La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó ayer una amnistía para policías que cometieron delitos en el décimo día de huelga en Bahía, “horrorizada” por actos vandálicos que promueven, según conversaciones telefónicas grabadas, y afirmó que hay “otros motivos” en esa paralización por aumentos de salarios en vísperas del Carnaval. En tanto, la decisión de los huelguistas de abandonar la Asamblea Legislativa de Bahía, donde fue detenido su líder, Marco Prisco, no implica el fin de la huelga, pero ayer por la tarde se retomaron las negociaciones interrumpidas el pasado martes.
El gobernador del estado, Jacques Wagner, enfatizó que las grabaciones en las que Prisco llama a quemar camiones y bloquear rutas demuestran que “engañó” a los policías que reclaman pacíficamente un aumento salarial.
Por otra parte, el Legislativo de Río de Janeiro votó simbólicamente aumentos salariales para la Policía Militar, Civil y Bomberos del Estado, propuestos por el oficialismo, con enmiendas que introdujo la oposición, lo que permitió alcanzar un consenso mayoritario, horas antes de que una asamblea de uniformados decidiera anoche si se declaraba o no en huelga.
“Quedé horrorizada anteayer cuando escuché grabaciones (telefónicas entre líderes de la protesta policial) en la televisión, la TV Globo, sobre el hecho de que hay otros intereses envolviendo la paralización. Eso no es correcto” afirmó Rousseff en Pernambuco, durante una visita a las obras de la Ferrovía Transnorestina.
En la grabación, los huelguistas hablan de quemar camiones y bloquear una de la principales autopistas bahianas (la BR-116) y extender el paro a otros estados de Brasil, como Río de Janeiro y San Pablo.
“Hoy Brasil tiene una visión moderna de garantía de la ley y el orden y no consideramos que sea correcto instaurar el pánico, el miedo, crear situaciones que no son compatibles con una democracia”, señaló la mandataria.
Ayer por la mañana, los policías en huelga desocuparon la sede de la Asamblea Legislativa de Bahía, que tomaron hace 11 días para exigir sus reivindicaciones salariales, en las cuales incluyeron la revocación de las órdenes de arresto dictadas por la Justicia contra 12 de ellos por actos criminales.
“Si hay una manifestación no debe ser condenada”, dijo Rousseff, “pero actos ilícitos no pueden ser amnistiados, porque entonces nos convertimos en un país sin reglas” enfatizó la mandataria, y agregó que aguarda con expectativa el fin de la huelga de los policías militares de Bahía.
Por su parte, el gobernador Wagner sostuvo que quienes encabezaban la protesta “engañaron a los policías que adherían pacíficamente a la paralización”.
“Tengo la convicción de que los propios policías militares, al ver ese material (las grabaciones), van a entender que fueron engañados. Una cosa es buscar una mejora salarial, otra hacer actos de vandalismo para lograr ese fin”, dijo Wagner.
El gobernador convocó a los policías a volver al trabajo y dijo que “la democracia venció al miedo; se trataba de intimidar a las personas y esa intención principal quedó en evidencia”.
Wagner insistió en que los policías que adhirieron pacíficamente a la huelga no sufrirán ningún castigo, “pero los que usaron armas e incitaron a la violencia responderán a procesos judiciales y administrativos”.
En tanto, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó simbólicamente un proyecto de ley que anticipa un reajuste salarial a los policías civiles y militares, bomberos y penitenciarios del Estado, con un texto que sufrió modificaciones en relación con la propuesta original enviada por el gobernador Sérgio Cabral, del oficialista Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El texto aprobado fue considerado un avance por los diputados de la oposición y hasta por parlamentarios vinculados con las fuerzas de seguridad estaduales, ya que la propuesta inicial era considerada “insatisfactoria” por las asociaciones policiales. Anoche, una asamblea de policías y bomberos decidía si se continuaba o no con la huelga.
Por su parte, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, garantizó el envío de tropas del ejército a Río en caso de una huelga generalizada.
El proyecto votado simbólicamente, además de incluir un aumento en febrero de 2013, antes previsto en octubre del mismo año, garantiza un nuevo reajuste en febrero de 2014, con un alza que deberá ser el doble de la inflación del año anterior.
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