Una mujer oriunda de República Dominicana fue detenida este miércoles por la mañana en la ciudad de San Nicolás, luego de pasar casi cuatro años prófuga de la Justicia federal en el marco de una investigación que la sindicó como la recaudadora de una red de explotación sexual en la ciudad de Rafaela. A finales de diciembre pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 3 millones de pesos para dar con la sospechosa, de 52 años, que quedó incomunicada a la espera de la audiencia indagatoria por el magistrado a cargo del Juzgado federal de Rafaela.
El pedido de captura había sido transmitido tanto en las fuerzas provinciales, federales como a nivel internacional en mayo de 2019 por la fiscal subrogante María José de la Torre, en reemplazo de su par Gustavo Onel, en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por haberse consumado la explotación de mujeres que se cometía en una casa de calle Alvear 1384, en dicha ciudad, cabecera del departamento Castellanos. Por este expediente ya fueron condenadas tres personas por el mismo delito y con diferentes roles dentro de la organización.
El pasado 30 de diciembre, cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó el pedido de captura para María Altagracia Henríquez Mota, había advertido que la sospechosa, además de vivir en la casa de Alvear al 1300 de Rafaela, también “tuvo como último domicilio identificado” el número 1957 de la calle 39 de la localidad de Venado Tuerto.
Ofrecen 3.000.000 de pesos para dar con la sindicada recaudadora de una red de explotación sexual
Voceros del caso indicaron que a los investigadores de la División Unidad Operativa Federal de San Nicolás (Douf) de la Policía Federal les llegó el dato de que la mujer, oriunda de República Dominicana, se escondía en dicha ciudad bonaerense.
De acuerdo con voceros de la Policía Federal, los pesquisas montaron una vigilancia y este miércoles por la mañana apresaron a la sospechosa en un operativo que se llevó a cabo en una vivienda de Balcarce al 700, de dicha ciudad bonaerense.
La causa
La investigación en la que está involucrada Henríquez Mota comenzó en 2014, tras una denuncia anónima que alertaba por una organización que se dedicaba a la explotación sexual y económica de mujeres en situación de vulnerabilidad, oriundas de diferentes ciudades santafesinas, y de República Dominicana. Lo hacía en tres viviendas: una de calle Alem al 1300, en otra en Edison al 200 y la tercera en la cuadra de Jaime Ferré, sin número, todas en la llamada Zona Roja de Rafaela.
El expediente tuvo un ida y vuelta de casi cuatro años por la competencia entre la Justicia provincial y federal. Finalmente, en 2018 este último fuero tomó la causa. Entre los indicios estaba el testimonio de una adolescente de 19 años que estaba embarazada y pudo escapar a mediados de 2014 de uno de los sitios de explotación como también el de otra víctima, quien explicó que la banda trasladaba a las chicas a otras ciudades como la capital provincial y Santo Tomé.
La pesquisa quedó a cargo del titular de la Fiscalía Federal 1 de Santa Fe, Gustavo Onel, y se hizo pública el 27 de mayo de 2019, cuando personal de Gendarmería desplegó 12 allanamientos en distintos domicilios de la Perla del Oeste.
Los procedimientos abarcaron las tres propiedades señaladas como las utilizadas para la explotación sexual, donde encontraron a cinco mujeres jóvenes oriundas de distintas localidades santafesinas, y tres de República Dominicana, todas en situación de vulnerabilidad extrema. También detuvieron a tres de los principales sindicados como los líderes de la organización: Guillermina Herrera, de 34 años, y José Luis Vega, de 53, junto a María Inés Chávez, de 76.
Herrera y Vega fueron condenados a penas de entre 5 y 8 años de prisión, respectivamente, en octubre de 2021, mientras que la otra mujer recibió 4 años de cárcel en octubre pasado por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
La recaudadora
En dicho expediente, Henríquez Mota está sindicada como una especie de recaudadora del prostíbulo que funcionaba en Alvear al 1300. De acuerdo con la pesquisa, esta mujer de 52 años vivió en ese domicilio hasta los allanamientos de mayo de 2019, cuando logró escapar de los uniformados.
Según la acusación de la Fiscalía era la encargada de recaudar el dinero proveniente de la explotación sexual de las mujeres captadas en ese lugar, quienes tenían escasa instrucción educativa y estaban sumergidas en la pobreza.
Otra de las funciones que le atribuye la Fiscalía a la sospechosa era la de anotar la parte que le correspondía al proxeneta, en este caso Vega (dueño de la propiedad) y depositarle el dinero en una cuenta bancaria en concepto de “alquiler”. Para la acusación, ese dinero en realidad provenía del pago por los “pases” que hacían las mujeres.
Tras su detención, la mujer quedó incomunicada a la espera de la audiencia indagatoria, que estará a cargo del magistrado del Juzgado de Rafaela, Marcelo Bailaque, y que se hará en los próximos días.
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