Guillermo Correa
Donde hubo fuego, ahora temen que haya olor a sangre. Un grupo de familias del pueblo mapuche permanecen sitiadas por la Policía de Río Negro, incluidos efectivos de alguna de sus unidades especiales, en Cuesta del Ternero, un paraje próximo al límite con Chubut, enmarcado entre la ruta nacional 40 y la ruta provincial 6. Allí, al norte de la ciudad de El Bolsón, ahí nomás de Los Repollos y Mallín Ahogado, nombres que tienen inmediata localización para los residentes de la Comarca Andina, los habitantes originarios iniciaron una “recuperación” de lo que hoy son tierras fiscales pero guardan memoria de su presencia milenaria como verdaderos “dueños” del lugar, a través de tumbas y pinturas rupestres. El área forma parte de los territorios devastados por las lenguas de fuego de los recientes incendios que destruyeron bosque nativo, chacras de cultivo y viviendas, y que localmente se consideran intencionales y se atribuyen a poderosos intereses privados. Entre las cenizas, un empresario de reconocida raigambre obtuvo un permiso para reforestar con pinos exóticos, lo que para el Lof Quemquemtrew fue demasiado. Ahora esa disputa forma parte de los primeros grandes desafíos –junto a Rosario y Santa Fe, por caso– del flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Rápido de reflejos, ordenó el despliegue de otro anillo, y ahora efectivos de Gendarmería Nacional relevan tanto lo que hacen los uniformados de la Policía provincial como los mapuches en resistencia.
En la zona están presentes funcionarios del Inai, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrantes del Parlamento Mapuche y dirigentes de organizaciones políticas, sindicales y sociales. Este martes una comitiva de medio centenar de personas intentó llegar hasta donde están sitiadas las familias, con alimentos y abrigos: no los dejaron pasar. Los retenes se establecieron sobre los dos únicos caminos, pero según refirieron a El Ciudadano fuentes presentes en la zona, el sitio es prácticamente total y nada entra ni sale. Y qué, pese a las desmentidas, la base es una escuela: la primaria N°211 “María Lucinda Quintupuray”, que lleva el nombre de una anciana mapuche residente en el lugar, asesinada en la década del 90 en un crimen nunca esclarecido.
El conflicto se inició el pasado 18 de septiembre, con la decisión de “recuperar el territorio de la Tapera de Los Álamos” por parte de los integrantes del Lof. La palabra refiere a un conjunto de familias que tienen lazos entre sí: se reconocen en ancestros comunes, más allá de la diversidad que fueron abriendo las siguientes generaciones. Y los distintos Lof que forman unidades más grandes distantes entre sí, tienen distintas particularidades en el trato formal con el Estado: Quemquemtrew acusa a Nación y provincia por igual, achacándoles la “decisión política de militarizar” toda la zona como respuesta a su derecho, “rodeando la comunidad y efectuando un brutal desalojo sin importar la presencia de personas mayores”. Y denunciaron que la Policía rionegrina se llevó, entre los detenidos, a un nene de ocho años.
El despliegue y represión de los uniformados respondió a una directiva de la fiscal Betiana Cendon, de Bariloche, quien también dispuso el cerco que rodea a los miembros de la comunidad.
Respuesta al tono
“El territorio en sí viene atravesado por varios reclamos y tensiones, en función que el Estado no viene respondiendo al conflicto primero, que es el reconocimiento del genocidio y el reconocimiento al pueblo mapuche como Nación”, a este diario Aymará Barés, investigadora social y periodista de la
radio mapuche comunitaria Petü Mogeleiñ de El Maitén, una cercana localidad de Chubut cercana a la zona en disputa.
Especializada en las problemáticas de género y juventud en el ámbito rural, Barés recuerda que poco tiempo atrás, el pasado 25 de agosto, se reunió el 1º Foro Consenso Bariloche. Bajo el lema “Por una Patagonia sustentable y en paz”, se convocaron allí dirigentes y precandidatos de Juntos por el Cambio y de Juntos Somos Río Negro –el partido de la gobernadora Arabela Carreras y del intendente anfitrión, Gustavo Gennuso– en un debate que reunió también a empresarios y abogados, cuyo tema casi excluyente fue, precisamente, las reivindicaciones y acciones de las comunidades mapuches y tehuelches. Entre los expositores se contaron, en forma presencial y virtual, la gobernadora Carreras, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni; el constitucionalista Daniel Sabsay y el ex senador nacional Miguel Pichetto, hoy en la Auditoría General de la Nación. El cariz de la convocatoria llevó a la titular del Inai, Magdalena Odarda, a declinar la invitación, pero también generó no pocos temores entre las comunidades mapuches: “Sienten que este tipo de articulaciones y organizaciones legitiman una forma de actuación, que es la represiva”, explica la investigadora Barés. Y confirma que así fue la primera respuesta del gobierno rionegrino: “Enseguida fueron a reprimir con balas de goma, hirieron, detuvieron. En pocos días se desató una respuesta abusiva”, completa. Y apunta que el desquicio se lanzó para “la protección de un empresario que no tiene título de propiedad, que no es propietario ni tiene permiso de ocupación”.
Barés se refiere a Rolando Rocco, a quien algunos medios porteños mencionaron como dueño legítimo, cuya propiedad fue ocupada con violencia. La sideral distancia entre una y otra consideración da cuenta de por sí de que se trata de una situación compleja de desactivar.
Derecho privado, derecho social comunitario
El gobierno de Juntos Somos Río Negro parece tener inclinada la balanza a uno de los sectores en pugna. A esa fuerza política pertenece también el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien en marzo del año pasado, en el inicio de la pandemia de coronavirus, regresó de un viaje por Italia y España sin respetar el aislamiento ni en la ciudad de Buenos Aires, donde permaneció algunos días, ni a su arribo a El Bolsón. La fuerza política, ahora encaramada como partido provincial, se aglutinó detrás de la figura del ex gobernador y actual senador nacional Alberto Weretilneck, cuya militancia política pasó a ser un rafting patagónico en la última década: llegó a Viedma como vicegobernador de Carlos Soria por el Frente para la Victoria en 2011; pero a los pocos días estaba al mando de la provincia por sucesión, cuando el mandatario fue asesinado por su esposa. Formaba entonces parte del Frente Grande, pero en 2013 ensayó un acercamiento con Sergio Massa y su Flamante Frente Renovador, y finalmente el Frente Grande lo expulsó de sus filas en 2014. Convertido en gran elector en la provincia patagónica, el bolsonense llegó a tener proximidad con Cambiemos, aunque se concentró en la formación de su propio partido –acaso siguiendo el ejemplo de su histórico vecino, el Movimiento Popular Neuquino– con el que resultó ganador indiscutido de las últimas citas electorales.
Ni sus dos gestiones al frente del Ejecutivo de Río Negro ni la tercera de su sucesora Carreras se han destacado por su permeabilidad a los reclamos mapuches. Y estos cobraron mayor virulencia desde 2017 en adelante en coincidencia con el creciente deterioro económico social del gobierno de Mauricio Macri, que golpeó más crudamente a los sectores más vulnerables. Fue precisamente en uno de esos episodios, en noviembre de aquel año, que un tiro en la espalda mató al joven Rafael Nahuel, en una zona cercana al lago Mascardi que había ocupado el lof Lafken Winkul Mapu, cuando la Prefectura Naval había lanzado un violento desalojo del lugar. Apenas tres meses antes se había producido la desaparición de otro joven, Santiago Maldonado, en Cushamen, Chubut, en la dispersión de un corte de ruta a manos de Gendarmería.
En ambos casos el accionar de las fuerzas federales fue avalado por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aunque como mecanismo de respuesta demostró, con el paso del tiempo, que además de provocar víctimas fatales y enconos complicados de remontar, también tuvo eficacia cero para resolver conflictos que vienen atravesando siglos.
Preparen, apunten
“El Estado está jugando con fuego, si se quiere, porque la promesa fue traicionada. El fiscal que los había atendido en una primera instancia les dijo que iban a tener hasta el lunes (ellos habían pedido una tregua para responder a las acusaciones) y cayeron a los tiros. Es el mismo Estado traicionando el acuerdo que plantea”, resume la investigadora Barés.
No es la única contradicción grave. Una delegada de Unter, el gremio de los docentes públicos rionegrinos, refirió que había fuerzas policiales acantonadas en la escuela 211, aunque oficialmente se estaba negando tal cosa: “No corresponde. Hay niños de la comunidad que son hijos de pueblos originarios y están yendo a la escuela donde están las fuerzas represivas de sus propias familias”, ilustró, para reclamar: “No queremos actos de violencia en ningún lado, pero menos aún cerca de una escuela”.
La docente relató que en la mañana de este martes ni siquiera la directora de la escuela había podido ingresar, por lo que resolvió suspender las clases y las actividades previstas. El retén dijo a una delegación del gremio que necesitaban una autorización de Fiscalía para ingresar, situación que se informó a las autoridades educativas provinciales. Unter emitió un comunicado de repudio a esta situación y otro de alerta sumándose a decenas de organizaciones. Raúl Prytula, vicepresidente de APDH, formó parte en persona de la comitiva que llevaba comida y abrigo, a la que se le impidió el paso. Y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto al Servicio de Paz y Justicia, denunció la endeble situación de la comunidad mapuche en contraste con los privilegios de la empresas de la familia Rocco: “Gozan de muchísimos beneficios otorgados por el gobierno nacional y el provincial. El último, una exención de pago del 100% de Tasas por Servicios Municipales durante el año 2021 y una condonación de deuda en su totalidad por los periodos anteriores”, puso como ejemplo.
“La represión a la comunidad Lof Quemquemtrew y el posicionamiento de la familia Rocco sobre el territorio que reivindica esta comunidad mapuche no es un caso aislado y se constituye, finalmente, como un caso testigo del despojo territorial, la usurpación y el posterior negacionismo hacia los pueblos preexistentes que habitan toda la Argentina”, advirtió el reconocido dirigente de derechos humanos.
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