Por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir
El Misoprostol es un medicamento esencial para la garantía de abortos seguros. Actualmente el precio del Oxaprost supera los 6.000 pesos. En el 2012, la caja de Oxaprost era de 330 pesos, alcanzando en mayo de este año los 5.875 pesos, lo que representa un 47% del salario mínimo vital y móvil. (Fund. Soberanía Alimentaria. Informe Nº 45/mayo 2019)
Cuando este medicamento se torna económicamente inaccesible se empuja a las personas de menores recursos económicos (que muchas veces no acceden a la información y acompañamientos seguros) a prácticas de aborto inseguras. Dichos procedimientos dañan, en muchos casos de manera permanente, la salud de mujeres y personas gestantes. Se perpetúa entonces el escenario de injusticia social, en el cual abortar y no perder la vida constituye un privilegio de clase.
En el año 2005 la Organización Mundial de la Salud incluyó el misoprostol en su lista de medicamentos esenciales por haberse demostrado su eficacia y perfil de seguridad para el tratamiento de personas en situación de aborto. Es importante tener presente que hablar de misoprostol no es hablar de cualquier medicamento.
Hablamos de una droga que en el último tiempo fue demonizada por los organismos antiderechos, que continúan haciendo circular información falsa por su supuesta peligrosidad.
Hablamos de un medicamento que hasta hace unos pocos años las farmacias se negaban a venderlo, o lo comercializaban poniéndole altísimos precios, tomando provecho de su baja disponibilidad y del estigma social.
Hablamos de una droga que hasta el año pasado solo se encontraba en nuestro país a través del nombre comercial Oxaprost (misoprosol + diclofenac) medicamento inicialmente utilizado como antiinflamatorio en personas con afecciones gástricas (para emplearlo se debe retirar artesanalmente el núcleo de diclofenac), producido por el laboratorio Beta, que hasta ese entonces ostentaba su monopolio. En octubre de 2018 la Anmat aprobó el uso ginecológico del misoprostol y el laboratorio Dominguez lanzó al mercado el Misop (misoprostol solo), cuyo precio, que ronda los 3800 pesos, también se incrementa paulatinamente y no se encuentra disponible de igual forma en todas las provincias.
Hablamos de un medicamento que en el año 2014 había ingresado al Programa Precios Cuidado, siendo transgredido por el laboratorio Beta tras el ardid de modificar su presentación, aumentando el número de comprimidos por cada caja (superando los requeridos para un tratamiento).
Hablamos de una droga que el Estado debería proveer a todos los efectores de salud para garantizar interrupciones legales del embarazo (ILE) que contempla nuestro marco legal actual, pero esto no sucede de igual modo en todo el territorio. A esta falta de abastecimiento por parte del Estado, se suma la necesidad de garantizar su cobertura por parte de las obras sociales, que en forma aislada y gradualmente, comienzan a reconocerla en sus vademécums desde fines de 2018.
Como queda expuesto el precio del misoprostol no solo fluctúa por la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país, también lo hace debido a la especulación del mercado y al poder monopólico de las empresas farmacéuticas.
Instamos a los organismos del Estado a que intervengan y controlen el precio del misoprostol.
Exigimos a los distintos gobiernos provinciales que provean este medicamento a las instituciones de salud para poder garantizar las Iles.
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