El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, se reunió este martes con los diputados y las diputadas que integran la Comisión de Seguimiento e Información de la causa que investiga a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad por presunta extorsión y cobro de coimas. Durante el encuentro coincidieron en la necesidad dotar de mayores recursos a la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de tal manera que haya “alertas tempranas” que permitan detectar a tiempo cualquier tipo de participación de los funcionarios judiciales en hechos delictivos.
El titular del MPA se reunió en Rosario con los integrantes de la Comisión de Seguimiento e Información de la causa penal que investiga a los fiscales Serjal y Ponce Asahad y al empleado judicial Nelson Ugolini por la presunta extorsión y cobro de coimas a una persona vinculada al juego clandestino. Durante el encuentro, Baclini les informó a los legisladores sobre las actuaciones del MPA en lo que tiene que ver con los controles internos y las necesidades que tiene la Auditoría General del organismo.
Según Baclini, el MPA está trabajando para que el año que viene se puedan “generar controles adecuados ante situaciones como estas y evitar que vuelvan a ocurrir”. En particular, tanto el fiscal general como los diputados coincidieron en que es necesario que la Auditoría del MPA –comandada por María Cecilia Vranicich– pueda disponer de mayores recursos para controlar el correcto desempeño de los fiscales y de sus ayudantes.
“Tenemos que ser autocríticos porque acá algo pasó”, señaló Baclini tras la audiencia. “Igualmente es muy difícil detectar estas situaciones cuando las personas involucradas están en niveles tan altos de la organización. No es tan sencillo generar anticuerpos o medidas preventivas”.
Luego, el fiscal general opinó que “es muy importante que se fortalezca la Auditoría porque va a llevar a cabo la investigación del desempeño de los fiscales y eso nos da un estándar diferente del actual porque nos va a permitir monitorear cómo los fiscales están llevando a cabo las resoluciones y nos va a permitir un monitoreo más puntual”.
“Para nosotros es muy importante a analizar con los legisladores la situación actual del Ministerio Público, la Auditoría y el Organismo de Investigaciones y pensar situaciones que ameriten un control específico porque nos va a permitir generar investigaciones diferentes a partir del personal que vamos capacitando”, finalizó Baclini.
Fiscales en el banquillo
El diputado del Frente Progresista Joaquín Blanco, presidente de la comisión, señaló que “es fundamental que estos organismos no sufran ajustes económicos que puedan desfinanciarlos y obstaculizar su tarea. También coincidimos en cuanto a dotar de más recursos específicos para el Organismo de Investigaciones en el presupuesto 2021”.
Según comentó Blanco, también estuvieron bajo análisis “la manera en que se selecciona el personal que asiste a los fiscales y los controles que hay que desarrollar para detectar incrementos patrimoniales injustificados y en cómo tener alertas tempranas cuando un fiscal decide no investigar un presunto delito”.
Blanco confió en que la causa que investiga a Serjal, Ponce Asahad y Ugolini “vaya a juicio rápidamente, como lo está esperando toda la sociedad. Creemos que tiene que arrancar este año. Es un hecho gravísimo y esperamos que no vuelva a suceder nunca más un episodio como este, en que el delito organizado se instala en la Fiscalía Regional de Rosario”.
Alertas tempranas
Por su parte, la diputada del PJ Matilde Bruera relató que “Baclini nos explicó que es muy difícil que haya alertas tempranas cuando los funcionarios implicados son de cargos altos (en referencia a Serjal). Y nos explicó que esas alertas, por ejemplo, son cuando un fiscal da órdenes negativos, es decir cuando ordena no investigar”.
Bruera coincidió en la evaluación sobre la situación de la Auditoría del MPA: “Tiene una estructura bastante pequeña, pocos recursos para abordar investigaciones importantes. El fiscal general está tratando de que se provea a la Auditoría de mayor cantidad de recursos para evitar en el futuro que estas cuestiones se sigan repitiendo”.
“Todavía no puedo adelantar una conclusión, pero lo importante es que este hecho se detecta a partir del propio MPA, que venía investigando el juego clandestino. Antes de 2018 el juego clandestino era una falta; desde que es un delito penal lo investiga el MPA y a partir de esa decisión política es que se detecta esta situación respecto del fiscal regional (Serjal) y del fiscal de homicidios (Ponce Asahad)”, concluyó la legisladora del PJ.
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