Ella tiene 18 años y estuvo en pareja con Miguel L. R., de 24 años, desde que tenía 13. La noche del 24 de julio pasado él le tiró un zapatillazo durante una discusión y casi siete meses después la golpeó con un caño generándole diversas lesiones. También uno de los hijos de ambos fue víctima de los golpes del agresor en varias oportunidades. A finales de febrero último, lo imputaron por los hechos y, a pesar del pedido de Fiscalía, el juez actuante le dio la libertad. La joven madre debió recluirse en un centro de protección mientras que el imputado quedó en su casa. La medida fue apelada y ahora la Cámara Penal resolvió revocar la decisión y disponer la detención del imputado hasta principios de julio próximo. Además, el camarista ordenó que en el lugar de encierro se le brinde un abordaje psicológico para iniciar un tratamiento por su adicción a estupefacientes.
Ella tiene tres hijos con el agresor, seis años mayor. El muchacho tiene serios problemas de adicción, según aceptó en la audiencia de segunda instancia. Para el acusado la violencia era moneda corriente. Si bien la víctima, de 18 años, ya no era su pareja, esto no evitaba que el hombre generara discusiones que terminaban en golpes. El escenario era siempre el mismo: la casa de la chica ubicada en el barrio de la Carne.
Uno de los casos ocurrió cerca de las 20 del 24 de julio pasado, cuando el agresor terminó una discusión con la víctima con un zapatillazo. Como un proyectil, la zapatilla hizo blanco en la cara de la chica, quien debió recibir asistencia médica.
Pero en el mediodía del 17 de febrero pasado la situación se puso mucho más difícil para la joven. Miguel D. L. inició una discusión y con un objeto metálico la golpeó en el tórax, estómago, brazos y piernas. De la paliza tampoco se salvó uno de sus hijos, a quien golpeaba en forma reiterada.
Tres días después el agresor fue imputado por por lesiones leves agravadas por el vínculo y el juez Gustavo Pérez de Urrechu dispuso la libertad del acusado con restricciones.
La decisión fue apelada por la fiscal Luciana Vallarella, al entender que la falta de un arresto preventivo ponía en peligro a la víctima. La chica debió dejar su casa y refugiarse en un centro de protección mientras su agresor permanecía en la vivienda familiar, explicó la funcionaria.
Vallarella dijo que el contexto violento en el que vivía la familia es de larga data. Contó que la relación sentimental se inició cuando la víctima tenía 13 años. Tiene tres hijos con el agresor y se encuentra inmersa en una situación de fuerte vulnerabilidad.
Además, la víctima tiene miedo de lo que le pueda pasar. Si bien en las audiencias se habló de sus problemas de consumo de estupefacientes, la víctima contó que su ex la golpeaba siempre: drogado o no.
A su vez, la madre de la chica contó que en una oportunidad intentó defender a su hija y fue golpeada por familiares del imputado.
El defensor oficial Cesar Baroni hizo lo posible para mantener a su defendido en libertad. Fijó un nuevo domicilio, dijo que no tenía antecedentes condenatorios y planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo abreviado en la causa con la aplicación de reglas de conducta.
También hizo referencia a la adicción que padece Miguel L. R. y aseguró durante la audiencia que tenía un turno en una institución municipal para una entrevista para iniciar un tratamiento.
La defensa dijo que el muchacho tiene voluntad de buscar una solución y contó que está en pareja con otra mujer. Cuando le tocó su turno, el acusado dijo que sufre una adicción desde que tiene 13 años.
Tras escuchar a las partes, el camarista Alfredo Ivaldi Artacho entendió que en el caso existe la necesidad de una restricción a la libertad y dispuso la prisión preventiva de Miguel L. R. hasta el próximo 5 de julio. Plazo en el que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) deberá resolver la situación procesal del agresor y reexaminar en primera instancia la medida cautelar. A la vez, dispuso que se brinde al imputado un abordaje psicológico para iniciar un tratamiento para su adicción.
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