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Guante blanco

Banda de los jueces: penan a ex magistrado y martillero por millonario fraude con cuentas judiciales

Después de diez años, los últimos dos acusados de conformar una banda delictiva dedicada al fraude fueron condenados, ahora en segunda instancia. El resto de los miembros del grupo: abogados, un ex secretario, otro ex magistrado y un empleado bancario habían sido sentenciados mediante abreviados

Foto gentileza La Capital (Virginia Benedetto)
Foto gentileza La Capital (Virginia Benedetto)
El ex juez Scavone.

Un tribunal de segunda instancia confirmó la condena impuesta a un martillero y a un ex juez civil por integrar una asociación ilícita destinada al fraude. A través de distintos artilugios, se hacían con el dinero depositado en cuentas judiciales que no tenían movimiento. Estos dos acusados fueron los últimos penados en una causa que llevó 10 años y que tuvo en el banquillo a abogados, a otro ex magistrado y hasta un empleado bancario condenados por la maniobra. La acusación estuvo a cargo del fiscal Carlos Covani.

Entre octubre de 2010 y finales del año 2012 funcionó una organización delictiva formada por profesionales del derecho, algunos de ellos nada menos que jueces, fue la acusación central contra estas personas. El fiscal explicó que el grupo formó una asociación ilícita que se apropiaba del dinero que se encontraba inmovilizado en cuentas judiciales a la orden de dos tribunales: el Civil y Comercial 17°, entonces a cargo del juez Alejandro Martín -destituido y condenado por este caso- y el Juzgado Civil y Comercial 1°, entonces comandado por el luego jubilado juez Jorge Scavone.

Explicó que la modalidad era apropiarse de esos fondos que estaban depositados en el Banco Municipal para lo que emitían órdenes de pago o disponían de esos fondos de manera directa.

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Este dinero era un remanente de causas civiles, remates, embargos, que quedaba depositado en cuentas judiciales como exceso, describió la Fiscalía para agregar que “generaban causas civiles ficticias desde las que se ordenaban embargos y transferencia de fondos; una vez que el dinero se encontraba transferidos, se libraba la orden de pago para hacerse con los billetes”.

Una denuncia del banco fue la punta del iceberg que dio lugar a la investigación en 2012. Los primeros en ser condenados fueron los abogados Jorge Heter y Luciano García Montaño; ellos intervinieron en las distintas presentaciones ficticias para hacerse del dinero, contó la fuente fiscal. Aceptaron acuerdos abreviados a penas condicionales en 2013. También el secretario del juzgado de Martín, en 2019. Se trata de Ricardo Lavaca, quien firmó un convenio a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial por 4 años para ejercer cargos públicos e inhabilitación especial para integrar el Poder Judicial por 10 años.

Luego fue el turno del juez Alejandro Martín, quien tras su destitución fue condenado a la pena de 5 años –sanción que se dispuso con un cumplimiento domiciliario por una cuestión de salud de su hija– como jefe de una asociación ilícita, falsedad ideológica y material de instrumento público, defraudación, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y el empleado bancario Tomás Martínez Etchenique, a la pena condicional de 3 años como integrante de la asociación ilícita y por 20 hechos de defraudación consumada y 5 hechos en grado de tentativa.

Finalmente llegaron a juicio oral y público el martillero Oscar Kovalesky, de 72 años, y el ex juez Jorge Scavone, quien accedió a la jubilación en 2010 y cuenta con 70 años.

El primero fue acusado como organizador del delito de asociación ilícita y de 53 hechos de defraudación calificada consumada y 5 tentativas. Para Scavone el requerimiento fue como miembro de la asociación ilícita, por 30 hechos de defraudación y de falsedad ideológica.

Por estos delitos fueron condenados a 8 años y 4 años y medio respectivamente en diciembre de 2021 por el tribunal compuesto por los jueces Nicolás Foppiani, José Luis Suárez y Valeria Pedrana; al martillero además lo inhabilitaron por 10 años para ejercer su profesión.

El fallo fue apelado por las defensas de ambos acusados y ahora un tribunal de segunda instancia integrado por los jueces Gustavo Salvador, Bibiana Alonso y Javier Beltramone confirmó la sentencia impuesta.

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