A más de dos décadas, la Justicia ordenó reabrir la causa por el vaciamiento del Banco Provincial en la que están involucrados 44 ex presidentes y ex directores que cumplieron funciones entre 1984 y 1999. La Cámara Federal de Rosario decidió esta semana que el archivo de la causa, decidido en 1993 por el ex juez federal Víctor Brusa –hoy sentenciado por crímenes de lesa humanidad–, es “cosa juzgada fraudulenta”.
La investigación por el vaciamiento del banco, previo a su venta concretada a fines de los 90, comenzó hace 25 años pero ninguno de los directivos implicados fue llamado a indagatoria. Por eso, el fallo de la Cámara habla de “apariencia vehemente de impunidad de un presunto delito de guante blanco”.
El ex fiscal federal Walter Rodríguez había pedido la “nulidad por cosa juzgada fraudulenta” al descubrir que se trató de una “investigación fingida”. La Cámara admitió su planteo y anuló una resolución del ex juez Brusa, firmada en junio de 1993, que había dispuesto el “sobreseimiento provisional de la causa” y su archivo. El reciente fallo declara que no existe “ningún obstáculo procesal, ni de índole jurídica diversa, para continuar seriamente el proceso”.
Vaciamiento
Antes de la venta del Banco Provincial a los hermanos Rohm, concretada entre 1996 y 1998 –bajo el primer gobierno de Jorge Obeid–, hubo un orquestado proceso de vaciamiento. Las investigaciones de la época comprobaron que la entidad otorgaba préstamos de 100 mil dólares por día a personas y empresas sin respaldo.
El proceso empezó durante la última dictadura. El diputado provincial Carlos Del Frade explicó: “El Banco Provincial termina siendo una de las 30 empresas estatales más endeudadas durante la dictadura. YPF es la más endeudada y la número 28 fue nuestro banco. Ya la dictadura había usado al banco para endeudarse con cosas que se compraron al exterior y nunca llegaron a la provincia. Ahí empieza el vaciamiento”.
Ya en democracia, entre 1983 y 1998, el diputado del Frente Social y Popular sostiene que “hay un proceso de vaciamiento muy grande, donde funcionarios de los distintos gobiernos y empresas van sacando créditos de forma permanente del banco, a veces de a 100 mil dólares por día, que terminaron vaciando la institución. Ese saqueo tiene responsables”.
Los hermanos Carlos y José Rohm –que luego terminarían condenados por lavado de dinero– compraron el Banco Provincial por monedas (57 millones de dólares), cuando al Estado santafesino le costó 1.000 millones de dólares sanear las cuentas de la entidad para su posterior venta. Ese costo lo empezó a pagar Obeid a fines del siglo pasado y lo terminó de pagar Hermes Binner en 2010.
Los hermanos Rohm se quedaron así con uno de los negocios más ordenados y menos riesgosos que puedan existir: el pago de sueldos (el Nuevo Banco de Santa Fe sigue siendo, al día de hoy, agente financiero de la provincia). El banco cobra por esos trámites de sus clientes, atados por ley. Se trata del Fondo Único de Cuentas Oficiales (Fuco), el gran negocio que hicieron los Rohm.
Sin avances en la causa
En abril la Cámara había anulado una resolución del juez Reynaldo Rodríguez, de junio de 2013, que absolvió por prescripción a los 44 imputados. Desde el fallo de Brusa, en 1993, al de Rodríguez, 20 años más tarde, no hubo avances en la Justicia porque no se impulsó la causa, según estableció la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El 30 de junio el diputado de la Coalición Cívica-ARI, Ariel Bermúdez, presentó un proyecto para que la provincia sea querellante en la causa caratulada “Altieri, Carlos Edgardo – Alzueta, Julio Cesar, s/ infracción Ley 20.840 – Denunciante: Vellio, Alberto Raúl”. El diputado pidió además la desclasificación total del informe de la comisión investigadora sobre el Banco de Santa Fe, presidida por Alfredo Nogueras. Si bien el documento fue desclasificado durante la gestión de Binner, parte de esa investigación recién será pública en el año 2028.
“El Informe Nogueras resulta un elemento sustancial para la historia de las privatizaciones de lo público y para la memoria colectiva en cuanto a hechos de corrupción que han ocurrido en nuestra provincia”, coincide el senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón. “La voluntad del propio Nogueras, como de quienes redactaron el informe, es que retorne a la gente y para ello es necesario su desclasificación”.
El informe surge del trabajo de un equipo de especialistas dirigidos por Alfredo Nogueras, quienes indagaron sobre la situación del Banco Santa Fe entre los años 1979 y 1991. El informe final fue entregado en agosto de 1997 al entonces gobernador Obeid.
El informe ignorado
El reciente fallo de la Cámara Federal deja en claro que en los últimos 20 años la Justicia nunca revisó el informe Nogueras. “Lo que refulge en esta causa que lleva más de 25 años de iniciada sin que ninguna persona fuera citada a prestar declaración indagatoria es la apariencia vehemente de impunidad de un presunto delito de guante blanco que habría culminado en la pérdida por parte del Estado provincial de su herramienta financiera más importante y centenaria, con un quebranto de entre 500 y 1.000 millones de dólares”, indicó el camarista Fernando Lorenzo Barbará.
Según el ex fiscal Rodríguez, “el tiempo transcurrido juega en contra de la Justicia. Pero la existencia del informe Nogueras permitirá encontrar datos muy valiosos para la causa”.
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