Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe
Con los votos del bloque justicialista, el Senado dio media sanción ayer a un proyecto que propone consagrar la autonomía municipal y por el cual las llamadas ciudades “de primera categoría” (Rosario y Santa Fe) deberán dictar sus propias cartas orgánicas. El oficialismo no acompañó la iniciativa –el senador Juan Carlos Zabalza explicó que apoyan la idea de fondo pero agregó que no están de acuerdo con algunos aspectos puntales del proyecto– y se estima que lo mismo hará el mayoritario bloque del Frente Progresista cuando el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados.
La media sanción, votada en la sesión de ayer, permitió cotejar las posiciones que el PJ y el oficialismo tienen sobre la autonomía municipal. Desde el Frente Progresista quieren que se instaure a través de una reforma de la Constitución, de modo que no pueda ser eliminada o modificada por una ley. Sobre el proyecto de los senadores del PJ, el rosarino Zabalza explicó que es errático y que superpone funciones. Los opositores retrucaron que socialistas y radicales no quieren dotar de autonomía a los municipios de la provincia.
La iniciativa del PJ propone que se consagre la autonomía para todas las ciudades de la provincia, que los municipios de primera categoría dicten sus cartas orgánicas –que deberán ser elaboradas por una convención municipal elegida por el voto popular– y que para los municipios de segunda categoría sea opcional el dictado de la carta orgánica.
Aspectos salientes del proyecto
Según el proyecto, las cartas orgánicas deberán asegurar cuatro aspectos puntuales: el sistema representativo y republicano, con elección directa de sus autoridades y el voto universal, igual, secreto, obligatorio y de extranjeros; la publicidad de los actos de gobierno y el acceso a la información pública municipal por parte de los ciudadanos; un régimen de control de las cuentas públicas, y el reconocimiento a las organizaciones vecinales.
La iniciativa mantiene en los mismos términos que la actual ley orgánica de municipios (2.756) la forma en que se conformarán los gobiernos locales: un intendente municipal elegido directamente por el pueblo y por un período de cuatro años y un Concejo Municipal elegido de la misma manera, con representación minoritaria y renovación bianual por mitades.
El proyecto del PJ establece además que el sistema tributario debe permitir que los gobiernos municipales cuenten con “recursos financieros suficientes para una eficaz gestión de sus intereses locales”. Ese sistema tributario deberá estar constituido sobre la base de los principios constitucionales de tributación y en armonía con el régimen provincial, interprovincial y federal.
También se mantiene vigente la posibilidad de que los municipios puedan celebrar acuerdos y convenios con el gobierno provincial, y a la vez los senadores del PJ pusieron especial énfasis en que esos acuerdos traten sobre seguridad pública. Además, se dispone la facultad de que puedan celebrar acuerdos con otros municipios y comunas a los fines de conformar, con la aprobación del gobierno de la provincia, regiones metropolitanas para la prestación de servicios, realización de obras públicas, cooperación técnica o actividades de interés común.
En el proyecto se dispone crear de un fondo especial de amortización “para atender los compromisos de los empréstitos que contraigan, sin que en ningún caso el servicio de la totalidad de los mismos pueda comprometer más de la quinta parte de los recursos del ejercicio”. A la vez, establece la incorporación de los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria de mandatos, pero no de consulta popular.
En ese aspecto el oficialismo acuerda, pero quiere que esos institutos se incluyan en la nueva Constitución provincial, un tema por el que no hay acuerdo aún y que demandará una larga negociación entre las principales fuerzas políticas de la provincia. Por último, el proyecto que ahora ingresará a la Cámara baja –donde el oficialismo tiene mayoría propia para tumbarlo– dispone que los municipios puedan participar en materia educativa, de seguridad pública, de salud y de acción social “con los límites establecidos en la Constitución, las leyes de la provincia y los convenios suscriptos”.
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