Luciana Mangó
La Justicia intimó a Vialidad Nacional a que informe en el plazo de 3 días quiénes son los encargados de reparar y mantener la seguridad de la autopista Rosario-Córdoba. Así lo resolvió la jueza Sylvia Aramberri tras la presentación que hizo la ONG Usuarios y Consumidores de Rosario sobre el pésimo estado de seguridad que brinda el sector, en especial en el tramo que va de Carcarañá a Roldán. Tras una serie de quejas, que incluyeron la decisión de la intendencia de Carcarañá de suspender el cobro del peaje, el gobierno nacional anunció que los primeros días de marzo comenzarán las obras de refacción.
“Es un avance importante. El pedido de la jueza genera una presión fuerte para que hagan las obras. Van a tener que explicar qué empresas van a reparar, cómo y cuándo lo harán. No es una decisión que puedan tomar livianamente. Sino envían el informe, la Justicia lo decidirá”, dijo a El Ciudadano Juliana Ruchelli, abogada de la ONG.
En los primeros días de febrero, la ONG inició una demanda colectiva para solicitar mayor seguridad en la autopista. Una semana antes, la Defensoría del Pueblo provincial emitió un pedido en el mismo sentido tras advertir que aumentaron las denuncias por el “deplorable” estado del corredor. Por el sector circulan cientos de miles de vehículos al año y en los últimos meses se registraron gran cantidad de siniestros, algunos fatales, por las malas condiciones del asfalto.
El año pasado, la ONG intimó a los concesionarios para que reparen el tramo comprendido entre Carcarañá y Roldán, a la altura de los kilómetros 336 al 314. Enviaron una carta documento a la empresa Corredor Panamericano II SA, pero no obtuvieron respuestas. En diciembre lo reforzaron con un petitorio para el que juntaron más de 5 mil firmas en tres días.
Ante la negativa, redoblaron la apuesta y presentaron una acción colectiva que recayó en el Juzgado Federal N°1. La medida tiene como objetivo prevenir futuros accidentes. Pide que la justicia intervenga y ordene a la Dirección Nacional de Vialidad que repare, mantenga y señalice la trama para garantizar la seguridad de quienes la transitan a diario.
Este viernes la Sylvia Aramberri pidió a Vialidad Nacional que en las primeras horas del miércoles próximo presente un informe detallando qué empresas están a cargo de reparar y mantener la calzada.
“No se puede jugar con la seguridad de la gente. Ya reconocieron que la ruta estaba deplorable. Ahora tratamos de establecer cómo y cuándo hacer las obras para repararla. Sino presentan el informe, la justicia puede decidir sin ellos”, explicó Ruchelli, y aclaró que la medida representa a todos los usuarios de la autopista.
Clausura
A mediados de febrero, la intendenta de Carcarañá, Verónica Schuager, había clausurado el peaje de la autopista. Lo resolvió porque la compañía concesionaria Corredor Panamericano debía el pago del Derecho de Registro e Inspección (Drei) y le faltaba una habilitación para trabajar en la zona. Al final, al día siguiente la firma pagó y pudo volver a habilitar la cabina.
La decisión se sumó al proyecto del Concejo Municipal de Cañada de Gómez de suspender por tiempo indeterminado el cobro de peaje hasta que se hagan las obras que mejoren la calzada. Pero en este caso la iniciativa aún no prosperó.
Por su parte, el diputado nacional del Frente Progresista Cívico y Social, Luís Contigiani, presentó otra iniciativa para que el gobierno Nacional declare la emergencia vial en el tramo Roldán- Carcarañá. También pidió la revocación de la concesión de Corredor Panamericano II S.A. por incumplimiento del contrato.
La empresa no tardó en responder: responsabilizó a Vialidad Nacional por no habilitarlos a ejecutar las obras para mejorar el mal estado de la zona.
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