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Bancarios y policías esperan noticias del pago de deuda

Abogados de los reclamantes pidieron audiencia con el fiscal del Estado provincial, Jorge Barraguirre.

Después de la sanción de la ley que autoriza al Ejecutivo a formalizar los acuerdos con ex bancarios y policías para saldar –con títulos públicos– la histórica deuda del Estado, los abogados que representan a los reclamantes pidieron audiencia con el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, para comenzar a elaborar los convenios. El representante legal de los bancarios transferidos, Eduardo Cóceres, dijo que para sus clientes la sanción de la ley fue “un festejo”. Alrededor de mil trabajadores transferidos a la administración provincial tras la privatización del banco aguardan el desenlace de las negociaciones.

“Tenemos que hacer un corte en el tema de la deuda de lo ocurrido hasta 2006 y de lo que falta de 2006 hacia adelante. El pago del que se habla llega hasta 2006; a partir de allí, algunos agentes fueron recategorizados, algunos quedaron sin categorizar. Para los que no están categorizados, falta que el gobernador (Hermes Binner) firme el decreto otorgándoles la categoría actual. Hay gente que después de 20 años de antigüedad en el banco fue categorizada con categoría 1, que no existe en la administración. Ahora los clientes deberán ser interiorizados para ver si continúan con los juicios o si aceptan el pago que ofrece la provincia”, explicó Cóceres.

Según el abogado, la deuda promedio sería de 40 mil pesos por persona. El dato se los dio Barraguirre, pero el letrado lo tomó con pinzas: “No sé si tiene relevancia porque todos los casos son disímiles”. Si la cifra es correcta, al Estado le insumiría 40 millones de pesos el acuerdo con los bancarios transferidos. Con los agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario, los convenios llegarían a 85 millones. La Legislatura habilitó la emisión de títulos por 93 millones; el resto –el 30 por ciento de la deuda– deberá ser saldado en efectivo en diez cuotas bimestrales a partir de 2011. Los bonos también se entregarán en cuotas, aunque en un plazo mayor de 16 pagos trimestrales.

Cóceres consideró: “La norma sancionada el último jueves es el punto de partida para que el fiscal Barraguirre nos llame”. El abogado dio otros detalles sobre la situación de sus representados: “Es evidente que una persona que pasó a la provincia siendo gerente general del banco no puede estar en la administración pública con una categoría 4. Es un error gravísimo, que todas las administraciones dejaron pasar sin corregirlo. Por eso pediremos un reconocimiento a los efectos jubilatorios de la categoría que le hubiese correspondido, simplemente reconocerle la posibilidad de acceder a esa categoría. El propio interesado se haría cargo de los aportes, pero le permitiría ir a una jubilación que este acorde con los sueldos que traía cuando fue transferido desde el banco”.

Hace un mes, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del gobierno para avanzar con los convenios. Dos semanas más tarde, la mayoría justicialista en el Senado aprobó su propia iniciativa, que a diferencia de la original proponía el pago de un porcentaje en efectivo y el resto con títulos públicos.

El último jueves, diputados y senadores de la oposición y del oficialismo acordaron el proyecto que terminó sancionándose ese día: un mix de ambas iniciativas, en el que quedó incluida la pretensión del PJ de ofrecer a los acreedores el pago de hasta el 30 por ciento de la deuda en efectivo en diez cuotas bimestrales.

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