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En jaque

Asoma el fantasma del desalojo en La Toma

Un grupo de inversores fuerza el desalojo del centro cultural, donde hay 50 espacios de trabajo. Reclaman el pago de una hipoteca de hace 24 años que pertenecía a bancos que quebraron. Este lunes los trabajadores anunciarán un plan de lucha


Hace dos semanas dos trabajadores de la Justicia provincial recorrieron la planta baja y el primer piso del edificio de Tucumán 1349 donde desde hace 17 años funciona el Centro Cultural La Toma. Fueron a tasarlo porque los abogados de los fondos de inversión del Servicio Depósito Sociedad Anónima (Sedesa) rompieron las negociaciones con el Gobierno de Santa Fe y empezaron una causa penal para desalojar a las 50 organizaciones sociales y políticas que trabajan en el ex supermercado Tigre. Desde los fondos reclaman el pago de una hipoteca de hace 24 años que quedó de la quiebra de un grupo de bancos. Este lunes a las 18.30 los trabajadores de La Toma harán una asamblea para anunciar un plan de lucha.

Los herederos

“Desconocen los 17 años en los que los trabajadores y el pueblo le dimos una función social al establecimiento. Hay 50 organizaciones con políticas de acción social, gente trabajando y estudiando. No nos vamos a mover porque tenemos una responsabilidad ante la sociedad que decidimos defender hasta las últimas consecuencias”, dijo a El Ciudadano el director de La Toma, Carlos Ghioldi. Según explicó, los representantes de La Toma (un centro cultural en los papeles), el Gobierno de Santa Fe y el Juzgado N° 14 habían negociado una solución al conflicto del edificio. El gobierno había ofrecido comprar el crédito hipotecario, pero los fondos se negaron. “Las personas detrás del desalojo no prestaron plata. Ni siquiera viven en Rosario. Representan a un fondo especulativo que quedó después de la quiebra de El Tigre. Reclaman una hipoteca de hace 24 años que lanzó un grupo de bancos que se fundieron en 1993. Los fondos la heredaron”, agregó Ghioldi y pidió el acompañamiento de organizaciones sociales y políticas. “Llamamos a todas las asociaciones populares, sindicatos y políticos para informarles cómo está el conflicto por la propiedad del edificio. Vamos a anunciar un plan de acción y movilización para resistir el desalojo”, concluyó.

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