Hace casi un mes, este medio dio a conocer un hecho que luego cobró gran trascendencia a nivel local. Todo comenzó cuando el edil Alberto Cortés denunció la presunta persecución política por parte del Ejecutivo contra un empleado de la Secretaría de Economía Solidaria municipal. Según el concejal, se investigaba al agente por su supuesta participación en el piquete que organizaciones sociales realizaron el 14 de junio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Y añadió que incorporó como prueba de esa acusación las imágenes de una videocámara municipal instalada enfrente de esa sede provincial. El legislador de Proyecto Sur había planteado (como después lo haría el propio trabajador) que ese foco está allí no tanto para prevenir delitos sino que se utiliza para identificar a quienes realicen protestas. Ese solo hecho puso sobre la superficie algunas dudas sobre el uso y el tratamiento que se les da a las imágenes, hecho del que poco se sabe.
Lo cierto es que en ese marco, a nivel provincial existe una ley que regula las cámaras de seguridad, pero que el Ejecutivo santafesino aún no reglamentó dejando así un vacío legal. En el plano local el panorama es similar: nada se conoce sobre la normativa impulsada por el municipio, ya que el decreto (la iniciativa nunca pasó por el Concejo Municipal) que puso en marcha el Centro de Monitoreo, los protocolos de uso y manuales de procedimiento del sistema de videovigilancia no está publicado en el Boletín Oficial. Al mismo tiempo, y producto de la falta de reglamentación provincial, todavía no se estableció ningún organismo de control externo a pesar de que se avanza con las instalaciones y, además, aún no se ha colocado la cartelería informativa correspondiente en cada lugar donde hay un “ojo”.
La historia de la ley y lo que falta
Luego de un arduo debate, el 17 de octubre del año pasado la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley por el cual se regula el uso de videocámaras con fines de colaborar con la tarea de los organismos de seguridad. El debate giró en torno a qué se debe privilegiar: si la seguridad o el derecho a la intimidad. No hubo votos en contra, sólo dos abstenciones. En tanto, la ley fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de diciembre, poco más de dos meses después. Sin embargo, el Poder Ejecutivo provincial aún no la reglamentó.
En medio de ese proceso, el 17 de noviembre, el municipio puso en marcha el llamado a licitación de equipos en el marco de la instalación del sistema en su primera etapa. Y se fue avanzando a buen ritmo. Tanto, que el pasado 13 de junio, a poco más de un mes de las elecciones locales y provinciales, todo se puso en marcha con 19 cámaras en funcionamiento (la idea es que sean 20, pero resta que comience a actuar la que irá en el Distrito Sudoeste) y con el Centro de Monitoreo de esas imágenes . El criterio adoptado fue el de ubicar los equipos de filmación en lugares públicos y de concentración masiva. El último llamado a licitación, en tanto, se produjo el 17 de julio pasado. Esta vez, con una apuesta más importante, ya que es para la colocación de 80 cámaras más. La idea es llegar así con un centenar a fin de año.
Lo cierto es que todo prospera sin la reglamentación de la normativa provincial. El especialista en derecho constitucional Oscar Puccinelli, quien además integra la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, destacó que son “el desarrollo de los principios” y de los “mecanismos de control” de cada uno de los sistemas implementados en cada localidad santafesina lo que aún no se ha puesto en marcha al no estar en práctica la ley provincial 13.164.
“Lo que controlaría no son sólo los datos públicos y paraestatales sino también que los privados no se excedan más de lo que están autorizados, que es a grabar el interior de un comercio y la fachada, no más que eso. La autoridad de aplicación debería crear un registro, establecer parámetros para lo lícito”, sostuvo Puccinelli,
El abogado explicó que “por más que la disposición municipal cuente con un protocolo de uso, eso debería ser establecido por la ley provincial” sin funcionamiento. “Si en algún momento surge una ley a nivel nacional al respecto, ésta deberá adaptarse. Y no habrá inconvenientes ya que Santa Fe está acomodada a los estándares internacionales”, agregó.
En tanto, y ya a nivel local, Puccinelli también expuso que cuando se crea un registro de videovigilancia urbana como el implementado en Rosario, debe informarse mediante el Boletín Oficial municipal el contenido de la propia iniciativa. En el sitio web del municipio sólo se pueden ver los dos llamados a licitación expuestos anteriormente. Allí no figura el decreto que creó el Centro de Monitoreo ni cuestiones vinculadas a los protocolos de uso o manuales de procedimiento.
El abogado constitucionalista, al mismo tiempo, recordó que en la ley sancionada en la Legislatura provincial el artículo 11 puntualiza “a quién se autoriza y cuáles son las condiciones para que se puedan ceder las imágenes obtenidas. Además, quién las puede pedir”. “Todo eso tiene que estar bien claro también en el decreto municipal. Y siempre relacionado con los fines legalmente asignados a ese organismo”, explicó el letrado, quien dijo desconocer si todo esta “tan detallado” en el decreto municipal.
“Pero además hay otra cosa importante que no aún está. Y es que el municipio tendrá que tener su propio organismo de control. Y eso tiene que ser una unidad externa a la Dirección del Centro de Monitoreo y debería estar integrada por especialistas y referentes de la sociedad, como ONGs, cámaras empresariales, cuestión que dé tranquilidad a la ciudadanía”, añadió Puccinelli.
Al respecto, Patricio Campbell, director del Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana que funciona en el edifico de la Guardia Urbana Municipal, aceptó que la ley provincial regulatoria prevé la conformación de una “comisión de garantías” con integrantes de la sociedad civil. El funcionario admitió que como no está reglamentada dicha normativa, esa unidad aún no está en funcionamiento. Y estimó que ese paso se dará a fin de mes.
En tanto, otra cuestión aún pendiente está vinculada al denominado “principio del consentimiento informado”, que implica la necesidad de que exista cartelería indicativa en cada área sometida a la videovigilancia. Campbell indicó que todo ese material ya está hecho. “Con la terminación del contrato de la primera etapa de instalaciones (falta aún colocar la cámara del Distrito Sudoeste) se va a colocar la cartelería informativa”, explicó finalmente el funcionario.
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