La Cámara de Diputados de la provincia votó este jueves una profunda reforma del sistema penal y devolvió el proyecto al Senado, donde será tratado dentro de dos semanas. El objetivo principal de los cambios que se introducirán en el nuevo Código Procesal Penal es darles más herramientas a jueces y fiscales para la persecución e investigación de delitos penales.
La reforma del Código Procesal Penal había sido votada en septiembre del año pasado por la Cámara de Senadores, en medio de movilizaciones contra la inseguridad que se realizaron por esa época en Rosario y Santa Fe. “Hemos escuchado el clamor de la sociedad”, reconoció el jefe del bloque de diputados socialistas, Rubén Galassi, en referencia a las convocatorias de “Rosario sangra”.
Sin embargo, los diputados provinciales no aprobaron en forma definitiva la reforma sino que incluyeron algunos cambios al texto que había votado el Senado hace seis meses. Entre otros puntos, eliminaron la figura del “agente encubierto” –considerada inconstitucional– y moderaron algunos cambios que consideraron que podían alentar políticas de “mano dura”.
Debido a los cambios que introdujeron los diputados, el proyecto volvió al Senado, que ayer no sesionó. Si la Cámara alta acepta los cambios –algo que ayer todos daban por descontado, ya que se consensuaron entre diputados y senadores–, una vez que sea votada la reforma se convertirá en ley y se modificarán 53 artículos de los 400 que tiene el nuevo Código Procesal Penal sancionado en 2007.
En torno a la cuestión persisten diferencias políticas profundas. Por eso la votación, ayer en la Cámara de Diputados, no fue unánime. El oficialismo a pleno votó a favor, lo mismo que el interbloque de Cambiemos, aunque sus diputados se opusieron en la votación en particular a la extensión de los plazos de detención y a la flexibilización de los allanamientos. Los sub-bloques mayoritarios del PJ y los representantes del Frente Social y Popular votaron en contra.
Más herramientas
Los objetivos centrales de la reforma son darles más herramientas a jueces y fiscales –en ese sentido, se modera el espíritu “garantista” del Código– y también otorgarles más derecho a las víctimas de delitos penales. Es la primera reforma integral del nuevo Código, que había surgido del consenso de todos los espacios políticos una década atrás, pero que en los primeros años de aplicación mostró ciertas falencias.
El diputado oficialista Jorge Henn reconoció que “la experiencia a la hora de implementar este sistema demostró, como es lógico en estos temas, según los profesionales del derecho, ciertas falencias y dificultades que enfrentaban tanto fiscales como defensores a la hora de llevar adelante un juicio. En este marco el gobernador Miguel Lifschitz tomó cartas en el asunto y envió a la Legislatura un proyecto para reformar el Código Procesal Penal”.
Uno de los puntos centrales es la ampliación de los derechos de las víctimas. “Es una reforma que humaniza el sistema judicial porque nos acerca a las víctimas del dolor”, explicó Henn. “No sé en qué momento la palabra víctima empezó a ser reaccionaria, cuando en realidad la palabra víctima nos refiere a los niños desprotegidos, a las mujeres que sufren violencia de género, a todos aquellos que son víctimas de abuso del poder. Ellos son los grandes olvidados del proceso penal y muchas veces están condenados a sufrir en silencio los laberintos de la burocracia”.
Los cambios
Si el Senado convierte en ley la reforma, será obligatorio para todos los fiscales iniciar una acción penal cuando se haya cometido un hecho delictivo con un arma de fuego o haya existido violencia de género. También cuando el sospechoso haya sido descubierto en situación de flagrancia. Hasta ahora, la posibilidad de iniciar acciones penales quedaba a criterio del fiscal; con la reforma, será obligatorio.
También se modifica la prisión preventiva. Los jueces van a tener una mayor posibilidad de dictarla, manteniendo los mismos presupuestos pero sólo con recaudos: verosimilitud del derecho y peligro de fuga, o la proporcionalidad del delito. Se mantiene el criterio de rigurosidad y de tutela del imputado, pero se les da mayores facultades a los jueces.
En cuanto a las detenciones, se extenderá el plazo que ordenan los fiscales. En la actualidad es de 24 horas, prorrogables por otras 24; la propuesta implica 72 horas con una prórroga de 24. También se extiende el plazo para la audiencia imputativa.
La reforma establece además una mayor rigurosidad en el procedimiento del juicio abreviado cuando se trate de delitos graves como homicidio. En el caso de penas mayores a seis años, se exigirá la conformidad no sólo del fiscal regional, sino también del fiscal general de la provincia.
Debate caliente
A raíz de un proyecto de comunicación en solidaridad con los 350 trabajadores de la planta de Alvear suspendidos por General Motors, hubo un intenso debate en Diputados durante el cual distintos sectores (Frente Progresista, kirchnerismo, Frente Social y Popular) coincidieron en remarcar que no se trata de una crisis generada en la empresa sino que responde a una política de reprimarización de la economía por parte del gobierno nacional. Carlos Del Frade (FSP) dijo que GM informó ganancias por $1.700 millones en su último balance. “GM miente, inventaron una crisis”, tiró Del Frade. El kirchnerista Héctor Cavallero y la oficialista Verónica coincidieron: “No están en crisis”.
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