La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay dijo hoy que es necesario armar una red de protección de los derechos de las mujeres, con la participación de los tres poderes del Estado, al hablar en Salta en una reunión de magistradas de Argentina e Iberoamérica.
“El Estado tiene la obligación de protegernos a todas las mujeres. El Estado con sus tres poderes”, expresó la magistrada, y agregó: “los tres poderes del Estado se han comprometido a respetar los derechos de las mujeres”.
Al respecto, consideró que “hay que exigirles que todos pongan de sí para armar una red de protección de los derechos de las mujeres”.
“No podemos esperar más”, remarcó en las segundas jornadas nacionales y primeras internacionales “Hacer justicia, una visión de género”, organizadas por la Escuela de la Magistratura de Salta y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.
También se refirió a la conformación de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema, y señaló que el primer trabajo que encaró esta oficina fue determinar la cantidad de mujeres en la Justicia Argentina, y de allí surgió el primer mapa de género del Poder Judicial a nivel nacional.
De esta manera, se pudo observar que en Salta, por ejemplo, el 61% de los cargos son de mujeres, mientras que el 39% restante son hombres, pero en una estructura piramidal donde sobre siete miembros de la Corte local sólo dos son mujeres, lo que se repite, con pocas variantes, en otros puntos del país.
Luego se refirió al plan de capacitación propuesto desde el máximo tribunal judicial del país, que permitirá incorporar la visión de género e igualdad en todos los estamentos judiciales.
Así, dijo, se podrán dejar atrás casos como los de las violaciones en donde, por falta de testigos, las causas terminan archivándose.
“Las excusas son siempre las mismas. Las escuché en el tribunal de la ex Yugoslavia cuando los carceleros pretendían su inocencia diciendo que las mujeres encerradas los habían provocado”.
Al respecto, señaló: “Esto pasa con las víctimas de trata. Es necesario admitir que la víctima de trata es una víctima y no una prostituta, es una esclava sexual, están comprando una persona, y eso está prohibido en nuestra Constitución”.
Las jornadas finalizarán mañana, con las conferencias magistrales de la defensora general de Salta, Adriana Arellano, y la jueza española Margarita Uría Etxebarría, sobre “Mujeres en Prisión” y “Sistema de asilo en España”.
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