En la primera jornada pública realizada este lunes para definir el precio del gas en boca de pozo, el Gobierno consideró que si no hay partidas presupuestarias adicionales, las tarifas deberán aumentar en un rango de entre 17% y 35%. Así lo estimó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, quien precisó que en la actualidad “el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”, en el caso de residenciales y comercios, aunque aclaró que los ajustes estarán “detrás de los salarios y jubilaciones”.
Este martes el gobierno nacional habilitó la segunda jornada de audiencias públicas para debatir sobre la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, con el objeto de poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición por el Decreto 1020 -el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente.
Durante la primera jornada, Videla Oporto realizó una proyección sobre los valores de las facturas de gas y explicó: “Las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio, que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera, o que se aplique una segmentación tarifaria real”.
Explicó que en los próximos diez días hábiles se emitirá un informe final del proceso de audiencia pública sobre la tarifa de transición, y en 30 días hábiles, desde el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución que informará qué resolverán con esa porción del precio del gas para la demanda prioritaria.
La discusión se concentró sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
Un reciente informe de la Secretaría de Energía puntualizó que el Estado nacional tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria, que este año demandaría un costo fiscal de 132.963 millones de pesos.
“Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó durante su exposición la subsecretaria de Hidrocarburos.
La audiencia se realizó de manera virtual y fue encabezada por la subsecretaria de Hidrocarburos, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.
En representación de las empresas, expuso Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea.
Intervenciones
Por su parte, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, aseguró que “los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.
José Luis Ramón, diputado y presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, señaló que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.
La diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre (UCR), se quejó porque la convocatoria es “para legitimar el porcentaje de subsidio con el que el Tesoro Nacional va a intentar sostener la importación de gas para el abastecimiento de la demanda primaria en 2021”.
“La fiesta de los subsidios los pagamos todos los argentinos”, consideró la legisladora. Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos aplicados durante la presidencia de Mauricio Macri.
“Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó. Héctor Polino, de Consumidores Libres.
Además sostuvo que “no podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”.
Las distribuidoras que participarán de las audiencias y que presentaron sus requerimientos son Metrogas, Naturgy BAN, Gasnea, Redengas; Gasnor, Gas del Centro, Gas Cuyana, Litoral, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.
También lo harán las empresas Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN), quienes pretenden ajustes de hasta el 58%, según anticiparon. Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, “que el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, con impuestos, o tomando deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir. Parte de esa emisión termina presionando sobre el tipo de cambio”.
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