Alvaro Arellano
Durante los últimos días el precio internacional del trigo y su consecuente traslado a precios ocuparon la agenda política y económica en Argentina. Más allá de las dificultades que puede representar para molineros o para panaderos (actores con voz en este conflicto), se trata de una cuestión más que sensible ya que determina el precio que pagarán los consumidores por el pan durante los próximos días.
En el intento por contrarrestar los niveles de inflación que arrastra el país y que se profundizaron durante los últimos meses con poca perspectiva de ceder, el gobierno nacional oficializó la conformación del fondo estabilizador del trigo. Una iniciativa que va de la mano con el aumento (o restauración) de la alícuota que pagan por derechos de exportación la harina y aceite de soja.
Con lo recaudado a partir de esos dos puntos porcentuales adicionales, el gobierno contará con un fondo para volcar al sector molinero, y cubrir la diferencia entre lo que pagaban por el trigo antes del conflicto internacional y lo que pagan ahora. De esta manera, desde el Ejecutivo suponen que ese sector no tendrá aumentos en materia prima que trasladar a su producto final.
La decisión dividió las aguas entre los eslabones que conforman la elaboración del pan que llega a las mesas argentinas. Mientras que un sector de industriales panaderos locales respaldaron la medida y hasta consideraron que puede significar una rebaja en el precio de venta, el sector molinero bajó una línea de rechazo desde su conducción nacional.
Esas críticas tienen más que ver con la restauración de los dos puntos porcentuales en alícuotas a retenciones, que con la decisión en sí de conformar el fideicomiso, que en definitiva terminará subsidiando a su propia producción. El rechazo también se funda en que los subsidios deberían estar destinados a la demanda (al consumo poblacional) y no a la producción.
Fue claro el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti el miércoles pasado acerca de la postura del gobierno: “Molineros que aumentaron la harina de $1.300 a $1.900, tenían acopiado un millón cien mil toneladas de trigo”. Fue en una dura conferencia de prensa en la que fustigó a quienes “quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4×4 y salen a las rutas a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza”.
Los panaderos, en cambio, lo ven como una posibilidad de ponerle un techo al precio a uno de los insumos con participación en la conformación de costos. De hecho hablan de una rebaja de entre el 15% y 20% en el precio del pan si la iniciativa se pone en práctica. Hasta hace algunas semanas, la bolsa de harina estaba 1.100 pesos, pero a principios de esta semana llegó a los 2.100.
Consideran que con la implementación del fondo estabilizador a partir de abril, esa diferencia debe achicarse de inmediato y de esa manera ellos estarán dispuestos a un traslado directo en precios al mostrador.
A la espera del ok
En diálogo con El Ciudadano, el titular de la Asociación de Industriales Panaderos, Gerardo Di Cosco, anticipó que el martes serán recibidos en Capital Federal por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien brindará detalles sobre la implementación del fideicomiso del trigo y su impacto en el sector panadero.
El referente local, celebró el anuncio, pero advirtió: “Esperemos que los molineros no vendan la harina subsidiada solo a las grandes firmas. Porque sabemos que después esas grandes firmas se las venden a panaderías ilegales y eso genera distorsiones. Esperamos que se venda directo a los panaderos”.
Desde el sector panadero hay malestar con los molineros, luego de que se manifestaran en contra de la iniciativa del gobierno, pese a que la implementación del fideicomiso tiene como objetivo subsidiar parte del trigo que ellos compran.
Los comerciantes sostienen que la harina representa un 30% en la composición de costos y con la rebaja que esperan a partir del fondo estabilizador, podrían cumplir con el compromiso de vender el kilo de pan en un rango de entre 220 y 260 pesos el kilo.
“Hoy por hoy nosotros hacemos costos semanalmente y el pan está para vender a 260 pesos el kilo en mostrador. Si se implementa esta medida, podemos bajar un 10% o un 15%, depende de la producción que tenga cada panadería”, explicó Di Cosco.
Estos últimos días recibieron la bolsa de harina por hasta 2.100 pesos. De acuerdo a los cálculos que estuvieron elaborando, el subsidio a los industriales molineros posibilitaría rebajar el precio de la bolsa a precios de febrero, lo cual la llevaría a 1.300 pesos con los impuestos incluidos.
Por el momento, es solo un anuncio, aunque confían en la convocatoria de Feletti para poner en marcha este mecanismo a partir del 1 de abril.
Los molineros le bajaron el pulgar
Pese a que todavía no se puso en marcha oficialmente el fideicomiso, desde el sector molinero no se demoraron en manifestar su rechazo. Inmediatamente después del anuncio que hizo en soledad el ministro de Producción, Matías Kulfas, la Cámara de Industriales Molineros le bajó el pulgar.
Consideraron que la intervenciones de este tipo por parte del Ejecutivo “han dado nulos resultados” provocando “serias distorsiones” y una “sustancial merma en las intenciones de siembra”. Difícilmente se pueda considerar que la gravedad del conflicto internacional actual tenga correlato con alguna situación previa durante los últimos años.
De todas maneras, los molineros señalaron: “Reiteramos que nuestro país necesita imperiosamente reglas de juego estables y políticas de estado que permitan aumentar la producción y exportación de los productos agroindustriales que el mundo demanda; favoreciendo el agregado de valor en origen que permita incrementar la utilización de mano de obra nacional y generar un mayor ingreso de divisas”.
Para terminar de desmarcarse de la iniciativa oficial, propusieron su alternativa y expusieron que “el camino debe ser a través un subsidio de la demanda y no mediante la creación de un fideicomiso para subsidiar la compra de trigo por parte de los molinos; ya que los supuestos beneficios se diluyen en los diferentes eslabones, dilapidando recursos que deben llegar a los sectores más vulnerables de la población”.
Quien se sumó al rechazo, fue la directiva de la Bolsa de Comercio Rosario. Desde la entidad se pegaron a la negativa de la Cámara de Industriales Molineros y suscribieron: “El consumo de harina, pan, galletitas y fideos, que ronda los 90 kilogramos por habitante al año, podría ser subsidiado por el Gobierno, inyectando los fondos directamente las tarjetas alimentarias existentes para la población más vulnerable; evitando subsidiar el consumo de quienes no lo necesitan y sin intervenir los mercados, con nefastas consecuencias que ello ha tenido en el pasado”.
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