El Ciudadano
En el marco de la megacausa por juego ilegal en la provincia de Santa Fe, el empresario y ex corredor de Fórmula 1 Oscar “Popi” Larrauri, el abogado y ex funcionario José Fernández Chemes y el también empresario Leonardo Peiti fueron imputados este jueves por estafa procesal con lavado de activos. Los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos también acusaron al letrado de haber actuado en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial en carácter de partícipe primario.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le atribuyeron a los imputados haber cometido los delitos de estafa procesal y lavado de activos de origen ilícito.
En 2009, Peiti y Fernández Chemes ejecutaron maniobras delictivas con el objeto de engañar a un juez civil y comercial para que, en un proceso de escrituración, le otorgara a favor de Peiti una sentencia judicial de escrituración de 10 lotes de Funes, afirmó la acusación.
Fernández Chemes, hasta hace algunos meses secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, fue el abogado de Peiti en ese proceso.
Siempre según los fiscales, la ilicitud de esa petición, conocida por Peiti y por Fernández Chemes, radicó en que quien cedió por cesión de derechos a Peiti -una mujer de nombre Isabel García- invocó ese derecho en función de un boleto de compraventa de fecha 20 de febrero de 2003, suscripto por ella y cuya firma del supuesto vendedor (Carlos Castañera, representante de Felenpark SA) era apócrifa, dan por probado Edery y Schiappa Pietra.
En consecuencia, Isabel García, quien falleció en 2007, no era una adquirente legítima de esos derechos que luego simuló transferir a Peiti. La falsedad de la firma de Castañera comprobada por peritaje judicial caligráfico en el expediente Felenpark SA, motivó el inicio de una demanda de nulidad de sentencia que tramita ante el Juzgado Civil de la 8ª Nominación, que se encuentra en trámite, afirman los fiscales.
“El engaño pergeñado y ejecutado por Fernández Chemes y Peiti plasmado en el juicio de escrituración referido prosperó y la escrituración de dichos lotes a favor del empresario se concretó el 30 de julio de 2015, incorporando así su patrimonio estos bienes provenientes de un ilícito penal”, describe la acusación.
La presunta maniobra adjudicada este jueves a Larrauri, según el planteo de los fiscales, consistió en prestar su nombre y “simular” la compra de una serie de terrenos –equivalentes a media manzana- a Peiti el 10 de marzo de 2016 por 536.000 dólares.
De acuerdo con la acusación, cuatro días después, el 14 de marzo de 2016, Larrauri firmó contradocumentos por los cuales le vendió a Peiti esos mismos terrenos por igual valor, a la vez que firmó un contrato de alquiler a favor de aquel por los lotes.
Esa maniobra “le permitió a Leonardo Peiti justificar la incorporación de un ingreso financiero a su favor de 536.000 dólares en base a la conformación de registros contables que no responden a la realidad económica”, sostuvieron los fiscales.
Además, indicaron que “ese dinero con el que contaba Peiti es el fruto de su actividad ilícita como jefe de una asociación ilícita” dedicada a la explotación de salas de juego ilegal, hecho por el que ya fue imputado en distintas causas.
Juego clandestino: imputan por lavado al ex piloto de Fórmula 1 Poppy Larrauri y a ex funcionario
A su vez, los fiscales advirtieron que con el “blanqueo” de esos 536 mil dólares, Peiti “simuló” la compra de otros siete terrenos en la localidad santafesina de Casilda por 52.274 dólares, aunque en realidad existe documentación que muestra que ya era propietario de los mismos y los había adquirido en 2012 por más de 200.000 dólares. Para los fiscales Edery y Schiappa Pietra, por medio de esa maniobra se documentó una operación que no se corresponde con la realidad económica.
Fernández Chemes, en su rol de abogado, fue quien representó a Peiti y luego con poder especial, en el reclamo previo y en la demanda de escrituración de los terrenos de Funes a sabiendas que el derecho invocado por Peiti para formular esa petición era ilegítimo, dice la Fiscalía.
Para la acusación, Fernández Chemes sabía que el boleto de compraventa del 20 de febrero de 2003 entre Felenpark SA como vendedor e Isabel García como compradora contenía la firma apócrifa de Carlos Castañera. A sabiendas de esto patrocinó a Peiti en su petición y acompañó para fundar su pedido la cesión de derechos que sabía era falsa. Todas estas maniobras le redundaron en un beneficio económico ilícito, siempre según la acusación.
Dicen Schiappa Pietra y Edery que para concretar la escrituración y enterado que estaba en trámite un expediente judicial de medida de aseguramiento de prueba ante el mismo Juzgado Civil y Comercial, donde Felenpark SA cuestionaba la legitimidad de la firma de Castañera, el 3 de julio de 2015 retiró el expediente judicial de escrituración del juzgado a los fines de evitar que la empresa, a través de su representante, ejerciera eficazmente derechos de oposición a la escrituración. De esta forma se consolidó el 30 de julio de 2015 esa operación inmobiliaria en el patrimonio de Peiti.
Fiscalía ahonda ruta de lavado de dinero fruto del juego clandestino: Larrauri y Traferri bajo lupa
Durante 2016, Fernández Chemes representó a Peiti para que se valiera del resultado del juicio de escrituración utilizando el crédito fiscal que esa operación le proporcionó para generar fondos con apariencia de licitud por un valor de 536 mil dólares, afirma el MPA.
Asimismo le prestó asesoramiento legal para que utilizara ese crédito financiero de 536 mil dólares para justificar con parte de ello la escritura de lotes en la ciudad de Casilda, los que efectivamente se habían adquirido por boleto de compraventa cuatro años antes, pero sin contar con recursos, añade.
De acuerdo con la investigación fiscal, el empresario baigorriense y ex piloto de Fórmula 1 de la escudería Eurobrun Larrauri tomó parte de la maniobra delictiva poniendo a disposición de Peiti y su empresa criminal su nombre, capacidad patrimonial y solvencia moral a los fines de posibilitar contar con fondos aparentemente lícitos que le permitieran adquirir los lotes de terreno de la ciudad de Casilda y dinero en efectivo con apariencia de haber sido generado legalmente.
Tras escuchar a las partes, la jueza Eleonora Verón aceptó la imputación y dictó medidas cautelares no privativas de la libertad que consisten en 800 mil dólares de caución real y prohibición de salir del país para Larrauri, Peiti y su abogado. Respecto de Fernández Chemes también solicitaron la inmovilización de las cuotas societarias de las empresas en cuestión.
Juego clandestino: allanaron fastuosa casa del ex corredor Oscar Popi Larrauri
Comentarios