comenzaron a hacerse eco. También a la diputada Silvia Augsburger y el diputado Héctor Cavallero presentó en la Legislatura un proyecto para la expropiación de estos terrenos que fue acompañado por todos los bloques y logró una media sanción. Se espera la aprobación de la ley a fin de este mes.
Este viernes, en el juzgado se hizo una audiencia de conciliación dónde varias de estas personas que buscan una solución estuvieron presentes. El objeto fue explicarle al representante del propietario que estuvo en la sala cuál era la situación y en qué etapa del trámite estaba la expropiación a los fines de solicitar un plazo más para resolver la cuestión.
Al finalizar el encuentro Augsburger contó que el juez González, en una excelente actitud, explicó la predisposición de la legislatura provincial de sancionar una ley de expropiación para resolver el problema teniendo en cuenta las 47 familias que quedarían en la calle. “Se explicó, hubo un intercambio de valoraciones y un cuarto intermedio hasta el 15 de noviembre”, contó. “Esperemos que a esa fecha el senado provincial haya convertido en ley la expropiación y pasemos a la segunda etapa que es el juicio de expropiación si no se ponen de acuerdo las partes”, cerró.
Mientras que López reivindicó la valoración social que hizo el juez González y la secretaría del juzgado de circuito porque “realmente tiene una mirada social que es la disposición de sentar en una mesa a los distintos sectores. A los ciudadanos que viven en el barrio y además a los sectores del Estado que puedan colaborar en destrabar este tipo de situaciones. No encontramos habitualmente a jueces y juezas con esta actitud de convocatoria para resolver este tipo de conflictos sociales”. La concejala destacó la importancia de que “el valor de las propiedades tenga la mirada social que necesitamos para poder llevar justica a la ciudadanía, de acceso a la vivienda”.
Ausgburguer agregó que “la Constitución provincial plantea la función social de la propiedad. Es decir que el propietario tiene derecho a usufructuar esa propiedad pero hay que tener en cuenta que en esa propiedad viven 47 familias y eso es lo que toma el proyecto de ley, por eso planteamos la expropiación”. Y concluyó: “Esto es una muestra de la necesidad de tener una ley de ordenamiento territorial. Hay proyectos de todos los bloques y está en la comisión de presupuesto y es lamentable que no avance porque tendría en cuenta las familias que viven en terrenos que no son propios”.
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