Hace seis años el por entonces intendente de la ciudad Miguel Lifschitz anunciaba un proyecto de viviendas para sectores medios que daría inicio en la zona de Mendoza y Matienzo, lo que generó mucha expectativa. Cientos de personas se acercaron por entonces a la sede del Servicio Público de la Vivienda (SPV) para inscribirse y quedarse así con una de las propiedades prometidas. Sin embargo, la iniciativa nunca se ejecutó. Lo particular del caso es que el Concejo Municipal llegó a vender un edificio entero en el macrocentro para que, con parte de esos fondos, se llevara adelante programa.
La historia comenzó en noviembre de 2010 cuando la Municipalidad presentó un novedoso programa de construcción de viviendas para sectores de ingresos medios. La iniciativa se llevaría adelante con el aporte del Estado local –a través del Concejo, el SPV y el Banco Municipal– y el pago mensual de los propios beneficiarios, quienes podrían así acceder a la casa propia y dejar de alquilar.
El anuncio tenía su origen en un proyecto del concejal socialista Edgardo Falcón, que entre otras cosas buscaba un reparto proporcional de viviendas en los seis distritos de la ciudad. Con el propósito, además, de que los beneficiarios se radicaran en la misma zona en la que habitaban.
En este marco, las primeras 22 propiedades del plan, de un total de 144, se construirían en la zona de Matienzo y Mendoza, en barrio Azcuénaga, zona oeste en un lote que es propiedad del municipio y que hoy está cedido a préstamo de uso de un jardín de infantes. Estaba previsto además que se levantaran otras 35 en las cercanías del Parque Regional Sur, para una segunda etapa.
La partida inicial para construir el 50 por ciento del desarrollo de Matienzo y Mendoza se obtendría de lo recaudado por el Concejo Municipal tras la venta de un edificio que ese cuerpo construyó en Suipacha 50 bis fruto de un ahorro presupuestario.
Posteriormente, ese fondo se incrementaría con dinero aportado de manera anual desde la Municipalidad. Según se anunció, las viviendas del programa tendrían por entonces un costo de entre 50 y 60 mil dólares. La idea era destinarlas a familias de ingresos medios con sueldos de entre 3.500 a 7.000 pesos mensuales.
Las cuotas a pagar, en tanto, serían inicialmente de entre 800 y 1.000 pesos mensuales, dependiendo de los ingresos de la familia.
Fue tanta la expectativa que generó el proyecto que el día que se abrió la inscripción para el sorteo con que se adjudicarían las propiedades (el 16 de noviembre de 2010) miles de personas y familias se agolparon en las puertas del SPV, en calle Paraguay al 100. La cola dio vuelta por calle Salta.
En el caso del proyecto de Matienzo y Mendoza se avanzó con el tiempo hasta la adjudicación de la obra tras el llamado a licitación, al cual se presentaron las empresas Glikstein, Sanimat, Planarco, Iga Construcciones, Dinale, Del Sol y Pedro Minervino. Las tareas tenían un presupuesto oficial de 4.773.504 pesos y un plazo de edificación estipulado en los pliegos de 18 meses.
Pero lo cierto es que todo quedó allí, empantanado en la nada. Finalmente, ese proyecto ni el de Parque Sur comenzaron a desarrollarse.
Edificio vendido
Lo particular del caso (entre tantas promesas que el Estado anuncia y no se concretan) es que el Concejo llegó a vender el edificio de calle Suipacha para que con parte de esos fondos se diera inicio al programa, tal como rezaba en la ordenanza.
En diálogo con este medio, el ex presidente el Concejo Municipal, Miguel Zamarini, contó que por la comercialización de esa torre (de 10 pisos y 21 departamentos de unos 60 metros cuadrados, más algunas cocheras) se obtuvo por entonces casi un 1 millón 400 mil dólares.
De ese total, 800 mil dólares (alrededor del 60 por ciento) se transfirieron al Ejecutivo. Mientras que con el resto (600 mil dólares) el Legislativo local adquirió la casona ubicaba por calle 1º de Mayo entre Rioja y San Luis que hoy funciona como un anexo al Palacio Vasallo. Entre otras cosas, allí tienen su oficina algunos ediles.
“Cederle ese 60 por ciento al SPV fue una forma de hacer justicia ya que ese ente fue el que le entregó la tierra al Concejo para que se pueda construir el edificio, que se construyó con el fin de tener una reserva de ahorro. Es grave que con ese dinero no se haya hecho nada. Por ordenanza tendría que haberse utilizado para las viviendas de Mendoza y Matienzo, ese era el fin. El Concejo hizo la transferencia como correspondía. Los fondos fueron a la cuenta única que administra el Ejecutivo”, señaló el ex concejal.
Tras eso, Zamarini aclaró que la torre de calle Suipacha se comercializó a través de una licitación pública a la que se presentaron varios oferentes. Un proceso similar se implantó, dijo, para la compra de la casona.
Este medio intentó comunicarse en las últimas horas con Susana Nader, quien a fines de 2010 bajo la gestión del Lifschitz (cuando se hizo el anuncio) estuvo al frente del SPV, pero no tuvo éxito.
En tanto, Raúl Álvarez, el actual titular del ente (asumió en enero de 2012, a los pocos días del inicio de la era Fein), dijo desconocer el destino de los fondos obtenidos por la venta del edificio ya que la transferencia se gestó previo a su asunción.
Según el funcionario, el programa no pudo avanzar por falta de financiamiento. “Lo que motivó la caída es que los fondos que se podía llegar a obtener a nivel local eran muy restringidos y necesitaba financiamiento a nivel provincial y nacional”, señaló.
Tras eso, mencionó que “con el tiempo fue quedando claro que es más lógico que este tipo de viviendas para sectores medios sea encarado por Nación y provincia, que tienen otros presupuestos. De esto se fue ocupando de alguna manera el Procrear y el programa Mi Tierra Mi Casa”.
“El municipio tiene que gestionar para resolver cuestiones más vinculadas con la vulnerabilidad social. En situaciones más extremas, como aportar a quienes habitan en asientos irregulares, por ejemplo”, sostuvo Álvarez.
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