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Avanza la tarea de expropiar La Calamita, el campo de concentración de Granadero Baigorria que se convertirá en museo

El Senado provincial completó el procedimiento para modificar y perfeccionar la expropiación de la quinta donde se cometieron crímenes contra más de cien personas durante la última dictadura

Esta semana la Legislatura provincial dio un paso más en el largo proceso iniciado hace casi diez años para expropiar y construir un museo en la quinta La Calamita, ubicada en la ciudad de Granadero Baigorria, al norte de Rosario, donde se mantuvieron secuestradas a más de cien personas durante la última dictadura militar.

El Senado completó el pasado jueves 17 de octubre el procedimiento para modificar y perfeccionar la expropiación de la La Calamita. Fue a través de un proyecto de ley presentado por el actual diputado provincial y ex gobernador Omar Perotti y la diputada provincial y ex ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena.

En el mismo se aceptó la donación de una fracción de terreno con el cargo de emplazar en el lugar un Museo de la Memoria. La sanción definitiva, después de pasar por distintas comisiones, se dio el jueves pasado.

En sus fundamentos los legisladores habían planteado que “el inmueble ubicado en la ciudad de Granadero Baigorria, departamento Rosario, fue donado por Adriana Albina Alvares”, y, que “en esa propiedad funcionó durante la última dictadura militar el centro clandestino de detención conocido como ‘La Calamita’”.

El proceso ya lleva diez años: fue durante el gobierno de Antonio Bonfatti que se promulgó la Ley Nº 13.455 que declaró de interés general y dispuso la expropiación del predio donde funcionó este campo de concentración.

Qué pasó en La Calamita

Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, Argentina estuvo bajo el mando de las Fuerzas Armadas. A partir de los más de 300 juicios que se hicieron en el país desde que se reanudaron en 2006 se comprobó que durante ese periodo hubo un plan sistemático de persecución y exterminio contra una parte de la población argentina.

En todo el país, hasta ahora, se han localizado más de 800 lugares donde se planificaron o ejecutaron los delitos que incluyen: amenazas, secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desaparición de personas.

En Santa Fe hubo al menos 20 lugares así. Uno de ellos es conocido como La Calamita, una casa quinta ubicada en la zona rural de la localidad de Granadero Baigorria. Se trata de uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario.

Fue justicia: condena perpetua y cárcel común para todos los acusados en la causa Guerrieri IV

Allí, más de un centenar de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. El predio se destinará al emplazamiento de un Museo de la Memoria, en el marco del proceso de señalización de distintos puntos del territorio como sitios de memoria, con el objetivo de “referenciar un lugar de reflexión y transmisión de nuestro pasado reciente” y para avanzar en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos.

Además, va en línea con lo publicado en 2013 por el decreto de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y donde “sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país durante la última dictadura militar”.

Causa Guerrieri

Los crímenes cometidos en La Calamita se incluyen en la causa Guerrieri que investiga cómo funcionó el plan represivo que se montó en distintos CCD de Rosario y sus alrededores, bajo la órbita del Ejército.

Esos lugares son La Calamita en Granadero Baigorria, la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco (Ovidio Lagos y Zeballos), La Intermedia y La Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu”. Los crímenes ocurrieron entre 1977 y 1978. Para la última elevación del juicio, cuya condena fue en agosto de 2023, se constituyeron 116 casos.

La causa lleva el nombre de Pascual Oscar Guerrieri, que fue agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del CCD Quinta de Funes. La sentencia de la primera elevación de este juicio constituyó el primer fallo por crímenes de lesa humanidad en Rosario y fue en 2010.

La mayoría de las víctimas en la causa fueron asesinadas o desaparecidas.

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