El dictamen del Tribunal de Cuentas que desestimó la urgencia invocada por el gobierno provincial para adjudicar en forma directa por el término de seis meses la operatoria de la autopista Rosario-Santa Fe, removió el ya convulsionado escenario provincial en torno a este tema. Tanto es así que, en medio del rechazo unánime del socialismo a la observación, definida por el diputado Raúl Lamberto como de “poca sustancia”, los presidentes de bloques peronistas de Diputados se presentaron ayer en los Tribunales de Santa Fe con la intención de dirimir en la Justicia los reclamos que le hacen al gobierno sobre este tema.
El diputado kirchnerista Luis Rubeo argumentó que acudieron a la Justicia “ante la negativa del oficialismo para conformar una comisión bicameral de seguimiento de los dictámenes del Tribunal de Cuentas”.
Desde el oficialismo, mientras tanto, salieron a desestimar la observación del organismo de control. El diputado Raúl Lamberto dijo: “El Tribunal de Cuentas habla de que no está acreditada la urgencia y centralmente menciona que los pliegos ya estaban hechos, o sea que no era nada imprevisto para la Gobernación el hecho de que culminara la concesión. Eso es una obviedad, el tema no es que estén o no hechos los pliegos, o que se sepa cuándo culmina una concesión: el problema es el mercado”, se quejó el legislador, quien además definió al fallo como de “muy poca sustancia” y objetó la falta de actuación del Tribunal de Cuentas en casos de corrupción inherentes a gestiones justicialistas, como el caso de la compra de motoniveladoras a China, durante la gestión de Jorge Obeid.
Lejos de estos argumentos se mantuvo Rubeo, quien pidió “que el gobernador asuma el error, que se retrotraiga y que haga caso al Tribunal de Cuentas, que pide remitir todo a la Legislatura para que ésta apruebe el llamado a licitación”.
El diputado justificó la decisión de presentarse en Tribunales “para que sea la Justicia provincial quien determine si se cometió algún tipo de ilícito”.
“Desde nuestro punto de vista, habría que volver a que la provincia tome la administración de la autopista”, siguió diciendo Rubeo, para luego aclarar que hoy se está facturando en el peaje 4 millones y medio de pesos, “que no es una cifra menor”, y argumentó que “con eso alcanza para hacer el bacheo, cortar los yuyos y pagarle a los empleados. Creo que ese monto que factura la autopista hoy dejaría utilidades en la provincia que se las está llevando un privado”, remató el diputado kirchnerista.
Desde los distintos bloques del PJ se informó ayer que el próximo miércoles harán una presentación formal a la prensa, con los detalles de la denuncia judicial.
Otro que se sumó a la polémica fue el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Boggiano, quien descartó que el Ejecutivo provincial piense en dar un paso atrás con respecto a la concesión de la autopista. El funcionario dijo ayer que pudo darle “una lectura rápida al informe” y que lo remitió “al área jurídica correspondiente”. Ahora la Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Barraguirre, tendrá a su cargo el análisis del documento y la elaboración de una respuesta.
Según Boggiano el cuerpo de contralor “no se aparta en nada de lo que oportunamente nos comentara la oposición”, pero igualmente recordó que “más allá del contenido de esta observación legal estamos convencidos de haber operado de la manera más ajustada a derecho”.
En el mismo sentido se manifestó el gobernador Hermes Binner, para quien “no hay problema” en que el PJ vaya a la Justicia por la concesión de la autopista a un consorcio formado ad hoc.
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