Martín Rey era el jefe de la brigada operativa de la Policía de Investigaciones y en tal función incluso encabezó conferencias de prensa. Para la Fiscalía, junto con su hermano Marcelo y los otros dos policías involucrados brindaban impunidad a la banda de Esteban Alvarado y eran parte de la asociación ilícita, según la acusación detallada este viernes en la audiencia imputativa.
El Volkswagen Up que participó en el ataque a la casa de la funcionaria del MPA de Rioja al 500 en enero pasado quedó grabado en las cámaras de seguridad públicas. Pero en ellas no se ve la patente. Esa misma mañana, Martín Rey estaba en la sala de monitoreo y buscaba un dominio que “resultó ser” del auto del testigo protegido, explicó uno de los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional Luis Schiappa Pietra.
A la vez, se presentó un informe de inteligencia seis días después ante la Fiscalía con ese número de patente: no figuraba el titular y lo incorporaron como un “dato de calle” que nunca se corroboró. Cuando se citó a los firmantes dijeron que la información la había aportado Martín Rey.
También le dijo a la Fiscalía en diciembre pasado que tenía información sobre unos colombianos que estaban escondidos en Pueblo Esther y estarían vinculados a las balaceras del 10 de diciembre, Según dijo se estarían aguantando en una propiedad de un hermano del prestamista Maldonado. Información que según el fiscal sabía que era falsa y pretendía desviar la lupa de Alvarado.
A su vez le achacaron ir con su hermano y otros dos uniformados de su brigada, que fueron quienes firmaron el informe dando la patente del WV Up, el 29 de abril de este año a un allanamiento en Rivero al 5200, donde según la Fiscalía plantaron uno de los celulares truchos que había provisto Alvarado para involucrar a Chulo Olivera, cercano a la banda de Los Monos, y al testigo protegido con mensajes para desviar la investigación.
Si bien no firmaron el acta, testigos los reconocieron como los policías que habían estado en el lugar, explicaron. Por este último hecho también imputaron a su hermano, Marcelo Rey. Según se ventiló en la audiencia, este policía está identificado como Puchero en una causa abierta en Santa Fe por encubrimiento policial a la llamada Banda de los Rosarinos, como bautizaron en Buenos Aires la organización, también mixta, dedicada el robo de vehículos y su desguace y melliceo que estaba liderada por Alvarado.
Por este caso, Alvarado recibió seis años y medio de cárcel en un juicio abreviado, condena que cumplía en libertad condicional –sólo le faltaban tres meses– cuando fue declarado prófugo el año pasado como instigador del crimen del prestamista Lucio Maldonado. “Hay varios mensajes donde aparece el apodo de Puchero”, explicaron.
Pablo Báncora era otro de los investigadores que estaba constantemente al lado de los fiscales de Gravedad Institucional. También participó en pesquisas de alto impacto como la de las balaceras atribuidas a banda de Los Monos. Le imputan filtrar información reservada. El 18 de septiembre envió un mensaje de whatsapp al celular de su colega Jorgelina Chaves, a quien le informaba los datos de Chulo y lo vinculo a las balaceras. Ambos policías insistieron en varias oportunidades para que los fiscales intervinieran ese teléfono.
A Báncora además se le imputó pasar información de allanamientos a una propiedad en Funes y a un taller, propiedad de otros dos integrantes de la banda. Data que después apareció en mensajes recuperados del celular de Alvarado. Los allanamientos “dieron negativo”. El imputado también le contó a una empleada de Fiscalía el dato de los colombianos aguantados en la casa de un hermano de Maldonado.
El cuarteto fue imputado de asociación ilícita, encubrimiento agravado por tratarse de un hecho grave, incumplimiento de los deberes y, para los dos últimos, cohecho. Para este delito los fiscales se ampararon en escuchas que hablan de darles dinero: “Esta conchuda ya está mangueando de vuelta, le vamos a dar 20 palos a ella y 50 al otro”. Según los funcionarios, este mensaje hace referencia a Chaves y Báncora.
También hay un testimonio que habla de una oferta a Báncora en un allanamiento en el country San Marino, donde recibió un ofrecimiento de un millón de pesos para evitar detalles del allanamiento. Mientras que el testigo protegido contó que este policía le dijo que era amigo de una oficial que trabajaba para Alvarado.
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