Marcos De Carlo
El gobierno nacional intenta por estos días volver a instalar un debate que ya ambicionó en otras oportunidades: bajar la edad imputabilidad. En 2017 lo planteó el ministro de Justicia Germán Garavano, esta vez fue el turno de la titular de la cartera de Seguridad Patricia Bullrich. El objetivo que persiguen es el mismo: que los 16 años ya no sea la edad a partir de la cual los niños, niñas y adolescentes sean juzgados por algunos delitos penales.
A diferencia de 2017 cuando solicitaron que se llevara a 14 años, esta vez la iniciativa de Cambiemos es bajar a 15 la edad de imputabilidad. Pero esa intención se esconde detrás de un anuncio más grande, el de sancionar un nuevo régimen penal juvenil, hoy regido por un decreto del dictador Rafael Videla. Para ello, la administración de Mauricio Macri ingresaría al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de poder debatirlo en las sesiones extraordinarias de febrero.
El Ciudadano consultó a referentes de distintos espacios políticos y todos coinciden en que sancionar un nuevo régimen penal juvenil es una “deuda de la democracia”, pero advierten que Cambiemos impulsa una movida con fines electoralistas, una manera de aglutinar a su núcleo duro de votantes que comulgan con una idea de mano dura en cuanto a seguridad pública se refiere. Además, advierten que bajar la edad de imputabilidad no es la solución para el combate del delito y que el lanzamiento mediático del tema intenta enmascarar el fracaso de Cambiemos en otros aspectos de su gestión, como el rumbo de la economía o la propia inseguridad.
“No resuelve los problemas”
El diputado nacional del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, atribuye la movida a una “estrategia electoral” de Bullrich: “No entendemos cuáles son los objetivos que buscan con una medida que no resuelve en absoluto los problemas de inseguridad que tiene la Argentina y mucho menos los problemas que tienen los niños, niñas y adolescentes”.
“Estamos en contra de bajar la edad de imputabilidad, entendemos que hay que construir un régimen penal juvenil porque es una deuda de la democracia y porque hasta acá hay un régimen administrativo de la dictadura militar firmado por decreto por Videla. Pero entendemos que es innecesario que bajemos la edad de imputabilidad porque no tiene ningún sentido desde las estadísticas”, agregó.
Y en ese sentido, Grosso aportó números del Consejo de la Magistratura: “De 175 homicidios en 2015 en la ciudad de Buenos Aires, sólo uno fue cometido por un menor de 16 años; además el Observatorio de Políticas Públicas en Seguridad de la provincia de Buenos Aires arrojó datos de que baja la participación de menores en delitos en los últimos cuatro años a partir de un estudio de todas las denuncias y causas donde hay involucrados menores”.
“Entonces, si la participación de menores en el delito es muy baja, y de menores de 16 años es más baja aún, y encima está bajando, para qué nosotros vamos a incorporarlos a la punibilidad a ese sector”, sintetizó el dirigente del Movimiento Evita.
“Está claro que tienen que ocultar el fracaso de lo que está pasando en Argentina todos los días: el fracaso en materia económica, el fracaso en materia de pobreza cero, el fracaso de la inflación, el fracaso en materia de trabajo. La verdad es que la crisis social y económica que vive la Argentina es gravísima, eso se ve reflejado en más desocupación, más pobreza, en más inflación, en más casos de inseguridad y quieren ocultarlo tratando de engañar a la gente porque nos proponen una falsa solución”, concluyó.
“Les rinde la mano dura”
El secretario de Juventudes de la provincia de Santa Fe, Pablo Lamberto, indicó que “no se debe caer en el discurso que pretende instalar el debate de la inseguridad vinculada a los jóvenes”. Al mismo tiempo, consideró necesario un nuevo régimen penal juvenil “que respete las garantías constitucionales y que las penas privativas sean la excepción y no la regla”.
“Como Estado no se puede sancionar con mayor antelación a aquellos sujetos que han visto vulnerados sus derechos desde niños y no visualizan oportunidades concretas para su desarrollo, como pretende hacer el gobierno nacional. La violencia no se resuelve bajando la edad de imputabilidad, lo que tienen que bajar es la pobreza y la desigualdad social. Los jóvenes no son el problema, ellos están en problemas al ser los más perjudicados dentro de una Argentina que excluye, con números alarmantes en relación al empleo juvenil”, aseguró el dirigente del Partido Socialista.
“El eje debe ser garantizar derechos y una igualdad social, con un abordaje preventivo desde las políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, educación, una vivienda, alimentos y contención social. Es necesario repensar el rol del Estado, apostando a la educación y la participación ciudadana”, afirmó Lamberto.
El secretario de Juventudes advirtió que “en el inicio de un año electoral, se intenta desviar el foco o les rinde la mano dura para la campaña”.
De igual forma, Lamberto subrayó que “penar una situación de los delitos cometidos por niños menores de 16 años en términos estadísticos resulta irrelevante”, pero sí remarcó “la falta de un código procesal penal juvenil”, ya que “se está generando una situación de injusticia para los menores de edad” y consideró necesario un nuevo régimen penal juvenil, “que no disminuya la edad de imputabilidad, que respecte las garantías constitucionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos y en el que las penas privativas de libertad como sanción sean la excepción y no la regla”.
“Se perdió mucho tiempo”
En tanto, el diputado nacional por el Frente Renovador, Alejandro Grandinetti expresó: “La discusión del régimen penal juvenil me parece que es válida, lo que no es válido es que el gobierno lo utiliza marketineramente”. En ese sentido, recordó que desde octubre de 2016 el espacio que lidera Sergio Massa tiene un proyecto en ese sentido pero que “ahora, en aras de que la economía está destruida y de que Cambiemos no tienen alternativa para generar expectativas de que vamos a estar mejor, entramos de lleno a un debate de esta manera”.
“Creemos que tenemos que tener un nuevo régimen global para jóvenes que están en conflicto con la ley penal. Y en ese sentido, planteábamos otros temas, desde cuestiones como llevar adelante trabajos en beneficio de la comunidad, reparación a la víctima a otras educativas como volver a encauzar al joven a que asista con regularidad al centro educacional. Y también terapéutico, porque hemos notado que en muchos casos la obligación que se le genera a los jóvenes está disociada de, por ejemplo, asistir a un tratamiento por alguna alteración psiquiátrica o de abuso de consumo de alcohol o drogas”, sintetizó.
Consultado sobre si se trata de una movida electoral, respondió: “No me caben dudas”. “Esto requiere de una discusión madura, tiene sus tiempos, sin apuros, generar consensos, hablar de lo recursos que vamos a necesitar para la infraestructura social que se necesita para los jóvenes que están en conflicto con la ley. Es mucho más que bajar la edad de imputabilidad. Estamos entrando a un año electoral, es más una reacción para tener un discurso acorde a lo que pasó con (en Brasil con Jair) Bolsonaro que algo meditado y profundo”.
Grandinetti prefirió no hacer eje en la edad de imputabilidad, aunque recordó que solo Argentina y Cuba la fijan en 16 años, a diferencia de otros países latinoamericanos que la ubican entre los 14 y los 12 años.
“La verdad es que se perdió mucho tiempo, como con todo porque el gobierno también anunció que iba a combatir el narcotráfico, la inseguridad y lo único que tenemos son anuncios y muchos trolls trabajando en las redes para instalar temas que no sean los de todos los días, como las pérdidas de los puestos de trabajo y la caída abrupta de la economía nacional que genera más pobres”, finalizó.
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