Al finalizar la audiencia pública sobre el aumento de la tarifa de gas y, tras hacer referencia a las exposiciones que se desplegaron en tres jornadas, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que dará a conocer en los primeros días de octubre el nuevo cuadro tarifario para el consumo de gas.
“Vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario consecuencia de esta audiencia pública los primeros días de octubre y, obviamente, antes de hacerlo vamos a estar comunicando a todos los medios de prensa las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos”, destacó Aranguren durante una conferencia de prensa, al término de la tercera jornada de Audiencia desarrollada en la Usina del Arte, en el porteño barrio de La Boca.
El ministro, que estuvo presente durante las tres jornadas de la audiencia, destacó: “Con lo que acá hemos escuchado, tenemos la obligación de producir un informe, para que se reflejen todas las voces dentro de los próximos 10 días y, una vez producido ese informe, dentro de los 30 días, tenemos que estar emitiendo el informe definitivo que será la base para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública”.
“Todo lo que se ha hablado se va a considerar, no solamente del sector residencial sino también del sector comercial y el acceso de gas natural para pymes y gas natural comprimido, lo tendremos en cuenta para la definición de los cuadros finales que van a estar en los primeros días de octubre”, definió Aranguren.
El ministro explicó que la propuesta original apunta a una suba promedio del 203%, lo que arroja para el 56% de los consumos residenciales un valor de 106 pesos por mes, antes de impuestos.
A lo largo de los tres días de Audiencia Pública “no hemos visto muchas opiniones en contra con respecto (al aumento para) el sector residencial, en función de que nosotros hemos mostrado una realidad, que es que aquel 40 por ciento que no tiene acceso a la red, en vez de estar pagando 106 pesos, paga 300 pesos por mes”, para adquirir una garrafa.
“Vamos a continuar por un sendero que permita ir de a poco reduciendo la diferencia entre costos y tarifa y tendremos en cuenta también que la necesidad de ese gradualismo que estamos implementando sea en función de poder dar energía a todos los argentinos”, agregó el ministro.
Consultado sobre la situación de los clubes de barrio, que también piden una tarifa diferencial, Aranguren recordó que “faltan reglamentar dos leyes que fueron promulgadas a fines del año pasado”, la ley de entidades de bien público y la de clubes de barrio, “y como parte de haberlos escuchado en estas audiencias, se van a reglamentar ambas leyes”.
Al ser consultado sobre las quejas de las organizaciones de defensa de los consumidores, sobre las dificultades para aplicar la “Tarifa Social”, Aranguren adelantó que este martes se reunirá “para que (este beneficio) llegue a todos los que lo necesitan y no a los que no lo necesitan, porque es la manera de poder ir administrando los recursos de la mejor manera posible”.
El ministro destacó que “otra realidad” a tener en cuenta es la de las pequeñas y medianas empresas, “que si bien no fue el motivo del fallo de la Corte Suprema, hay casos en los cuales se deben reformular las decisiones que hemos tomado, sobre la base de las presentaciones que han hecho Came y otras asociaciones de pymes”.
Tras la audiencia pública, el ex secretario de Energía Emilio Apud ponderó el funcionamiento a pleno de las instituciones democráticas y la toma de conciencia por parte de la gente de que “la energía cuesta” y que hay que pagar tarifas acordes, sobre todo aquellos que más tienen.
Último día
La conferencia de prensa de Aranguren tuvo lugar tras la última sesión de la audiencia pública, que duró una hora y treinta minutos y tuvo sólo trece oradores, en un auditorio con poca asistencia en la Usina del Arte.
Ciudadanos y representantes de partidos políticos hablaron vía web desde Ushuaia y Salta, ante el ministro Aranguren, en la sala central montada en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.
Así, concluyó la instancia formal de participación ciudadana que exigió en su fallo la Corte Suprema de Justicia, en la que se habían anotado unos 420 oradores, 100 de los cuales no concurrieron.
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