Mark Stephens, abogado británico del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, confirmó ayer que su cliente mantiene materiales secretos que podría difundir en caso de que le ocurra algún daño algo a él o a su sitio web. Y describió a los documentos como un “artefacto termonuclear” para la era de internet. Además, dijo que los cargos por delitos sexuales contra el australiano Assange en Suecia tienen motivaciones políticas y denunció que él y otra letrada defensora están bajo vigilancia de servicios de seguridad.
Stephens dijo que su cliente guarda un material muy sensible que podría ser publicado si algo le pasara a él o a la página en internet, en un reportaje que concedió a la BBC.
En caso de sufrir algún daño esos archivos serían divulgados automáticamente.
El propio Assange lo había adelantado anteayer en una entrevista online en la página de internet del diario inglés The Guardian.
Además, Stepehns y la otra abogada de Assange, Jennifer Robinson, denunciaron ayer que están vigilados por los “servicios de seguridad”.
“Noté personas estacionadas siempre en el mismo auto, con diarios en mano, frente a mi casa. Noté otras cosas en las últimas semanas pero la mayor parte se produjo en los últimos tres o cuatro días”, declaró Robinson, del estudio legal Finers Stephens Innocent, al diario The Guardian.
Por su parte, Stephens también dijo que está siendo vigilado y a la pregunta sobre quiénes pueden ser, el abogado respondió: “los servicios secretos”.
En tanto, el abogado del fundador de WikiLeaks teme que su defendido pueda ser extraditado a Estados Unidos, quien lo busca en primera término, una vez que sea arrestado por las autoridades suecas. Interpol emitió contra Assange un mandato de arresto internacional pedido por la Policía sueca por “violencia sexual y coacción”, según la denuncia de dos mujeres, y sobre lo cual el acusado dijo haber tenido sexo consentido, en agosto, con ambas.
Según el letrado, hay vínculos entre Estocolmo y Washington, y recordó que Suecia “puso a disposición sus recursos y sus instalaciones” en los vuelos secretos de la CIA organizados para trasladar supuestos terroristas, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Sin embargo, la fiscalía sueca niega la hipótesis de extradición. “Si alguien es arrestado y sometido a un proceso por un tribunal sueco, ninguna autoridad puede venir a este país y tomar al imputado”, dijo la fiscal a cargo del caso Assange, Marianne Ny. La misma fiscal que se negó a interrogar a Assange en Londres, meses atrás, cuando se emitió la primera orden de captura y el abogado del titular de WikiLeaks se había mostrado dispuesto a realizarlo en Gran Bretaña.
“No podemos hacerlo, las leyes suecas e inglesas nos lo impiden”, declaró Ny. También Australia, estrecho aliado de Estados Unidos, se sumó a las presiones contra Assange. Primero hizo saber que un regreso a su país es imposible y luego comenzó a investigar para comprender si con la difusión de los cablegramas diplomáticos violó leyes de Australia.
Sobre Assange, australiano de 39 años, pesa una orden de arresto emitida por Suecia, relativa a acusaciones de violación en el país, pero cuyo desarrollo coincide con la difusión de parte de WikiLeaks de documentos secretos de las embajadas estadounidenses y el Departamento de Estado.
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