Una vez más escuchas telefónicas levantaron las sospechas de los investigadores sobre un atentado. Como ocurrió aquella vez con la comunicación entre un policía detenido y un preso que fue testigo protegido en la causa donde se investigó a la banda de los Monos. En esa oportunidad trascendió un posible atentado contra el entonces juez instructor Juan Carlos Vienna y el entonces fiscal de cámaras Guillermo Camporini. Esta vez la presunta víctima es Luis Paz. Se trata del padre de Martín “Fantasma” Paz, asesinado en septiembre de 2012 y su crimen sigue impune, a quien en el juicio conocido como la megacausa los integrantes de la banda Los Monos que estaban en el banquillo lo vincularon estrechamente con el juez Vienna y mostraron fotos donde se los vio sentados junto a sus parejas en una velada boxística en Estados Unidos. Además, fue testigo en el juicio que terminó con altas penas para la banda. Pero las revelaciones telefónicas, en la versión del Servicio Penitenciario, no tuvieron que ver con su traslado y adjudicaron la mudanza de Paz, procesado en una causa por narcotráfico y lavado de activos, desde el penal de Coronda a la cárcel bonaerense de Marcos Paz, a que se trata de un preso a disposición de la Justicia federal.
Paz fue detenido el 10 de diciembre pasado en el marco de una investigación federal por infracción a la ley de estupefacientes. Desde el 12 al 20 de diciembre estuvo alojado en la cárcel de Coronda, en un pabellón especialmente acondicionado para un preso de alto perfil con todas las medidas necesarias para resguardar la integridad física del interno. Un día antes de producirse el traslado de Paz, llegó información de que podrían atentar contra la vida del interno por lo que se puso en marcha el protocolo de actuación. Los datos aseguraban que el atentado podría producirse a través de la utilización de una granada o el envenenamiento de comida, pero el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Martínez Saliba, explicó a medios periodísticos que no se detectó ninguna de estas circunstancias en el penal y aseguró que los niveles de seguridad dentro de las unidades penitenciarias son los adecuados.
Saliba explicó que la provincia cuenta con un convenio con Nación respecto a presos con causas federales y existen 50 cupos en las cárceles provinciales para este tipo de internos y hay 650, por lo que al ingreso de Paz a la cárcel de Coronda se pidió inmediatamente el traslado –como se hace con cualquier interno federal– y así se hizo, dijo.
Si bien la información de un cruce telefónico entre un interno de la cárcel santafesina con otro de un penal chaqueño existió y quedó plasmado en un informe de la Policía Federal donde se ofrecía un millón de pesos y una propiedad por el ataque, Martínez Saliba dijo que se enteraron del plan criminal por un oficio que envió la Justicia diciendo que podría haber un atentado contra Luis Paz y agregó que más allá del presunto plan oportunamente se tomaron todas las medidas de seguridad.
“Si fuera tan sencillo llevar adelante un plan de estos, tendríamos un nivel de incidencia muy alto dentro de la provincia de Santa Fe”, aseguró Martínez Saliba. “No nos olvidemos que tenemos 6 mil internos alojados y el año pasado sólo tuvimos dos homicidios en las cárceles, esto se debe al gran trabajo que hace el Servicio Penitenciario para cuidar los internos y también se trabaja arduamente para desarticular bandas”, agregó.
Explicó que el lugar de alojamiento era el adecuado y las medidas de seguridad fueron adoptadas y el traslado se produjo porque era un interno con una causa federal y estaba pedido el traslado, como para el resto de los internos federales. Y agregó que enviaron una carta a Nación para que se hagan los traslados del resto de los presos federales en forma progresiva.
La causa federal de Luis Paz
El 27 de diciembre pasado el juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, procesó al empresario como jefe de una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos provenientes de esa actividad ilícita, informaron hoy fuentes judiciales.
Además, el magistrado procesó al arquitecto santafesino Andrés Fernando Cantelli -presunta mano derecha de Paz-, a Hugo Omar “Gali” Díaz, Alejandra Urunde, Claudia López y Carlos Suarez como integrantes de esa asociación con fines ilícitos.
Los seis fueron detenidos en allanamientos realizados en Rosario, Villa Constitución, Santa Fe y Paraná, en los que las fuerzas de seguridad incautaron drogas y dinero.
“Es posible afirmar con suficiente verosimilitud que desde tiempo indeterminado y cuanto menos a partir del mes de abril de 2014 y hasta el 10 de diciembre del corriente año, el nombrado (por Paz) llevó a cabo comportamientos compatibles con el de organizador de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, caracterizada por la división de funciones y alternancia de algunos de sus miembros ejecutores”, señala el fallo.
“En tal sentido -continúa el juez Miño, según detalló la agencia Télam– contribuyó con esporádicos aportes de financiamiento de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, aportando los medios económicos imprescindibles para su despliegue”.
Paz fue detenido en un departamento del centro de Rosario, pero también residía en una casa del country Los Molinos, ubicado en las afueras de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal federal Walter Rodríguez dijo tras la detención del empresario que posee “un patrimonio verdaderamente voluminoso, integrado por inmuebles, vehículos, dinero y también hay empresas en la zona”.
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