Guillermo Correa
Intervención. Esa es la palabra que resuena en distintos ámbitos del oficialismo al referirse a la situación de Jujuy. Pero, ¿es posible? Y además, ¿intervención a qué? La cuenta fáctica que resulta en que “no dan los números”, no le cierra a sectores del Frente de Todos: desde el interior del PJ reclamaron, primero que nada, la intervención del PJ jujeño “por haberle facilitado el camino al gobernador Gerardo Morales” para aprobar una reforma constitucional que hace agua por todos lados. Y este viernes, el presidente Alberto Fernández la confirmó: el Partido Justicialista de la provincia por prácticamente un año (360 días) estará bajo el mando de ex intendente del partido bonaerense de Merlo y titular del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez, y del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Pero también se impulsa la intervención al Poder Judicial local, descrito como un apéndice moldeado a puro dedo por el mandatario provincial radical y precandidato a vicepresidente de la Nación. Y, finalmente, una intervención al Ejecutivo, por enfrentar la protesta social a palos, gases y balas –incluidas postas de plomo– tras emitir medidas de límite cuya constitucionalidad fue objetada, y por no dar marcha atrás con un texto constitucional que hasta los Concejos Deliberantes de distintas ciudades votan en rechazo. Así, la provincia del NOA, con su tesoro de litio, es otra vez un polvorín con mecha encendida, tal como, por otros motivos, lo fue hace medio siglo, cuando el enfrentamiento político interno había derivado en el extremo remedio federal. Pero entonces la fuerza política mayoritaria, el peronismo estaba proscripto. Ahora no, pero de igual modo arrecian las denuncias de una proscripción generalizada.
“Consideramos importante convocarnos a una amplia reunión multisectorial a los fines de coordinar acciones de repudio a la represión y de solidaridad con la lucha del pueblo y las comunidades de Jujuy”, dice un texto emitido este jueves con la firma de la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, Amsafe provincial y Amsafé Rosario (docentes), Siprus (profesionales de la salud) y la Corriente Clasista y Combativa, que pusieron como fecha este lunes, al día siguiente de las Primarias en Santa Fe. La reunión tendrá lugar en La Toma a partir de las 18 y para evitar que el convite de ambas centrales obreras se tiñera con la cuestión electoral, se resolvió esperar a las Paso de Santa Fe.
Es que entre los postulantes a distintos cargos de este domingo hay quienes eludieron referirse al tema, pero también quienes se posicionaron en respaldo al gobernador de Jujuy, pese a las cada vez más copiosas lluvias de denuncias que enfrenta. Para las seccionales de Rosario de las dos CTA, no existe ninguna confusión: su escueto comunicado habla de “salvaje represión”, de “autoritario gobierno provincial”, de “cercenamiento de elementales libertades y derechos democráticos” y, sobre la reforma constitucional de Morales, la describe como “inconsulta y repudiada por la mayoría del pueblo” de Jujuy. “Como agravante, esas normas provinciales desconocen elementales derechos que hemos conquistado en estos 40 años de libertades democráticas populares”, concluye la invitación.
En paralelo, este lunes a las 19 dos organizaciones, la Fundación Rosa Luxemburgo y GYBC (Geopolítica y Bienes Comunes) organizaron una presentación virtual que se podrá ver en el canal de Youtube de la Fundación. Hablarán Natalia Morales (convencional constituyente y diputada electa por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y Maristela Svampa, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.
Denuncias al por mayor
Alberto Fernández, en su calidad de presidente del Partido Justicialista, confirmó a través de las redes sociales la intervención al PJ jujeño. El espacio provincial fue clave para que el Frente Cambia Jujuy, liderado por Gerardo Morales, aprobara una reforma de la Constitución que se entretejió en tiempo récord y en forma tan digitada que varios entre las y los convencionales justicialistas renunciaron a continuar, pero fueron reemplazados por quienes continuaban en la lista. Así quedaron políticamente entrampados cuando desde Buenos Aires arreciaban los repudios y desde las localidades jujeñas las movilizaciones, en particular del gremio docente a nivel provincial y de las comunidades originarias, a las que el nuevo texto constitucional despoja de su derecho de arraigo.
“Acabo de firmar la intervención del PJ, estamos siguiendo muy de cerca y con preocupación lo que está pasando”, dijo Fernández. La decisión, explicó es para “ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país, de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas”.
Sobre los motivos de esa decisión y la situación en Jujuy, el mandatario agregó: “Preocupa la violencia institucional, nunca la hemos aceptado en nuestra gestión y nos preocupa que en algunos lugares de la patria los gobiernos provinciales hagan ese tipo de cosas”
La decisión que había sido confirmada por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, no cayói muy bien en la provincia puneña, donde la tomaron casi como una acción del centralismo porteño. Tal es la distancia del PJ local con lo que se denuncia a través de redes sociales y comunicados gremiales con filmaciones, fotos, y denuncias que lograron romper un cerco mediático por su propio peso: durante más de una semana se dudó de la veracidad de crudas imágenes que circulaban en modo reducido, y ya cuando la información era corroborada desde distintos ámbitos, las grandes cadenas de medios nacionales informaban en insostenible tándem Jujuy-Chaco, vinculando una conmoción social con el femicidio de una joven de 28 años, Cecilia Strzyzowski.
El trasfoindo político de lo que ocurre en Jujuy, detonado por el gobierno de Morales, quien está al frente de la provincia desde 2015 y es desde 2021 titular del comité nacional de la Unión Cívica Radical, encuentra también vasos cominicantes con una feroz interna del justicialismo, que lleva más de una década, cuando el PJ era gobierno, y la actual presa política Milagro Sala una figura emergente en el kirchnerismo local a través de su organización social, la Tupac Amaru. Fraccioonado en cuatro, quien estaba al frente del partido hasta la invervención es Rubén Rivarola, dueño y director ejecutivo del diario El Tribuno de Jujuy. Y la vice era la bioquímica Liliana Fellner, quien no reside en su provincia: ocupa una banca en el Senado nacional.
Terremoto en la Puna
“El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”, dice el artículo 6º de la Constitución Nacional, que establece, en casos de desequilibrio institucional. O en otros: entre 1880 y 1916, durante el período que los historiadores revisionistas llamaron República Oligárquica se hicieron 40 intervenciones federales de territorios provinciales, un promedio sideral: más de una por año, todos los años. De ellas 25 fueron votadas por el Congreso, y las restantes 15 se hiceoron por decreto presidencial. El siguiente gobernante, Hipólito Yrigoyen, intervino con el mismo promedio: se trataba de mandatos provinciales conservadores denunciados por fraude electoral e incumplimiento de la ley Sáenz Peña, de 1912, que establecía el sufragio universal, secreto y obligatorio.
Los gobiernos democráticos siguientes no repetirían esa tendencia. En los nueve años de gobierno de Juan Domingo Perón, hasta su derrocamiento en 1955, sólo intervino a la provincia de Corrientes; y en los seis años de gobierno de Raúl Alfonsín tras la recuperación democrática de 1983, no se intervino provincia alguna; Carlos Saúl Menem, en sus dos mandatos que acumularon un década, intervino Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y otra vez Corrientes. Y el radical Fernando de la Rúa, en su trunco mandato de tres años, también intervino Corrientes. En los 12 años de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se avanzó en una sola intervención: Santiago del Estero.
Ni el gobierno de Mauricio Macri ni el del presidente Alberto Fernández avanzaron en nuevas intervenciones. Pero ahora arrecian los reclamos por Jujuy y hay proyectos legislativos al respecto. “No dan los números”, explica el dirigente peronista Julio Leiva, cuya fuerza, el Movimiento Octubres, tiene un “frente” de Pueblos Originarios. “Hacemos el llamado a las 40 Naciones Indígenas a levantarse en forma pacífica y en defensa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional; movilizar en el «Malón de la Paz» hacia Buenos Aires, por el cese de represión, persecución y detenciones arbitrarias en los territorios, por la nulidad de reforma inconstitucional en la provincia de Jujuy, por la instrumentación de ley de propiedad comunitaria indígena”, expresó el colectivo en un comunicado, en el que además apeló a organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), a la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe y a las y los legisladores nacionales santafesinos en la Cámara alta y la Cámara baja para poner coto a las acciones de “discriminación, persecución y detenciones arbitrarias”, de “violencia institucional”, de “violación a los derechos humanos y tratados internacionales” y al “despojo, saqueo y daño irreversible a la Madre Tierra”.
Con todo la intervención de una provincia requiere de una serie de pasos constitucionales, precisamente lo que no fueron atendidos en los períodos de mayor cantidad. Las dos condiciones base son la decisión del Ejecutivo nacional o el pedido del propio Ejecutivo provincial; en el primer caso con aprobación del Congreso nacional y “no pudiendo el Ejecutivo disponerla salvo en caso de receso de éste y, en tal caso, ordenando la simultánea convocatoria para su tratamiento”. Y en el caso de un pedido de la misma provincia –nada más lejano parece verse en las decisiones del gobernador Morales– la intervención debe ser dispuesta por el presidente de la Nación, pero “con inmediata comunicación al Congreso para su confirmación”.
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