Guillermo Correa
Vecinos de varias localidades del departamento Rosario, entre ellas Álvarez, Villa Amelia, Piñero, Coronel Domínguez y Alvear, entregaron este miércoles una carta dirigida al gobernador Omar Perotti y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas –con copia también al senador departamental Marcelo Lewandowski– en la que dan cuenta de la “grave situación” que están viviendo en toda la zona “y en particular en las escuelas, muchas de ellas rurales”, donde “familias enteras campaña tras campaña se encuentran sistemáticamente expuestas a las reiteradas fumigaciones con agrotóxicos que se realizan en los campos que circundan a los pueblos, tanto terrestres como aéreas”. Desde hace tres años la Asamblea de Vecinas y Vecinos Autoconvocados contra los Agrotóxicos La 18, más conocida como “La 18”, nombre que deriva de la ruta que las conecta, viene relevando lo que primero parecían problemas casi nimios: una picazón, algún síntoma respiratorio, algún malestar, cosas generales que en algunos casos, ni siquiera todos, llevaban a residentes a centros de salud, sobre todo cuando los síntomas aparecían en niñas y niños. Pero lo que eran comentarios y relatos se fueron tornando repetidos, además, en puertas adentro de los hogares había situaciones más graves, por lo que se inició ya un relevamiento sistemático de lo que venía ocurriendo. Eso forma parte del informe que ahora se puso en manos de la Casa Gris, y que más temprano que tarde deberá tener una respuesta. “No es un problema de partes, como nos dicen en las comunas. Es un todo, y es una cuestión muy compleja donde los vecinos se encuentran siempre en un brete para denunciar que esto está mal. Y esto no es en contra de nadie, sino a favor de la salud”, explica a El Ciudadano Gustavo Ludueña, integrante de La 18 y uno de quienes entregaron el documento en la Sede de la Gobernación en Rosario.
La multisectorial decidió en asamblea presentar el informe ante el agravamiento de la situación y la escasa o lenta reacción tras sus denuncias, que suman ya unas cuántas y se fueron haciendo en cada una de las comunas y en Fiscalía. Las primeras, presentaciones administrativas, solicitaban la receta agronómica de los químicos que se iban volcando, “el informe de la ingeniera o ingeniero que le corresponde a la Comuna revisar” y en casa caso el pedido de que se respete la distancia de la ley vigente, la vieja 11,273, que habla de 500 metros de distancia para esparcir agroquímicos. “Pero las comunas tienen 60, 70. 80 metros, y dicen que no pueden hace mucho. En algunas, como Villa Amelia, Coronel Domínguez y Alvarez, tenían cero metro, y han hecho una modificación –mínima– de 100 metros, y 60 metros si hay barrera forestal. No es nada, pero lo han hecho”, refiere el activista.
Lo que estamos reclamando está dentro de una lógica, porque hay estudios, lo dice la ley y más. Pero siempre la discusión fue la misma: las quejas de los otros. Lo que siempre explicamos es que la persona que tiene un campo y tiene que retirar su franja de fumigación no es que no trabaje más: tiene que haber una decisión política de las comunas, para que donde no se pueda fumigar se haga otro tipo de producción que no utiliza veneno. Eso es viable y es posible, porque hay experiencias, y las hay en esta provincia, no hay que irse a otro país. Pero lo que estamos viendo es que no hay decisión política”, continúa.
Mientras tanto, advierte, la salud de los residentes se va deteriorando con el paso del tiempo, y va aumentando el número de personas con problemas, situaciones que claramente no tienen que ver con un cuidado individual sino con una cuestión general.
En el último año y medio, dos años, han aparecido fumigaciones aéreas muy cercanas a las comunas. Hay ordenanzas que hablan de mayor distancia, e incluso algunas tienen prohibido ese tipo de aspersión, pero se ha detectado y denunciado. El 3 de enero de este año pasó en el barrio Villa Mercedes, de la comuna de Alvear, donde vieron una avioneta maniobrando sobre las casas, y a menos de mil metros comenzó a fumigar: allí la ordenanza habla de 2 mil metros desde la última línea de edificación. Y estamos hablando de un barrio que está a 2 kilómetros de la entrada de Rosario. Lo mismo pasó este fin de semana en la comuna de Piñero. Y hace un año y medio en Villa Amelia, cerca de una escuela”, recuenta casos que le vienen a la memoria. Son muchos más.
Crecer a contracorriente
Invariablemente las autoridades comunales no tenían información de los casos, y se comprometieron a pedir datos. Pero las aspersiones siguen y por tierra, a veces, se hacen de noche y con luces apagadas, a distancias casi linderas con las zonas habitadas: también esas, cuando se puede, son relevadas, registradas, y se guardan las pruebas.
Pero “muchos vecinos tienen miedo”, marca Ludueña. Es que los productores más pequeños residen en los mismos pueblos o en localidades vecinas, y la cuestión se deforma a un problema doméstico: denunciantes que ingresan a comercios y no son bien recibidos, agresiones en redes sociales “sobre todo cuando son mujeres” y otros episodios cotidianos, algunos molestos, otros de peor calificación. “Hemos tenido el caso de tres compañeras en Villa Amelia y en la zona de Álvarez que han recibido amenazas, y a una vecina se le apareció el dueño de un campo, le golpeó la puerta de la casa y le advirtió que iba a «tener problemas». Fueron situaciones muy feas: otra vecina se tuvo que ir de un grupo de Whatsapp porque dos o tres personas la maltrataban continuamente”. Todos los episodios fueron denunciados: “En Coronel Domínguez, hasta hace poco, una vecina tuvo que tener custodia policial. No han llegado a la agresión física, pero sí hubo situaciones violentas y preocupantes”, relata el activista.
Y las situaciones de tensión interna se suman al tremendo lobby “del modelo del agronegocio, de que se siga trabajando de esta manera y no se haga nada; si no, no se entiende por qué la Legislatura no trata el proyecto de ley”, lamentan en La 18.
Todos los integrantes tienen, además, información –los menos por memoria directa pero sí a través de familiares– de que antes la situación era diametralmente diferente, y asimilable a la perdida idea del campo apacible. “Hay testimonios de que era otra forma de vida. Las chacras estaban pobladas, se veían frutales, granjas con animales. Hoy los campos son una marea verde, soja y más soja, y, además, la desocupación. Hay casos de familias que siguen produciendo así, pero la mayoría de las chacras hoy son taperas, no queda más nada, salvo en las zonas donde hay tambos. Ni ganadería: vemos muchos pueblos que a la entrada tienen feedlots”.
El cambio tan profundo de modelo y sus consecuencias llevaron a La 18 a ir sumando integrantes y contar con nuevos apoyos. Por una parte integran la red Paren de Fumigarnos, que a fuerza de padecimientos y problemas tiene presencia ya firme en cada uno de los 19 departamentos de la provincia. Otras organizaciones sociales, especialmente las vinculadas a la preservación ambiental, también han compartido agenda, y muchas han volcado sus experiencias propias en otros temas, que les han resultado de utilidad, en particular en cuestiones organizativas. Y las entidades vinculadas a los humedales coinciden en no pocos principios, de igual modo que la red, todavía reciente, que se constituyó como Sindicatos por el Ambiente, y que integran entre otros La Bancaria, ATE, Amsafé, Siprus, Jaboneros, Prensa, entre otros. “Hoy no es igual que hace doce o quince años atrás, que era difícil y hasta peligroso en algunas localidades. Hoy hay una mayor conciencia, y lo vemos también en las grandes ciudades incluso, donde mucha gente está tratando de alimentarse de otras maneras, porque lo que fumiga, llega a la mesa. Obviamente que no es fácil. Lo que sí está costando es que la conciencia llegue a los gobiernos. Hay legisladoras y legisladores que le ponen el cuerpo, pero la mayoría todavía no.
Bombardeo aéreo
En el informe presentado este miércoles los integrantes de La 18 dan cuenta de la escasa recepción que han tenido, especialmente en cuanto a las fumigaciones aéreas: “Hemos denunciado fumigaciones a menos de 1.000 metros de las zonas urbanas y muchas de ellas a tan solo 6 kilómetros del Monumento a la Bandera. Tanta es la ilegalidad de dichas fumigaciones que los organismos competentes nos piden infinidades de datos de la aeronave, del o la titular del campo, filmaciones y fotografías para intervenir”, relata el escrito.
“En reiteradas oportunidades realizamos reuniones con las comunas, pedidos de informes y hasta se han presentado proyectos de modificación de dichas ordenanzas, sin obtener respuesta favorable a poder pensar colectivamente en favor de la salud”, continúa, y también da cuenta que hubo varios pedidos de reuniones con el senador Lewandowski “sin tener respuesta favorable al día de hoy”.
Y al tema de las fumigaciones, para peor se suman otros. Uno son los silobolsas y los silos de acopio en plantas: “Es insostenible que en pleno siglo XXI sigan estando en los ejidos urbanos y a escasos metros de instituciones como por ejemplo las educativas, ya que por la gran cantidad de químicos y tóxicos que se utilizan para la producción de cereales y el polvillo que se expande durante el trabajo de estas plantas, resulta imposible tener un ambiente sano donde se pueda respirar”, marca el texto.
Y otra cuestión no menor son los envases de los agroquímicos. No sólo aparecen “por ahí” tirados, sino que son reciclados por vecinos para guardar líquidos, cortados y usados para bebederos de mascotas, y otros usos domésticos. “Y pasa frecuentemente. Hicimos dos denuncias en Fiscalía de haber encontrado en un camino que normalmente usan familias, que está a distancia de un barrio de Álvarez, bidones tirados al costado. Y nos han mandado fotos de otra localidad en la que una familia había puesto una lona en un cumpleaños y en cada punta habían puesto bidones de veneno. Lo vemos, y es tremendo porque no hay una limpieza adecuada de ese material”.
En ese marco, el informe a cuenta de la legislación que ampara la presentación efectuada, y los estudios que avalan la peligrosidad de lo expuesto, entre ellos uno del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario –relevó “incrementos de patologías como hipotiroidismo, patologías reumatológicas, abortos espontáneos, enfermedades alérgicas, respiratorias, reproductivas, así como enfermedades oncológicas”– y otro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, que se centra en las derivas en la aplicación de agroquímicos y “deja en claro que es de suma importancia para la población tener una ordenanza que supere los 1.000 metros para las fumigaciones”, ya que no existe una “fumigación controlable” por meras razones físicas. Y explica: “Existe una deriva primaria, aquella que se produce al momento de la pulverización”; una “deriva secundaria: la que se genera en las horas siguientes a la aplicación”, y una deriva terciaria: “la que puede producirse semanas, meses o años después de la aplicación”. Cursos de agua, rocío, niebla, viento, desplazamiento de seres vivos; todo contribuye a una u otra, o a todas, por lo que el estudio, al hacer el reconocimiento de las tres define “que una distancia mínima de las pulverizaciones a los centros poblados debe llevarse a considerar distancias superiores a los 4.800 metros, que es la distancia máxima que puede recorrer la gota más pequeña de una aplicación en condiciones climáticas óptimas”.
Carpetas en mano los integrantes de La 18 dejaron el texto con un final contundente: “No queremos que nos envenenen más, ustedes nos han prometido tratar el tema antes de ser gobierno y es por eso que esperamos una reunión urgente para poder analizar y pensar esta situación, sin partes, porque acá hay un todo; todos y todas somos víctimas de este modelo que envenena. Por tal motivo esperamos ser recibidos y recibidas por ustedes”, les dicen al gobernador, la vicegobernadora, y al senador departamental.
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